El asesinato de un indígena en un retén, de los que analiza la Corte sobre el fuero militar

Zacarías Cervantes

Chilpancing

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzaron ayer el análisis de 28 casos relacionados con militares que están involucrados en violaciones a los derechos humanos de civiles. Entre ellos se encuentra el del indígena nahua guerrerense Bonfilio Rubio Villegas, asesinado en un retén militar cerca de Huamuxtitlán el 20 de junio del 2009.
La sesión en la que se analizan los casos, y que es transmitida vía Internet, probablemente se prolongue hasta el próximo lunes, por lo pronto, ayer tuvo su primer receso luego de que los ministros carecían de información y los antecedentes del primer caso que revisaban: el de un coronel del estado de Morelos, acusado de ordenar la desaparición del cuerpo de un hombre asesinado por soldados.
Con la revisión y análisis de los casos se pretende crear jurisprudencia para el acotamiento del fuero militar y éstos puedan ser llevados a juicio en el fuero común y no ante la justicia militar.
Uno de estos casos es, precisamente, el del indígena nahua Rubio Villegas, en el que a pesar de que sus familiares se opusieron, la investigación y el procesamiento de los responsables recayó en las instituciones del fuero militar.
Ante esta situación sus familiares emprendieron acciones legales con el asesoramiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, hasta que un juez de distrito les otorgó un amparo para efectos de que la justicia militar deje de conocer el caso y el expediente sea remitido al fuero civil, situación que no había ocurrido.
Rubio Villegas era originario de la comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, tenía 30 años y cuando se trasladaba a Estados Unidos en busca de trabajo, el 20 de junio de 2009, alrededor de las 22:10 horas, el autobús de la línea Sur en el que viajaba, junto con más de 40 pasajeros, fue detenido en un retén militar instalado por elementos del 93 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, cerca de Huamuxtitlán, para una revisión de rutina, y cuando arrancaba de nuevo fue tiroteado por los soldados y una de las balas le entró por la espalda.
En las discusiones de la SCJN sobre éste y otros casos, estarán presentes algunos familiares de las víctimas como el hermano de Bonfilio, José Rubio Villegas, informó ayer Tlachinollan.
El organismo manifestó que la decisión  que tomen los magistrados no es sólo para el ámbito legal o una formalidad, sino que tendrá impacto en la vida de muchas personas del país, “es una oportunidad histórica para terminar con la impunidad así como del reconocimiento de un liderazgo en materia de justicia para la SCJN”, dijo.
El análisis de los 28 casos por los ministros de la SCJN es parte de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) por el caso del desaparecido Rosendo Radilla Pacheco en 1974.
La sentencia fue emitida contra México en noviembre de 2009, en la cual la Coidh determinó que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.
Por eso, para organismos como Tlachinollan, en caso de que la SCJN no reconociera la “fuerza vinculatoria de veredictos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a los límites del fuero militar que están en estándares internacionales ya establecidos, México estaría llegando tarde al reconocimiento mundial de los derechos humanos”.
Y es que el organismo manifestó que aunque existe obligación internacional para acotar el fuero militar, la Secretaría de la Defensa Nacional, ha desechado las decisiones de la Corte Interamericana y juzgados federales, “impugnando diversos fallos en casos como el de Bonfilio en el cual se busca restringir el fuero militar y atraer la jurisprudencia a su expediente”.
Por lo pronto, en la sesión de la SCJN de ayer, que fue transmitida vía Internet, se trató el caso del coronel José Guadalupe Arias Agredano, acusado de haber ordenado la desaparición del cuerpo de una persona asesinada por militares vestidos de civiles durante un “interrogatorio” dentro del 21 Batallón del Ejército, en el estado de Morelos.
Sin embargo el análisis del caso se pospuso para este martes debido a la falta de información y de los antecedentes del caso.
Por la tarde, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, distribuyó un comunicado de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en el que manifiesta que la SCJ, “tiene la histórica oportunidad” de acabar con la impunidad del “opaco y parcial” sistema de justicia militar en México.
En el documento la organización internacional dice, asimismo, que la SCJN cuenta con una “oportunidad única” para reformar el sistema de justicia militar y eliminar una de las mayores causas por las cuales quedan impunes graves violaciones a los derechos humanos”.
Recuerda, también, que en julio de 2011 la Suprema Corte determinó que el poder judicial está obligado a cumplir con las cuatro sentencias de la Coidh que prohíben investigar y juzgar violaciones a derechos humanos en el fuero militar, dos de ellas referentes a los casos de violación sexual cometida por soldados contra las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.