Exigen 100 ONG a Aguirre garantizar la seguridad del abogado de Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Un centenar de organismos no gubernamentales (ONG) de derechos humanos enviaron ayer una carta al gobernador Ángel Aguirre Rivero, en la que le piden que brinde las garantías de seguridad para el abogado Vidulfo Rosales Sierra, así como a todos los defensores del estado, con motivo del regreso del exilio del abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, quien durante dos meses tuvo que abandonar el estado debido a amenazas y persecución en su contra.
La carta está fechada éste 9 de agosto, firmada por representantes de organismos internacionales, nacionales y estatales, que dicen a Aguirre que es a su gobierno a quien compete garantizar la vida y la integridad personal de Vidulfo Rosales Sierra y a todo el equipo de Tlachinollan, “tomando a su favor medidas concretas e inmediatas de protección”.
Los representantes de los organismos exponen: “quienes suscribimos la presente misiva, personas y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos dirigimos respetuosamente a usted con relación a la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos particularmente en el estado de Guerrero”.
Y luego le hacen un llamado al gobernador, en el marco de la reincorporación de Vidulfo Rosales Sierra a sus labores de defensor de los derechos humanos, para que le brinde protección y garantice su integridad física.
Le expresan que “como es de su conocimiento, el abogado Rosales Sierra se vio obligado a dejar el país de manera temporal después de recibir un mensaje anónimo donde entre otras cosas se le decía: “licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias en todo te metes La Parota, las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate […] te vas a morir”.
Denuncian que esa amenaza, a pesar de haber sido denunciada, “hoy permanecen impune”.
Informan que el abogado tras permanecer en el extranjero, ayer regresó a Guerrero “sin cejar en su demanda de que se garantice la seguridad de todas y todos los defensores de derechos humanos del estado de Guerrero”.
Y advierten que por su  parte, “permaneceremos atentos a que así ocurra pues hemos visto con preocupación que durante su gobierno se han registrado hechos contrarios al respeto de la labor civil de las y los defensores: no sólo nos referimos al caso del abogado de Tlachinollan, sino también a la desaparición forzada de Eva Alarcón y Marcial Bautista, al injusto encarcelamiento del líder indígena na savi Maximino García Catarino, y a la represión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero”.
Le dicen al gobernador que las y los defensores de derechos humanos son actores fundamentales para la consolidación de la democracia y que “su acción acompaña a las personas que normalmente no son escuchadas por los aparatos del gobierno y contribuye a que las autoridades de todos los niveles rindan cuentas ante la sociedad”.
Y concluyen que corresponde al gobierno respetar su labor “no sólo omitiendo inhibirla directamente, sino también garantizando que existan condiciones para su ejercicio. En ese sentido, a su gobierno compete garantizar la vida y la integridad personal de Vidulfo Rosales Sierra y todo el equipo de Tlachinollan, tomando a su favor medidas concretas e inmediatas de protección”.
Entre los representantes de organismos internacionales se encuentran Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil); Jass (Asociadas por lo Justo); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; Misereor; Servicio Internacional para la Paz (Sipaz).
Los representantes de organismos nacionales son: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); EQUIS: Justicia para las Mujeres; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República; Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos  (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (Guadalajara); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos Miguel Hidalgo (Hidalgo); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir. (Distrito Federal) y el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local.
Entren las organizaciones estatales están el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop); Consejo de Autoridades de los Cinco Pueblos Bajos de Tecoanapa; Red Guerrerense de organismos civiles de derechos humanos; Colectivo contra la tortura y la impunidad; Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y el Taller de Desarrollo Comunitario.