El hermano del gobernador transmitió la orden de desalojar a los normalistas, revela diputado priísta

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El diputado federal del PRI, Heliodoro Díaz Escárraga, reveló ayer que el entonces coordinador ejecutivo del gobierno de Guerrero, Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador Ángel Aguirre, fue quien transmitió la instrucción al secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, de “limpiar el panorama, la calle”, para el desalojo de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011, en el que murieron dos jóvenes por disparos de policías.
Díaz Escárraga,  electo en el distrito 6 con sede en Tlaxiaco, Oaxaca, dio a conocer lo anterior en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde el senador perredista Carlos Sotelo García presentó un dictamen de acuerdo para solicitar al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villa-nueva, un informe acerca del estado que guarda el cumplimiento de la recomendación especial 1 VG/2012 sobre el caso Ayotzinapa, mismo que fue aprobado.
De acuerdo con la versión estenográfica de la sesión publicada en la página electrónica del Senado, Díaz Escárraga aseguró que en medios de comunicación “se recogió (que) por parte del señor Mateo Aguirre, secretario técnico de la gubernatura del estado de Guerrero, se transmitió esta instrucción al secretario general Humberto Salgado, que limpiara el panorama, la calle”, y preguntó: “¿Qué se entendió por limpiar y con qué facultades?”.
Por ello anunció el apoyo de los legisladores del PRI al acuerdo de pedir a la CNDH un informe, “porque tiene que investigarse y precisarse cuáles son los niveles de responsabilidad” de los funcionarios que intervinieeron en el hecho represivo.
En la presentación del dictamen, Sotelo García recordó que los legisladores aprobaron nuevas facultades para la CNDH, entre ellas la de iniciar investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos.
El legislador del PRD subrayó que dada la gravedad de lo documentado por la CNDH, “se abre la puerta para un ejercicio inédito en el cual dicho organismo debe rendir cuentas y mantener un puntual seguimiento de las acciones y recomendaciones emitidas”.
En la presentación del dictamen recordó que el saldo de la represión policiaca fue de dos estudiantes y de un trabajador muertos, “tres lamentables muertes que quizás este caso, con el de Atenco el día 4 y 5 de mayo de 2006, es donde ha habido un uso desproporcionado de la fuerza para atender conflictos de carácter social”.
Pero añadió que el caso de Ayotzinapa es paradigmático porque está vinculado a la reforma constitucional y legal que el Congreso mexicano aprobó para otorgarle a la CNDH “facultades de investigación, en sucesos en los que se estime hay violación de derechos humanos a las personas, y por primera vez el organismo ejerció esta facultad”.
Recordó que en este marco la CNDH abrió una investigación sobre lo acontecido Chilpancingo el 12 de diciembre del 2011, a petición de los propios estudiantes.
El senador pidió conocer directamente de Plascencia Villanueva cómo está diseñado el mecanismo para el ejercicio eficiente de esta facultad que le fue otorgada a la CNDH, “para evaluar, comentar y ver cómo esta facultad pueda fortalecerse y desarrollarse”.
Destacó que la posible comparecencia de Plascencia Villanueva también permitiría conocer el estado que guarda la recomendación derivada de la investigación, “porque hasta el día de hoy, si bien hay algunas consignaciones y hay abiertas líneas de investigación, la muerte de estas tres personas, de los dos estudiantes, prácticamente ejecutados a la luz pública, siguen impunes, no hay responsables ubicados ni sancionados y es importante que esto no suceda”.
Incluso señaló que “existen dudas para algunas voces, respecto de la consignación de policías  ministeriales del estado de Guerrero o de otras autoridades; cuando hay evidencias de que quizás la autoridad federal, la Policía Federal también tuvo una responsabilidad más directa y que todavía está sujeta a investigación”.
El acuerdo de la Permanente establece que el informe de la CNDH deberá presentarse en un plazo de cinco días naturales, y una vez  recibido el reporte, la Primera Comisión podrá citar “sin mayor requisito” a una reunión de trabajo al titular de la CNDH o a algún servidor público de esa dependencia para ampliar las explicaciones que se estimen necesarias.