Improcedente, la denuncia por despojo del predio en Metlapil, dice abogado de los deportistas

Yee Trujillo

El presidente de la Unión Deportiva Interpoblados, Francisco Javier Hernández Campos, y el secretario general de la misma, Abelardo Cortés Baños, acudieron a la Agencia Especializada en Despojo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por la averiguación previa que presentó Invisur por despojo del terreno ubicado en Metlapil, a los desalojados de Ampliación Puerto Marqués.
Sin embargo los inculpados se reservaron el derecho a entregar su comparecencia por escrito a la PGJE a las 10:30 de la mañana del próximo 22 de agosto.
En un boletín de prensa Invisur insistió en que es propietario del terreno, que “es ocupado por más de 300 familias” que fueron desalojadas de Puerto Marqués.
Hernández Campos y Cortés Baños fueron acompañados por unos 30 usuarios de las canchas de futbol, entre ellos representantes de asociaciones deportivas de Tres Palos, San Pedro Las Playas, El Bejuco, Tunzingo, El Cayaco, El Salto, Puerto Marqués, El Arenal, La Sabana, así como el comisario y el delegado de El Cayaco, Ernesto Cruz Gutiérrez y Alfredo García González, respectivamente, y el comisario de Tres Palos, Hipólito Cebrero Centeno.
Por parte de Invisur acudieron el asesor legal Francisco Loaeza y dos personas más, aunque no dieron declaraciones y solamente observaron el proceso.
Tras cumplir con el citatorio, en entrevista Hernández Campos reiteró que este predio les fue donado en 2005 por Invisur, por instrucción del ex gobernador René Juárez Cisneros, pero que ellos se encuentran en posesión del mismo desde 1998; “nosotros no queremos pleito con el gobierno”, subrayó.
“Yo no creo que el gobernador Ángel Aguirre esté enterado bien, lo que pasa es que no le han enterado bien los de Invisur y los de Protur sobre qué terreno es, porque Ángel Aguirre cuando fue senador fue el primero que nos prestó una máquina para empezar a emparejar lµos terrenos”, comentó.
En relación a los desalojados de colonia Ampliación Puerto Marqués, el presidente de la Unión Deportiva Interpoblados aseguró que no están en contra de ellos y que han dialogado para que busquen “otro terreno”, porque “lo que no queremos es enfrentamiento”.
“Son nuestros hermanos, nuestros amigos, al contrario, vamos a ayudarlos en lo que se pueda para que adquieran sus predios, pero esos no”, dijo en referencia al representante de los desalojados, Daniel Morales Serrano.
Hernández Campos criticó que los verdaderos marquesanos que serán beneficiados son pocos, porque “la mayoría de los que quieren los terrenos ya no son de Puerto Marqués, son de otras partes, de Puerto Marqués son unos cuantos”, y pidió que el gobernador los apoye a hacer una unidad deportiva en ese predio para los hijos de los ejidatarios.
Por su parte, el abogado de la asociación civil, Aquiles Márquez Sánchez, consideró que esta denuncia por delito de despojo no procede porque la Unión Deportiva Interpoblados cuenta con el título de propiedad del terreno. “Es injusto que si en el año 2005 el gobierno del estado les dona un inmueble ahora pretende despojarlos”.
El 24 de junio, en conferencia de prensa los usuarios del terreno que es utilizado como canchas desde 1998 pidieron al gobierno del estado que los desalojados fueran reubicados en otra área.
Sin embargo, el 26 de junio, Invisur entregó estos terrenos a los marquesanos desalojados y el pasado martes la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, informó que el gobierno del estado había interpuesto esta denuncia por despojo ya que aseguró que durante la entrega, el día 26, los “supuestos dueños” trataron de invadir el terreno y tuvieron “un altercado verbal” con los marquesanos.
Finalmente, el miércoles, en entrevista, el asesor jurídico de la asociación, Miguel Ángel Ávila Romero, anunció que ya habían hecho la promoción de un amparo contra Invisur por despojarlos del predio y entregar lotes a los marquesanos.
En un boletín de prensa, el director Abel Arredondo aseguró que tienen los documentos que acreditan la propiedad, como la escritura pública, luego del proceso que comenzó contra Javier Hernández Campos y Abelardo Cortez Baños para reclamarlo.
El funcionario recordó que el 26 de enero de 1998, el notario público número 1 de distrito, Alfonso Guillén Quevedo, dio fe e hizo entrega de las escrituras con números 5352, para posteriormente ser registrada ante el Registro Público de la Propiedad el 03 de octubre del 2001 bajo el folio 1782.
Indicó que está en posibilidades de demostrar que hasta ahora las autoridades se han negado a la autorización del plano de regularización de la tierra, documento necesario para la escrituración.