Fracasa el diálogo y entra en el octavo día la huelga del metro en Buenos Aires

EFE

Buenos Aires

Ni la conciliación dictada por el Gobierno de Buenos Aires ni las negociaciones de las últimas horas lograron terminar con la huelga de trabajadores del metro, que hoy entrará en su octavo día consecutivo y ha convertido el tránsito en la capital argentina en una auténtica pesadilla.

La protesta, la más larga que se recuerda en el metro porteño, afecta a alrededor de un millón de personas y ha desatado la furia de los sufridos pasajeros, que llegaron a proponer, a su vez, un “paro de usuarios” cuando se restablezca el servicio.

El secretario adjunto de los “metrodelegados”, Néstor Segovia, calificó de “rotundo fracaso” la reunión con la empresa concesionaria, Metrovías, y anunció que la medida de fuerza continuará el sábado porque esta compañía “admitió no tener dinero para hacer frente a los reclamos de mejora salarial”.

El rechazo no fue unánime y otro de los gremios, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) suscribió un acuerdo con Metrovías, en el que se comprometió a “preservar la paz social” a cambio de un aumento salarial del 23 por ciento, cinco puntos menos del reclamo inicial.

“Cada vez está más claro que esto es un paro político”, denunció ayer el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, que responsabiliza del conflicto al Gobierno de Cristina Fernández, quien traspasó la gestión del subterráneo a la ciudad pero sin los millonarios subsidios que destinaba al servicio.

Tras el fracaso del encuentro, Macri denunció que “los ‘metrodelegados’ han sido una creación del kirchnerismo y responden al kirchnerismo” y sugirió que “que tienen aval para seguir con este paro salvaje”.

“No tengo solución para salir de esta locura”, dijo el alcalde, reclamó diálogo con el gobierno de Fernández y acusó a la presidencia de “intransigencia”.

El ministro de Interior, Florencio Randazzo, calificó a Macri de “irresponsable”, señaló que su actitud “perjudica a millones de argentinos” y reiteró que tiene la obligación de hacerse cargo del servicio, en declaraciones al canal C5N.

Nuevo desencuentro entre Cristina Fernández y la prensa

La apuesta de la presidenta argentina, Cristina Fernández, por una ley de ética periodística y las acusaciones sobre supuestos pagos de empresas a periodistas se convirtieron ayer en un nuevo elemento de tensión entre su gobierno y un amplio sector de la prensa.

Imponer conductas éticas “mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión”, advirtió ayer el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

La organización respondía así a la presidenta, que anoche, durante un acto en una planta de la petrolera YPF, apostó por una “ley de ética profesional” que, dijo, contribuiría a aclarar los ingresos que reciben los periodistas.

La mandataria acusó a YPF de haber destinado once millones de pesos (unos 2,4 millones de dólares) al pago de periodistas durante la gestión del grupo español Repsol y se refirió en concreto al caso de un reconocido periodista argentino que, según Fernández, habría recibido un millón de pesos (alrededor de 220 mil dólares) de la empresa.

Marcelo Bonelli, columnista y conductor de un programa televisivo en una cadena del grupo Clarín, atribuyó ayer la denuncia a un artículo que ha publicado sobre la supuesta intención de renunciar del actual presidente de YPF, Miguel Galuccio, por el creciente intervencionismo gubernamental en su gestión.

“No es la primera vez que la presidenta utiliza un espacio público, como la cadena nacional, para escrachar (denunciar) a gente que no está de acuerdo con el discurso único del oficialismo”, respondió ayer Bonelli.

Según la mandataria, YPF -que bajo la gestión de Repsol tenía en su consejo de administración a un representante del Estado, Roberto Baratta-, abonaba el dinero a los periodistas como “publicidad no convencional”.

FOPEA le recordó ayer a Fernández que “en el tema de las pautas publicitarias, la Presidencia de la Nación podría dar el ejemplo y aprobar una resolución interna que establezca cuestiones objetivas y comprobables para la distribución de los dineros públicos”.

El organismo aseguró, además, que desde el comienzo del mandato de Fernández (2007), “se ha hecho más difícil acceder a la información” e insistió en que “una de las formas de mejorar la calidad de la información pública es que el Gobierno cumpla y haga cumplir la ley de ética pública en todo lo referido a la difusión de la información pública”.

Los desencuentros entre el gobierno de Fernández y la prensa no son una novedad.

El pasado octubre, el actual vicepresidente, Amado Boudou, ayer salpicado por un escándalo de corrupción, tuvo que pedir disculpas por haber comparado a dos periodistas con colaboradores nazis.