Llaman al Estado mexicano a revertir la discriminación contra las mujeres indígenas

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dio a conocer que el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan presentó un informe enfocado a la situación que enfrentan las mujeres en el estado de Guerrero, particularmente las indígenas, de frente a los sistemas de administración y procuración de justicia, en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
El caso fue presentado como ejemplo del impacto del fuero militar, las amenazas y ataques cometidos en contra de defensoras de derechos humanos por parte de actores estatales; el acceso a la educación y salud y en específico la discriminación estructural y la negación de la justicia para las mujeres indígenas como una realidad constante y lacerante en la región de La Montaña de Guerrero.
En un comunicado de prensa se informó que antes de la sesión de diálogo con el Estado mexicano, el Comité se reunió con organizaciones de la sociedad civil para revisar los diversos informes presentados por parte de organizaciones mexicanas e internacionales en las que se expresaron los principales retos y la preocupación por la violencia que afecta a las mujeres en México, especialmente a las mujeres indígenas rurales.
En el Informe presentado por Tlachinollan se propusieron una serie de recomendaciones para la consideración del Comité, algunas de las cuáles se ven reflejadas en su documento posterior al examen del Estado mexicano.
El comité urge a través de Tlachinollan al Estado mexicano a que acepte y adopte las recomendaciones para la eliminación de la discriminación contra la mujer, especialmente, las recomendaciones relacionadas con medidas que busquen revertir la discriminación estructural y exclusión en contra de las mujeres indígenas.
También que se les permita tener, acceso a la justicia, educación, salud, tierra, propiedad, que se garanticen sus derechos humanos, que atienda las recomendaciones de este y otros mecanismos de derechos humanos, sobre la necesidad de revisar su estrategia de seguridad pública para combatir el crimen organizado en apego con sus obligaciones internacionales.
Con la intención de revertir los impactos negativos que esta política y los altos niveles de inseguridad y violencia tienen desproporcionadamente en contra de las mujeres y niñas, hechos que en su mayoría no han sido investigados, juzgados ni castigados y que al permanecer en la impunidad se convierten en un aliciente para que sigan ocurriendo hechos similares.
El Comité resalta también que la política de seguridad pública en México, en contra del crimen organizado “ha impactado negativamente a las mujeres indígenas rurales, quienes han sido sujetas de niveles más altos de violencia, incluidos el feminicidio por fuerzas de seguridad”.
Por ello, recomienda al Estado mexicano “adoptar las medidas apropiadas para asegurar que el Ejército y los oficiales de seguridad que están cerca de las comunidades de pueblos indígenas respeten los derechos humanos de las mujeres indígenas.”
En sus observaciones emitidas el pasado 27 de julio a México, el CEDAW manifestó su preocupación “porque el alto nivel de inseguridad y violencia no se limita al combate en contra del crimen organizado y por lo tanto, está afectando negativamente a la población en su disfrute de derechos humanos, particularmente a las mujeres y niñas”.
Expresaron su preocupación por los altos niveles de pobreza, analfabetismo y múltiples formas de discriminación en contra de las mujeres indígenas de zonas rurales, en particular en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. (Redacción).