Crece la influencia de militares en el estado con el apoyo de Ángel Aguirre

Redacción

El Ejército ha establecido una estrategia para incrementar su tradicional influencia en la toma de decisiones políticas en Guerrero.
Desde su llegada a la comandancia de la Novena Región Militar, el general Guillermo Moreno Serrano comenzó una campaña de acercamientos con organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y hasta ministros de la Iglesia católica, a quienes escucha pero también muestra, de manera periódica, reportes de las actividades castrenses, desde la destrucción de sembradíos de amapola hasta el acatamiento de quejas por violaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, el gobernador Ángel Aguirre Rivero es uno de los principales promotores de una mayor presencia del Ejército en Guerrero, lo que se observó desde el anuncio de que serían contratados 500 militares como policías y se confirmó apenas el domingo antepasado, cuando entregó con recursos del erario local 20 patrullas al Ejército y tres a la Marina para que realicen labores de vigilancia en calles de colonias de Acapulco.
Al respecto el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidió-cesis de Acapulco, el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, calificó como una estrategia equivocada la cada día mayor presencia del Ejército en el estado.
“La emergencia la están prolongando años, lo que contradice todo, pues se supone que las emergencias tienen un tiempo límite, si a casi un año necesitamos esa fuerza extraordinaria de las fuerzas armadas en Guerrero, quiere decir que no ha funcionado” la Operación Guerrero Seguro, señaló.
Por su parte, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera, dijo que el proceso de militarización no es sólo el uso de la fuerza sino que el Ejército tiene la estrategia de conquistar los espacios con acercamientos con los sectores sociales, buscar su simpatía y aceptación, y que en Guerrero tiene tierra fértil porque varios sectores de la población los aceptan porque observan que no se puede resolver la inseguridad en corto plazo.
“Urge que haya seguridad y si es a costa de la militarización, no importa si hay restricción de derechos”, opina sectores de la población, advierte Barrera.
A favor de la militarización en el estado se manifestó el coordinador de Diálogos por la Paz, Javier Morlet, quien argumentó que es necesaria porque es la única manera de combatir al crimen organizado, y consideró que los militares deben estar por lo menos dos años más mientras se da la transformación de las corporaciones policiacas.
Por su parte, el presidente del Grupo ACA, José Luis Gallegos, justificó la presencia del Ejército en las calles de las principales ciudades por la poca confianza que tienen los ciudadanos en los policías, y destacó que los soldados son los únicos que pueden combatir al crimen organizado.

Una estrategia de acercamiento con la sociedad civil

El comandante de la Novena Región Militar, el general Guillermo Moreno, ha establecido desde su llegada a Acapulco una estrategia de destacar la labor del Ejército ante diferentes sectores de la sociedad civil.
Uno de los primeros acercamientos fue con representantes de organismos de derechos humanos como  Tadeco, Tlachi-nollan y la Organización de Cam-pesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, cuyos dirigentes Eva Alarcón y Marcial Bautista están desaparecidos desde diciembre pasado, así como con representantes de la Codehum, quienes le expusieron diferentes testimonios de violaciones de derechos humanos.
Otra de sus primeras reuniones fue con directivos de algunos medios de comunicación en Acapulco, y posteriormente invitó a desayunar a reporteros a las instalaciones de la Novena Región Militar, y también se reunió ya con reporteros de Chilpancingo en sus instalaciones militares de la capital del estado.
También recibió a organizaciones en sus instalaciones, como a integrantes del grupo ACA, quienes celebraron su aniversario 42 dentro de la Novena Región Militar.
Contrario a lo que se hizo en  celebraciones anteriores donde había una comida o cena en su aniversario, los integrantes de grupo ACA desayunaron en las instalaciones militares.
Además, el Ejército instaló exposiciones fotográficas en Acapulco y en Chilpancingo, donde además de fotografías se expuso armamento, vehículos y hubo soldados que posaron con quienes lo pidieron.
Además el comandante ha tenido una presencia constante en giras o actividades del gobernador Aguirre Rivero en el estado. La más reciente en la región de la Tierra Caliente, donde puso en marcha la Operación Guerrero Seguro y justificó la presencia de los militares: “el Ejército y La Marina deberían estar en sus cuarteles, pero si no fuera por ellos, la situación de seguridad sería grave”.
El pasado 8 de mayo, después de visitar las instalaciones de la Policía Acreditable en Acapulco, el gobernador anunció la contratación de 500 efectivos militares como policías. “Estoy viendo la posibilidad de contratar 500 elementos más pero que lo hagamos de una manera mediante la policía militar, estoy tratando con el Secretario de Gobernación y con el secretario de la Defensa (Guillermo Galván Galván)”, dijo.
Apenas el sábado antepasado entregó patrullas al Ejército y la Marina para que patrullen colonias populares como parte de la Operación Guerrero Seguro y rechazó que con ello se pretenda “militarizar” Acapulco.
En entrevista, el sacerdote Mendoza Zaragoza afirmó que el gobierno pretende “alimentar la militarización” en el estado. Dijo que es justificable que estén los militares en las calles para cumplir la “incapacidad de los policías” para dar seguridad, pero la tendencia debiera ser el fortalecimiento y certificación de los policías para que sean más fuerzas policiacas y no armadas, que poco a poco los militares regresen a sus cuarteles y estén en manos confiables de policías civiles.
Consideró errónea la estrategia de sólo enfrentar con la fuerza pública los cárteles de la droga cuando debe invertirse en la educación, en la reconstrucción del tejido social y afirmó que el gobernador Aguirre Rivero está implementando la misma estrategia del gobierno federal que a todas luces es insuficiente.
“No ha respondido la operación Guerrero Seguro, ya va para un año y seguimos con el ritmo de violencia, el momento de la emergencia ya va para un año, el asunto no está solamente en equipo técnico, que es importante, pero son herramientas que si se usaran bien dentro de una estrategia amplia y concreta”, dijo.
A pregunta expresa, Mendoza Zaragoza dijo que el gobernador está dando “mano ancha” para que el Ejército se amplíe en el estado, y si está abriendo las puertas para el control en Guerrero afirmó que “no sé cuáles sean sus intenciones, debiera apostarse más al sector social, a la larga el sector social puede tener mayor eficacia en la contención de la criminalidad”.
Ejemplificó con la Policía Comunitaria, a la que el mismo gobierno reconoce aunque acotó que no significa que diga que debe extenderse esa experiencia a todo el estado.
Sobre las diferentes acciones y reuniones con diferentes organizaciones que tiene el Ejército, Mendoza Zaragoza dijo que el asunto no es sólo limpiar su imagen sino qué tanto contribuye para la construcción de la paz, “no es con acciones coyunturales y mediáticas sino con acciones de fondo que incidan con la sociedad; el Ejército debe hacer lo que le toca, la sociedad lo que le toca y el gobierno debiera apoyar a la sociedad y hacer lo que le toca”.
Indicó que el Ejército también se ha acercado con la Iglesia católica, y que sus representantes les han explicado su trabajo, los resultados que obtienen  y consideró positivo estos acercamientos si son públicos y transparentes. “Busquemos coadyuvar con la construcción de la paz, siempre que se haga lo que la ley establece y si hubiera intención distinta, sí habría que cuestionar”, dijo.
Señaló que lo preocupante sería que estuvieran fortaleciendo el protagonismo del Ejército y que no se tomara en cuenta el protagonismo de la sociedad civil y los demás sectores, “cada chango a su mecate, dice el dicho, que el Ejército haga lo suyo, lo que la ley defina. La salida de este asunto de la criminalidad no está en manos del  Ejército sino de todos”.
De la contratación de 500 militares como policías dijo que siempre es distinta la mentalidad y el trato con la población de un militar con un policía civil, “son distintas percepciones de afrontar relaciones a la sociedad. Como medida de emergencia puede haber justificación, no política, de tener buenos policías”, aunque dijo que para emergencia ya pasó demasiado tiempo.
El Ejército, hasta tener policías confiables: grupo ACA

Por su parte el presidente de la asociación Civil (conocido como grupo ACA), José Luis Gallegos, avaló la presencia del Ejército en Guerrero porque dijo que “mientras no tengamos una policía  confiable, certificada, es correcta la presencia de las fuerzas armadas, pero siempre que la intervención se ciña al respeto irrestricto de los derechos humanos y libertades de los civiles”.
Afirmó que la policía municipal debe ser recuperada porque él no observa que la policía participe en la Operación Guerrero Seguro.
A pregunta expresa justificó la militarización que hay en el estado porque dijo que hay una desconfianza de la sociedad civil con las instituciones que se encargan de impartir la seguridad, mientras que el Ejército y la Armada “son de alta confiabilidad para el ciudadano”.
Afirmó que si se habla de militarizar la seguridad, depende de los resultados que se den. “Siempre que sean positivos no importa si se da tarea al Ejército o a la Armada, lo que queremos como ciudadanos son resultados”, insistió.
Al indicarle que se ha descubierto que varios militares, incluso generales, están inmiscuidos en actividades de delincuencia organizada, dijo que lo sabía pero que los meten a la cárcel y los “degradan” de los cargos.
Enfatizó que mientras en el caso de los policías que sí están vinculados no se ve que haya acciones para castigarlos, en el Ejército todo hay “en la viña del señor, los más son gente honorable”.
Gallegos Peralta defendió “más presencia del Ejército en el estado hasta que no tengamos una policía confiable”.

El Ejército debe permanecer en Guerrero dos años: Morlet

En tanto, el coordinador de Diálogos por la Paz, Javier Morlet, a pregunta expresa sobre la militarización de Guerrero afirmó que “es la única forma de combatir el crimen organizado, aunque no es lo ideal que el Ejército esté patrullando las calles, dada la capacidad que tiene el crimen organizado sólo el Ejército puede combatir de manera eficiente”.
A pregunta expresa sobre el hecho de que es uno de los pocos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza Javier Sicilia, que respalda la presencia del Ejército en las calles, afirmó que no necesariamente debe estar de acuerdo con lo que opinan, además de que en Guerrero “sí es complejo” lo que sucede, que aunque Sicilia no esté de acuerdo con la militarización para combatir el crimen, “yo sí lo estoy”.
Acerca de los riesgos que hay con la militarización en el estado, Morlet Macho dijo que no los observa, que en los recorridos que realiza en el estado ha sido detenido en retenes pero que no han violado sus derechos ni ha sido objeto de tratos degradantes, sino que se conducen con “mucha humanidad, yo no he conocido de casos en Guerrero últimamente de violación de derechos humanos”.
Destacó que la población se siente más segura con el Ejército, la Marina y policías federales que con policías municipales, en quienes no confían.
Morlet dijo que debe permanecer el Ejército “en el corto plazo, que no se prolongue por mucho, que sea como un caso de emergencia y que en este tiempo que el Ejército y la Marina permanezca  dándonos seguridad, el gobierno del estado vaya preparando las policía estatales paulatinamente, sustituyéndolos”.
Afirmó que el tiempo de la presencia del Ejército en calles del estado sería de dos años, y rechazó que sea demasiado, porque no es “tan fácil” preparar a los policías desde su selección, conocer antecedentes y que pasen las pruebas de confianza, clases de leyes y de derechos humanos.
“Preparar a los policías como los que necesitamos sí se necesitan años”, sostuvo.
Al indicarle que entonces ya no sería una emergencia, argumentó que sabe que los policías estatales se han certificado poro a poco e integrado al combate al crimen organizado, para lo cual, insistió, requieren una fuerza armada y equipo suficiente para combatir a esos criminales.

Preocupa que sectores de la sociedad apoyen la militarización, advierte Tlachinollan

Por separado, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan, Abel Barrera, dijo que el hecho de que haya un sector de la sociedad que tenga una percepción positiva del Ejército es un indicador preocupante, porque entonces hay un sector de la sociedad que no está vislumbrando que se ciudadanice la seguridad.
“No están percibiendo lo que esto representa, que es generar mayores violaciones de derechos humanos, militarizar la sociedad, restringir las libertades, no encuentra (la sociedad) más salida, y eso es un indicador preocupante que solamente le han vendido, que es parte de la estrategia de este sexenio”, dijo.
Lamentó la postura del gobernador, porque dijo que es una muestra más de la forma de atender la seguridad pública y combatir el crimen organizado, porque es la misma versión federal, cuando se requiere un trabajo de fondo, de transformación del sistema de procuración de justicia, depuración de las corporaciones policiacas, atención a las recomendaciones dirigidas a los servidores públicos encargados de la investigación de delitos y procuración de justicia, y de atender los problemas sociales.
“Esta posición que apuntala el proceso de militarización que de por sí existe en el estado, viene a generar una mayor polarización social, va a generar mayores violaciones a los derechos humanos y lo peor, que como organismo civil nosotros vemos que las autoridades no atienden los planteamientos de los organismos civiles, como las sentencias de la Corte Interamericana o recomendaciones de los organismos nacionales de derechos humanos, de que autoridades militares no pueden seguir suplantando a las corporaciones policiacas en cuestiones de seguridad pública. Tienen que hacerse reformas en el código de justicia militar”, dijo.
Barrera dijo que hay una actitud contraria del gobierno porque en lugar de ciudadanizar la seguridad se está “yendo del lado contrario, de militarizar la seguridad”.
Todos los gobernadores, autoridades estatales y municipales son promotores del Ejército porque prefieren esta estrategia y le dan apoyos en infraestructura en lugar de dedicarse a transformar estas instituciones y trabajar más en el ámbito de seguridad ciudadana, denunció.
Señaló que el Ejército tiene dinero por el Plan Mérida, del gobierno federal, y ahora es reforzado por recursos estatales cuando las corporaciones policiacas estatales y municipales han denunciado que no tienen uniformes ni equipo para su trabajo.
“Es la visión que tiene el gobernador, nos habla de algo delicado, como la decisión que está tomando el gobernador de fin de sexenio, cuando sabemos que tiene que haber un cambio; cuál es la lectura que podemos dar, de seguir afianzando las políticas que se tienen y que comparte Enrique Peña Nieto de una gendarmería nacional, de seguir incorporando elementos militares en las corporaciones policiacas”, dijo.