Relata Urbano Lucas ante el juez cómo encontró moribundo a Sánchez Nava el 11 de enero del 2011

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

“Cuando llegué, Guillermo estaba tirado en el suelo y apenas respiraba”, declaró con voz entrecortada el perredista Urbano Lucas Santamaría en una audiencia de interrogatorio por la golpiza que le propinaron priistas al que fuera representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG), el 11 de enero del 2011.
En aquella ocasión, Sánchez Nava sorprendió por la noche, cerca de la sede del IEEG, a unos 30 brigadistas del PRI que retiraban propaganda del entonces candidato al gobierno del estado por el PRD, Ángel Aguirre Rivero. Por eso lo dejaron molido a golpes y quien lo encontró fue Urbano Lucas, quien era secretario de Derechos Humanos de la dirigencia estatal de su partido.
Por el caso están presos, sin sentencia, tres priistas de los que su abogada defensora dice que son “chivos expiatorios”.
Ayer, a las 12 del día llegó Lucas Santamaría al juzgado tercero en el Centro de Readaptación Social (Cereso), acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la dirigencia estatal del PRD, Jaime Soria Villa, Mario Ruiz Valencia de Asuntos Electorales y los perredistas Aniceto Espinobarros Vivar y Vladimir Jaimes Iturio.
También llegaron familiares y amigos de los encarcelados Antonio López Velázquez, Eduardo Sánchez Nava y Celso Manzano Flores, su abogada Lilia Barragán Martínez y colaboradores del entonces alcalde de Chilpancingo, Héctor Astudillo Flores.
En la mesa, interrogando al perredista estaba, a su lado derecho, la agente del Ministerio Público María del Carmen Reyes Ocampo y el secretario de Acuerdos Omar Villegas Sánchez.
En la sala repleta de gente no se escuchaba más sonido que el de unos teclazos a una computadora; un fotógrafo lanzó un flash y rompió el silencio que imperaba en la sala, pues el secretario de Acuerdos dijo que no se permitían fotos, y amenazó con llamar al juez para que hiciera salir del lugar a quien tomara fotografías, pues los acusados no están sentenciados “sólo hay presunción de inocencia”.
En otros casos, estas advertencias no se hacen pues las audiencias son públicas.
Entonces comenzó el interrogatorio; una pregunta tras otra, Lucas Santamaría miraba fijamente a su interlocutor y contestaba.
Dijo que observó a unas 30 personas reunidas en el punto en que golpearon a Sánchez Nava, cerca del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, sobre el encauzamiento del río Huacapa en la calle de norte a sur.
Desde el lado contrario, a unos 200 metros de distancia, dijo que alcanzó a ver que los hombres retiraban propaganda y la arrojaban al río, dio la vuelta a la glorieta que está en el lugar y encontró a su compañero completamente golpeado; “revolcado” fue la palabra que utilizó.
Le preguntaron en qué condiciones lo encontró y relató:
“Estaba todo revolcado, se le veían muchos golpes en su cabeza y en la boca, lo observé muy grave… apenas respiraba, después de unos 15 minutos cuando llegó la ambulancia ya no tenía movimiento, después llegó la policía, tres minutos después de que llegué le llamé a Sebastián de la Rosa, a otros perredistas”, dijo.
Él estuvo con Sánchez Nava en el hospital cuando lo trasladaron, y 15 minutos después le dieron el diagnóstico: “Traumatismo craneoencefálico severo y con posibilidades de vida gris, grave”.
A la fecha, Sánchez Nava, de 61 años, está inmóvil, postrado en una cama y en constante terapia, sin poder hablar y bajo el cuidado de su familia.

La golpiza no debe quedar impune

En entrevista después del interrogatorio, Urbano Lucas dijo que lo que busca es evitar que quede impune la golpiza que le dieron a Sánchez Nava, “porque la defensa busca reclasificar el delito que es de tentativa de homicidio, lo quieren reclasificar como delito de lesiones”.
Dijo que el PRD, los amigos y familiares de Sánchez Nava se sienten agraviados, pues a año y medio de la agresión sólo hay tres detenidos, “cuando fue público que toda una brigada de 30 personas causó el agravio”.
Su comparecencia fue para ampliar su declaración sobre los hechos, por eso relató la manera en que encontró al perredista, “lo que buscamos es que no se evada la justicia, que sean castigados los autores materiales e intelectuales”.
Por eso, agregó, lo que pide la familia de Sánchez Nava, el PRD y sus amigos, es que se “profundice la investigación porque no solamente fueron tres personas los que lo agredieron y no hay un solo preso por autoría intelectual”.
Otro objetivo es “que esto no se vuelva a repetir en próximos procesos electorales”.
También consideró, respecto del interrogatorio, “que las autoridades tienen la firme decisión de que se haga justicia y ayuda mucho el que se haya concretado mi declaración, porque no podemos permitir que mientras Guillermo sigue postrado y no se puede valer por sí mismo, quienes lo agredieron busquen evadir la justicia”.
Insistió “que el gobernador profundice en las investigaciones y se dé con los responsables materiales e intelectuales”.

Los presos son chivos expiatorios, dice su abogada

La abogada de los tres detenidos por la golpiza propinada a Sánchez Nava, Lilia Barragán Martínez, dijo que sus defendidos Antonio López Velázquez, Eduardo Sánchez Nava y Celso Manzano Flores están en proceso, por lo que no se les puede señalar de ser culpables.
Consideró que “lo justo” es que sean puestos en libertad, “estamos ofreciendo todas las pruebas necesarias que favorezcan a la declaración que han emitido los inculpados en el sentido de que no son culpables, no cometieron el delito”.
–¿Por qué se les señala? –se le preguntó.
–Ellos son chivos expiatorios, la autoridad investigadora fabricó el delito, integró una investigación totalmente desacertada, fuera de lugar en contra de personas que no son culpables, eso es lo que reflejan las actuaciones del juicio –contestó.
–¿Fue una acción política?
–Así es.
–¿Qué se debe hacer?
–La defensa tiene que atacar todos los medios necesarios, hay que hacer valer todos los recursos para que ellos puedan acceder a su libertad. De momento estamos trabajando en unos recursos de inconformidad que tenemos, porque la jueza común no ha dado cumplimiento a las sentencias amparadoras que se han obtenido en contra del auto de formal prisión. De ahí sigue esperar la resolución, del tiempo no sabría decir porque no depende de nosotros, depende de los tribunales federales
–Llevan año y medio recluidos, ¿en qué condiciones se encuentran?
–Su estado emocional no es muy bueno, una persona que no es culpable y estar dentro de un reclusorio, obviamente que es fatal para ellos, su estado es desfavorable.
–¿Busca que se cambie el delito para que no sea grave y salgan libres?
–No es que se está buscando eso sólo por buscarlo, legalmente hablando y de acuerdo a las constancias que integran el expediente en que se actúa, ellos arrojan dichas constancias, que ellos no son culpables ni de ese delito que se les está impugnando, ni de ningún otro.