Celebran la resolución de la SCJN de juzgar los delitos de militares contra de civiles en el fuero común

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Juan Alarcón Hernández celebró ayer la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de que los delitos cometidos por militares en contra de civiles deben ser sancionados por jueces civiles.

Consultado al respecto al término de la clausura de cursos de la primera generación de promotores infantiles de derechos humanos, el ombusdman guerrerense también celebró que el gobernador Ángel Aguirre Rivero haya ofrecido garantías para la seguridad del abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y acordar con él una agenda en materia de derechos humanos.

El presidente de la Codehum dijo que la resolución que tomó el jueves la SCJN era una meta de los defensores de derechos humanos y desde mucho tiempo habían venido luchando porque los elementos del Ejército que se vean involucrados en delitos o de violaciones a derechos humanos en agravio de particulares, sean conocidos por la jurisdicción del fuero común.

Manifestó que “qué bueno que ya la Corte esté metida en este tema, “porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo ha recomendado, creo que ha sido bien importante esta resolución o sentencia de la Corte y todos los defensores  nos felicitamos de ello, y, desde luego, felicitamos a esta institución tan importante en el sistema interamericano”.

Recordó que en Guerrero hay muchos casos de denuncias de delitos cometidos por militares en agravio de civiles, entre los que recordó los de las indígenas violadas por elementos del Ejército mexicano en el 2002 en el municipio de Ayutla, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; el de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974 en Atoyac durante la llamada guerra sucia; el de los ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron privados de su libertad por los militares, “y casos diversos que han ocurrido en el contexto de violaciones graves a derechos humanos que deben ser conocidos por la jurisdicción común”.

Por otra parte el presidente de la Codehum celebró el compromiso del gobernador Ángel Aguirre Rivero para garantizar la integridad física del abogado del Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien durante dos meses estuvo exiliado tras recibir amenazas de muerte en su contra por desconocidos que le dejaron un mensaje en las oficinas de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en ésta capital.

Alarcón Hernández dijo que todas las personas que se sienten amenazadas en su integridad física o de su familia, tiene el derecho a que el gobierno les otorgue medidas cautelares “para el efecto de que se prevenga el hecho y no después se lamente”.

Agregó que es mejor que se prevengan las agresiones porque después ya no tiene repercusión ni eficacia el hecho de que se sancione al o a los responsables, y a veces hasta queden en la impunidad.

“Por eso lo importante es la prevención y yo creo que es bueno que se hayan otorgado medidas cautelares a favor de Vidulfo, con quien todos los defensores de derechos humanos nos hemos solidarizado porque realmente es un riesgo toda amenaza que se haga de personas anónimas, porque ese es el problema, que a veces no se puede identificar a esa persona que amenaza”, dijo.

Por otra parte, el integrante de la Comisión de la Verdad Nicodemus Fuentes García opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que los delitos cometidos por militares contra civiles deben ser sancionados por la justicia común o federal es una herramienta para luchar y para que se respeten los derechos humanos.

Consideró que la resolución de la Corte “pudiera” influir en que los militares moderen su conducta hacia los civiles pero dependerá de que el Poder Ejecutivo implemente medidas para que respeten los derechos y si no quedarán pendientes sin poder utilizarse y quedarán como letra muerta.

Por separado, el presidente del PRD en el estado Carlos Reyes Torres dijo es una resolución “aplaudible” y un paso muy importante en la defensa de los derechos humanos.