Humberto Musacchio

Linchamiento empresarial de fantasmas

Sorprende el empeño empresarial por suprimir los derechos constitucionales y legales, el afán por suplantar a los jueces y configurar delitos, declarar culpables y dictar sentencias, todo, por supuesto, contra los sectores de izquierda que electoralmente tuvieron como candidato a Andrés Manuel López Obrador.
En un desplegado que publicó Excélsior el pasado 2 de agosto, la ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) salió en defensa de la cadena Soriana por presuntas agresiones contra “clientes, empleados y tiendas” de ese consorcio y tacha de “irresponsable atacar sin pruebas el honor de otros y afectar la buena imagen construida con valores” etc., etc.
La ANTAD no precisa cuáles han sido esas agresiones y “exige la intervención de las autoridades para castigar a los responsables y mantener el Estado de derecho”. Por supuesto, es deber de las autoridades perseguir a quienes cometan delitos, pero hay que distinguir éstos de lo que son meras protestas, como parece ser el caso.
En otro desplegado, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) “reprueba categóricamente las agresiones de las que han sido objeto los empleados, clientes e instalaciones de las tiendas Soriana”. Por supuesto, no precisa cuáles son esas “agresiones”, pero al parecer eso no importa.
También en espacios pagados, la Asociación de Bancos de México condena, igualmente sin precisarlos, “los hechos de violencia que se han suscitado en las últimas semanas en empresas de diversos giros en todo el país”. No informa de qué empresas se trata, pero ni falta que hace.
El Consejo Coordinador Empresarial habla por el país y todos los nacidos en él y encabeza su desplegado (6/VIII/2012) “México y los mexicanos deseamos vivir y trabajar en paz” y afirma, sin precisar quiénes son los agredidos y quiénes los agresores, que “en las últimas semanas se han registrado actos de agresión en contra de empresas de diversos sectores”.
Al leer frases tan grandilocuentes, uno esperaría que los citados membretes desplegaran alguna solidaridad con el diario El Norte, objeto, ese sí, de ataques que han causado daños materiales cuantiosos, han puesto en peligro la vida de quienes trabajan en ese periódico y tienen un efecto intimidatorio para quienes ejercen la libertad de expresión. Pero no, el CCC prefiere las denuncias en abstracto.
No son ésos los únicos desplegados de las agrupaciones empresariales, pero bastan para mostrar su beligerancia contra quienes saben que las tarjetas de la empresa Soriana fueron usadas para la compra de votos, algo similar a lo que se hizo con diversos instrumentos de Monex, con las tarjetas telefónicas prepagadas y otros recursos que el PRI empleó de manera ilegal, como las operaciones a la triangulación, lavado y movimientos de dinero hacia y desde paraísos fiscales, con lo que se pretende borrar el origen, el curso y destino de recursos que exceden por mucho los límites impuestos a las campañas electorales.
En lugar de llamar al linchamiento de fantasmas, la protesta de las organizaciones empresariales debería enderezarse contra quienes con su actuación sospechosa o evidentemente delictiva desprestigian las actividades financieras y comerciales. Deberían protestar contra quienes comprometieron el prestigio de las firmas involucradas en la comisión de delitos electorales o del fuero federal. No hacerlo contribuye a generar la percepción de que México está al borde del caos o, peor aún, de la guerra civil. Pero cuidado, no vaya a ser cierto.