Aumentaron en Guerrero los feminicidios 93.3 por ciento de 2007 a 2009, informan

Sergio Ferrer

Tlapa

En uno de los informes presentados por organizaciones del país, ante el CEDAW (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de la ONU respecto a la situación de las mujeres a lo largo del país, se describe que junto a la actual crisis económica, la violencia contra las mujeres se ha incrementado de forma alarmante.
En Guerrero, la tasa de crecimiento de defunciones femeninas con presunción de homicidio aumentó en 93.3 por ciento de 2007 a 2009, mientras que la tasa nacional reflejó un crecimiento de 68.2.
Es así que prevalece en el problema del feminicidio “la omisión generalizada por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, que parecen buscar su invisibilización, lejos de enfrentar y combatir sus causas”.
Guerrero es uno de los estados que no proporcionaron información detallada sobre la situación de los homicidios dolosos y feminicidios, según información del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).
Con base en el informe presentado ante expertas de la ONU, el mes pasado por Católicas por el Derecho a Decidir, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como parte del OCNF, la violencia contra las mujeres se ha incrementado de forma alarmante.
Apenas el sábado pasado, una joven embarazada murió por disparo de arma de fuego en un automóvil, así como otro hombre, y el conductor fue herido en Llano Largo, en Acapulco.
Guerrero es uno de los estados que no proporciona a la OCNF información sobre la situación de los homicidios dolosos y feminicidios. Según su experiencia, hasta el día de hoy no se está investigando debidamente los asesinatos con las huellas de la discriminación.
Dichas investigaciones significarían hacer ciertas diligencias, para poder determinar si se está frente a un feminicidio, ya que no se utiliza el protocolo de investigación del delito de homicidio desde la perspectiva de feminicidio, que existe desde 2010.
Asimismo, la tipificación penal como quedó redactada en la legislación estatal no establece claramente, que el feminicidio es la privación de la vida de la mujer por razones de género, por lo cual resultan ambiguas las circunstancias para acreditar el delito por los elementos subjetivos que se estipularon, en base a información del informe del observatorio ciudadano.
En 2009, Guerrero ocupó el tercer nacional en decesos de mujeres, con una tasa del 9.15 por ciento y un total de 149 defunciones femeninas con presunción de homicidio. Si bien, no todo homicidio doloso es un feminicidio, éste sólo se puede determinar en una debida investigación, pero en varios estados el tipo penal es muy difícil de acreditar.
Según un estudio citado en el Diario Oficial de Guerrero por la diputada Guadalupe Gómez Maganda, 62 de cada 100 mujeres guerrerenses de 15 años han padecido alguna forma de violencia.

Feminicidio como concepto ante crímenes cometidos contra la mujer

El informe sobre el feminicidio en México elaborado por ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Colegio de México, destaca que los casos en el país han registrado un aumento sostenido desde 2007, año que había registrado el menor número de feminicidios desde 1985, pero que para 2009 ya había rebasado la cifra por cerca del 25 por ciento.
Tras consulta de la tesis El feminicidio en América Latina, los casos de México y Guatemala, de Mariana Berlanga, la definición que ha dado la ex diputada federal Marcela Lagarde sobre este término en América Latina es: “El conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado (…) El feminicidio sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres”.
Lagarde afirma que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de sanciones y castigo a los asesinos, coloca al Estado como responsable por acción u omisión del feminicidio y éste tiene que asumir su complicidad o responsabilidad directa.
En un informe general de la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada, indica que entre 1999 y 2005, más de 6 mil niñas y mujeres fueron asesinadas en el país. Especifica además que tres niñas y mujeres fueron asesinadas cada día en Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos.
Hace poco, la investigadora Julia Monárrez, consejera nacional de seguridad, según una nota de un diario fronterizo, indicó que hay gente muy poderosa atrás de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, que las autoridades siempre lo han sabido y no han hecho nada.
Monárrez ha destacado, además, que el  análisis del feminicidio puede presentar algunos problemas con relación a la obtención de los datos. Otros inconvenientes incluyen el desconocimiento del número exacto de mujeres asesinadas, las causas o motivos que propiciaron esta clase de muertes y la poca confiabilidad de las estadísticas.
Esto es así porque las estadísticas nacionales no registran el motivo, la relación entre la víctima y victimario, ni las diferentes violencias que sufrieron las mujeres antes de ser asesinadas, como tampoco su domicilio o el lugar donde fue encontrado el cadáver.
La base de datos de Julia Monárrez incluye tres tipos de feminicidio: íntimo, que a su vez, se subdivide en feminicidio infantil y familiar. Luego, acuña dos nuevos tipos: feminicidio sexual sistémico, subdividido en organizado y desorganizado; y feminicidio por ocupaciones estigmatizadas.
Enlistando tan solo el caso del feminicidio sexual, éste es el asesinato de mujeres que son secuestradas, torturadas y violadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos son arrojados en las zonas desérticas, los lotes baldíos, en los tubos de desagüe, en los tiraderos de basura y en las vías del tren. Los asesinos por medio de estos actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género: otredad, diferencia y desigualdad.
Al mismo tiempo, el Estado, secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a familiares de víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa.
Por otra parte, en un antecedente internacional del concepto de feminicidio, Diana Russell y Jane Caputi dieron a conocer en 1990 el término en el artículo Speaking the unspeakable: “Es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres”.
En 1992, Russell y Jill Radford lo definieron como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”, señalando que estos actos violentos de terrorismo sexual que acaban con el asesinato o muerte de las mujeres son feminicidios.
El feminicidio representa el extremo de un continuo de terror antifemenino que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, se convierten en feminicidios.
El pasado viernes, la Procuraduría General de Justicia del Estado, en voz de su titular, habló con reporteros acerca de la normatividad en materia de libertad de expresión, feminicidios y trata de personas, para no incurrir en violación a las leyes en la presentación de una nota informativa.
La procuradora señaló, según nota de El Sur, que muchos periódicos tratan la privación de la vida de una mujer como feminicidio, cuando muchos de estos casos son “simplemente de muerte violenta de mujeres y que están relacionados con la delincuencia organizada”.
En otro tema, destacó que se publicó la ley sobre trata de personas el 29 de agosto de 2011, pero reconoció que es un delito que pocas veces se denuncia, en contraste con cifras de organizaciones como Brigada Callejera, en las que se destaca a  Acapulco como uno de los lugares donde existe mayor trata de personas en el país.
Es México donde el consumo y tránsito de mujeres víctimas de trata es un factor adicional que facilita la violencia contra ellas, sobre todo de niñas entre los 10 y 17 años de edad. Pues existe impunidad en el negocio de la explotación sexual infantil.
Las ciudades donde más se concentra esta acción criminal y violatoria a los derechos son Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Cuernavaca, Distrito Federal, ciudades fronterizas del norte y sur del país. Guerrero es uno de los lugares de origen de menores de 18 años explotados sexualmente, así como Tlaxcala y Centroamérica.