Regresa Vidulfo Rosales y seguirá en los casos que motivaron la amenaza; exigen garantías al gobernador

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Organismos locales, nacionales e internacionales de derechos humanos enfatizaron ayer, durante la reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, que Vidulfo Rosales Sierra “no está solo”.
Reunidos en Casa Guerrero, los defensores celebraron el regreso del abogado de Tlachinollan, y exigieron al gobernador que se capture a los responsables de las amenazas de muerte que provocaron su exilio por dos meses en Estados Unidos.
Aguirre se comprometió a garantizar la seguridad de Rosales Sierra en su labor de defender los derechos humanos de los guerrerenses; propuso establecer una agenda para resolver los diferentes casos en materia de derechos humanos y ofreció elevar a política pública la actividad de los defensores que trabajan en el estado.
Dijo además a los dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), encabezados por Marco Antonio Suástegui, que suscribirá el próximo jueves en Acapulco el documento en que se compromete a no promover la construcción de la presa, como se lo han venido exigiendo desde el 1º de abril del año pasado, en que tomó posesión.
Los representantes de los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales afectadas, encabezados por el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, le informaron al gobernador del regreso de Vidulfo Rosales del exilio forzado y su reincorporación a los trabajos en los casos que motivaron las amenazas de muerte, como la defensa de los comuneros de Cacahuatepec en Acapulco, contra la construcción de la presa La Parota.
Al gobernador lo acompañaron el secretario general de gobierno, Humberto Salgado Gómez; el secretario de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva; y la procuradora general de Justicia, Martha Elva Garzón Bernal –quien llegó tarde y además tuvo que se reconvenida por Ángel Aguirre y Jorge Salgado, porque en sus intervenciones trató de responsabilizar a Vidulfo Rosales y a Abel Barrera de no coadyuvar en las investigaciones.
Abel Barrera expuso que como defensores y defensoras de los derechos humanos les interesaba que se investigaran las amenazas, porque están relacionadas con el trabajo en defensa de los campesinos opositores a La Parota, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, los de Ayutla, y el de los normalistas de Ayotzinapa.
Indicó al gobernador que lo trascendente es el regreso de Vidulfo Rosales a Tlachinollan para asumir los trabajos en los casos que estaba llevando con el equipo de abogados.
Por eso, dijo, era significativo que fueran acompañados de dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop); del Consejo de Autoridades de los Cinco Pueblos Bajos de Tecoanapa, representados por Prócoro Valente; Manuel Olivares de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos; Raymundo Díaz del Colectivo contra la tortura y la impunidad; maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero; Javier Monroy del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco); el primer visitador de la Codehum, Hipólito Lugo (luego se incorporó su presidente, Juan Alarcón Hernández); así como Pablo Guzmán de la CRAC.
También estuvo presente Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas y como observadores, integrantes de la Delegación de las Brigadas Internacionales.
Abel Barrera manifestó que está pendiente la elaboración de la agenda sobre derechos humanos, y que es preciso hacerla realidad para garantizar el respeto de los pueblos, sobre todo a quienes más están siendo golpeados como los campesinos e indígenas.
Añadió que esperan encontrar, en el Ejecutivo estatal, eco a las demandas, planteamientos y reclamos que se han ido manifestando en el estado por las violaciones a los derechos humanos, incumplimiento de las recomendaciones y la falta de protección a los defensores.

Exige al gobierno garantizar la seguridad de los defensores

Vidulfo Rosales Sierra, después de agradecer a los funcionarios la reunión con los defensores de derechos humanos, aseveró que su única actividad desde que salió de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), “ha sido defender los derechos humanos con la ley y tratados internacionales en la mano, para hacer efectivos los derechos establecidos en la Constitución”.
Añadió que el trabajo de los defensores de los derechos es importante para hacer “una sociedad más democrática” y consideró inconcebible que “haya un ambiente en que se ponga en riesgo la integridad de quienes hacemos éste trabajo”.
Especificó que desde el primer momento en que recibieron las amenazas pusieron la denuncia correspondiente, y que a pesar de las intimidaciones, estaba de regreso para defender los derechos de los pueblos campesinos e indígenas “y de los más pobres de nuestro estado”.
El abogado exigió al gobernador “que la investigación avance”, para que pueda sancionarse a los responsables “porque solo la investigación, la sanción, evitará que se sigan repitiendo estos hechos”.
Asimismo, pidió avances en las investigaciones de la desaparición forzada de Marcial Bautista y Eva Alarcón, porque la falta de investigación “nos pone en riesgo a los defensores que hoy estamos aquí reunidos”.
Finalmente, pidió al gobernador comprometerse a crear un clima de garantías para los defensores de derechos humanos, “todo con miras a fortalecer nuestro estado y allanar la democracia en Guerrero”.

Propone construir una cultura de defensa de los derechos humanos

Luego de escuchar las intervenciones y dar la bienvenida a Vidulfo Rosales, el gobernador aseguró que “en Guerrero nadie puede ser perseguido por sus ideas políticas y mucho menos por ser defensores de los derechos humanos”.
Dijo que las propuestas de Barrera lo comprometen a “sacar” la agenda de derechos humanos, que no sea una agenda pendiente, “y creo que para eso, necesitamos diseñar un programa, un plan, una estrategia” y realizar trabajo permanente.
Recordó que una de las razones por las que Vidulfo Rosales recibió las amenazas fue por asesorar a los opositores de La Parota, luego anunció que la semana entrante firmará un documento, y “en una cláusula de ese documento se encierra todo, no a La Parota, mientras no tenga el consenso de ustedes, así de fácil”.
Mencionó que otro de los asuntos pendientes es el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo; y aseguró estar empeñado “en que se cumplan los compromisos que se establecieron”, como el Centro comunitario, para lo cual entregó un millón de pesos al alcalde de Ayutla para la adquisición del terreno.
Luego preguntó a los integrantes de Tlachinollan “¿en qué estamos en falta para apoyarlos, qué es lo que adicionalmente requieren para tener más garantías las organizaciones de derechos humanos? Si me dicen mándenme algunos elementos (policíacos), se los mando; si me dicen otras cámaras, no sé, lo que ustedes necesiten”, dijo.
Se dirigió al presidente de la Codehum, Juan Alarcón, para decir que instruyó a la procuradora “que se aplique con todo a investigar el caso de Vidulfo” y ofreció pagar un abogado, designado por las organizaciones, para dar seguimiento a la investigación.
Martha Elva Garzón intervino para informarle al gobernador “que el asunto de Vidulfo sí se ha atendido, dentro de lo posible; no se ha podido hacer la investigación ocular en el lugar de los hechos porque Vidulfo no ha estado aquí y además se le ha pedido a varios de sus compañeros, han ido varias personas de su organización a hablar conmigo, yo ofrecí que enviaría a personas a donde quiera que estuviera a filmar una película y hacer una inspección ocular, no ha quedado por nosotros, le he dicho a Vidulfo delante de usted que si él se presenta hoy para llevar a cabo la inspección ocular, lo hacemos”.
Luego de precisar que el caso de Marcial y Eva “no es un asunto que sigue la PGJE, la está siguiendo la SIEDO, el gobernador aseveró que su “única intención es que se investigue y castigue a quienes tenga una responsabilidad en las amenazas contra Vidulfo”.
Aguirre Rivero insistió en que esperaba que de esta reunión surja una agenda” con la participación de las organizaciones presentes.
Abel Barrera aceptó la propuesta de construir la agenda de derechos humanos en el estado, pero más amplia, y el gobernador contestó que estaba de acuerdo en “arreglar ya el tema de los normalistas de Ayotzinapa, La Parota y todos los demás asuntos”.

Regresa sin condiciones de seguridad

Agnieszka Raczynska, secretaria Ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, dijo que los organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos celebran el regreso de Vidulfo Rosales, “pero regresa sin que las condiciones hayan mejorado para continuar sus trabajos pendientes”, acotó.
Explicó al gobernador Ángel Aguirre, que no hay mejor prevención para los defensores de los derechos humanos que la investigación de los hechos y el castigo a los responsables de amenazar y perseguir.
Añadió que se trata de que el gobierno del estado cree las condiciones para que el regreso de Vidulfo “se haga con mayor confianza”, enseguida dio lectura a la carta que suscribieron más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales en apoyo a Vidulfo Rosales y en demanda de que se le dé las garantías necesarias para desarrollar su trabajo.

Respaldan dirigentes sociales y defensores de derechos humanos

En su turno, el dirigente de la Cecop, Marco Antonio Suástegi responsabilizó al gobierno del estado de lo que le pase a Vidulfo Rosales, pero reconoció la voluntad y compromiso para garantizar su trabajo, dando las condiciones mínimas.
Lugo le dijo a Rosales Sierra, “no estás solo, tienes el apoyo de todos nosotros los comuneros, que te cuidaremos, así como las demás organizaciones”.
Manuel Olivares, de la Red Guerrerense, pidió al gobernador que publicara este viernes, un desplegado llamando a toda la estructura del gobierno y poderes fácticos del estado, a respetar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, en particular el del abogado de Tlachinollan.
Por los pueblos en lucha por el agua de Tecoanapa, Prócoro Valente, le agradeció a Vidulfo su asesoría y le manifestó su apoyo; y refiriéndose al gobernador, enfatizó que sin respeto a los derechos humanos no puede haber democracia, y le recordó que ellos reportaron la desaparición de dos indígenas del poblado de Las Cazuelas, y no han sido atendidos por la PGJE.
Juan Alarcón reclamó al gobernador delante de la procuradora general de justicia, que la PGJE no haya atendido aún la petición hecha hace dos días de medidas cautelares por el caso de La Morena, donde hay heridos que no están recibiendo atención médica, y es una obligación del gobierno del estado, indicó.
Luego, celebró el regreso de Vidulfo y se solidarizó con él, diciendo que sigue de cerca su caso. Sobre la agenda guerrerense de derechos humanos, preciso que es necesario tener primero un diagnóstico en la materia.
Para cerrar la reunión, Abel Barrera aclaró al gobernador que Tlachinollan sí ha coadyuvado con la PGJE para investigar el caso de las amenazas a Vidulfo.
En ese momento, la procuradora quiso refutar a Abel Barrera, pero fue contenida de un brazo por el titular de la Sefina, Jorge Salgado, y el gobernador la atajó diciendo que no era necesario establecer un debate.