Reprueban 381 ministeriales la prueba de confianza en la PGR

Carlos Moreno A.

La procuradora Martha Elva Garzón Bernal informó ayer que son cinco las líneas de investigación que se siguen en el caso del asesinato del director de Gobernación municipal y presidente del Colegio de Abogados Mariano Otero, Rogelio Lozano Herrera.
Así lo informó durante la sesión del Colegio de Abogados Ignacio Manuel Altamirano, donde acusó a los medios de comunicación de estar desprestigiando el trabajo que realiza: “uno está duro y duro y los medios de comunicación están desprestigiando lo que apenas estamos construyendo de buena fe”.
Advirtió a los reporteros que su plática con los abogados no era una conferencia de prensa, “esto no es una rueda de prensa, vengo a platicar con mis amigos del colegio de abogados”.
La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, expresó a los abogados presentes que se deben sentir tranquilos “porque la gente que trabaja en la orocuración, seguridad pública y administración de justicia están certificados”, por lo que –agregó–ella ya acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizarse los exámenes de control de confianza, toxicológicos y psicológicos”.
También informó que el lunes acudirán los fiscales especializados a hacer lo propio y aseveró que los que no pasen los exámenes “se irán de la Procuraduría”.
Adelantó que algunos efectivos de la Policía Ministerial serán dados de baja: “son gente que no salieron aptos para seguir trabajando“, y “así pasará igual en los ministerios públicos, solo se quedará gente certificada por Seguridad Pública Nacional”.
Extraoficialmente se supo que fueron 500 policías ministeriales quienes acudieron a la aplicación de exámenes de control de confianza, toxicológicos y psicológicos, de los cuales solo 119 aprobaron las pruebas. Pero se conoció que no hay dinero para la liquidación.
Garzón Bernal dijo que busca compartir experiencias para que transite el cambio y establecer así un bienestar entre la ciudadanía y la procuraduría, insistió en que la procuración de justicia registra una evolución, lo que ha permitido combatir las conductas anti-sociales.
Garzón Bernal dijo que en la institución no hay recomendados, “no hay padrinos ni políticos, no tengo un político en la procuraduría”, pero apuntó que se cuenta con abogados que van de 15 a 25 años  de experiencia.
Asimismo expresó que se distribuirán cincuenta plazas ya autorizadas por el gobernador Ángel Aguirre Rivero,  al personal del Ministerio Público de la PGJE para que los trabajadores capacitados puedan ascender.
En otro momento, lamentó el asesinato de la ex fiscal regional de la PGJE de Acapulco, Alicia Díaz González, y dijo “Alicia debe descansar tranquila, porque los actores intelectuales y materiales bendito Dios, ya están guardaditos”.
La ex fiscal Alicia Díaz fue asesinada el 8 de junio en la calle Benito Juárez en el centro del puerto, donde fue acribillada por hombres armados, ahí mismo cayó muerta junto a la cortina del hotel Acapulco.
Durante la sesión abogados expresaron sus inconformidades y opiniones en cuanto al sistema que se maneja en los ministerios públicos, la corrupción y los malos manejos que hay en la Procuraduría. José Luis García dijo que hay un cáncer dentro de los ministerios públicos que es la corrupción, la cual ha sido dañina para procurar justicia e inclusive “me ha tocado ver agentes del Ministerio Público como si fueran particulares diciéndoles a los ciudadanos te voy a cobrar 7 u 8 mil pesos por integrar esta averiguación, una cosa vergonzosa, indigna”.
Ante esos cuestionamientos Garzón Bernal dijo que al aceptar el cargo de procuradora,  encontró oficinas “no dignas” del ministerio público y “Que es lo que se hace cuando uno se cambia de casa, con las cosas que no sirven, hay que desecharlas” por lo que aseveró “a mí no me duele, ni me pueden acusar de nada, lo que no se llevó en mi administración no tengo por qué responder”.
También informó que son cinco las líneas de investigación que se siguen en el caso del asesinato del director de Gobernación municipal Rogelio Lozano Herrera, pero que no puede proporcionar mayor información.
Al finalizar pidió medio minuto de silencio a los presentes por la memoria del también presidente del Colegio de Abogados Mariano Otero, Rogelio Lozano Herrera.
Hace dos semanas Rogelio Lozano Herrera fue asesinado y encontrado en la calle 9 de la colonia Cuauhtémoc. Fue interceptado por hombres armados al salir de su casa en la unidad habitacional Adolfo López Mateos. La PGJE informó que presentó dos heridas de bala.
Pidió el apoyo de la ciudadanía hacia la denuncia de los malos funcionarios, “para que me entere”. Agregó “que aquel abogado que les pida dinero, lo hagan saber”.
Al finalizar la sesión, la funcionaria salió apresuradamente pero un reportero le consultó si se impondría sanciones contra personal de la PGJE corrupta, a lo que la funcionaria expresó que podrían ser denunciados si incumplen con la ley “no soy yo, es el sistema, el consejo estatal de Seguridad Pública es quien califica, quien puso candado a la gente que no funciona y es corrupta dentro de la procuraduría”.
–¿Cuáles son las líneas de investigación sobre los últimos ataques violentos en Acapulco, por ejemplo el de la familia integrada por tres mujeres y un niño?
–Agradezco mucho pero me tengo que ir –contestó arropada por su cuerpo de seguridad que se abrió paso a empujones entre los reporteros.
Consultado al termino de la sesión el Presidente del Colegio de Abogados Ignacio Manuel Altamirano, Alberto Aparicio Navarro, señaló que la violencia que se ha desatado en Guerrero no es selectiva. “va contra todos, niños, ancianos, niñas, señores e inclusive hasta familias enteras que ha sufrido la violencia en sus domicilios”.
Expresó que se tiene miedo salir a las calles y que esto ha creado un pánico entre las personas. “Nosotros todavía no hemos alzado la voz públicamente, quizás también por temor que pudiéramos sufrir algún daño en nuestra persona o familias”.