Tlachinollan

Pueblos Indígenas: los invisibles para el poder y los imprescindibles para el cambio

En los momentos más decisivos para el país, como lo que se está escribiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que analiza 30 asuntos relacionados con delitos y violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra la población civil, de nueva cuenta se encuentran dando la batalla miembros del pueblo indígena nahua. Sin embargo, para las autoridades federales, estatales y municipales, estas personas sencillas que han sido víctimas de la violencia ejercida por los militares, siguen siendo invisibilizadas, no representan un ápice en la lucha por la justicia en nuestro país.
Lamentablemente los gobiernos de cuño empresarial han reducido a mero folclor el Día Internacional de la Población Indígena, ignorando su lucha emancipatoria que exige el reconocimiento constitucional como sujetos de derecho público y demanda respeto a sus formas de gobierno y de organización social.
La lucha que libran en la SCJN familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, es una demostración de dignidad y auténtica búsqueda por la justicia. Así lo ha hecho desde 1974 la defensora Tita Radilla, cuyo padre Rosendo Radilla fue detenido en un retén militar  y de cuya desaparición hace 38 años no ha dado cuentas el Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Tomando como referencia el fallo de la  Coidh, que ya fue analizado en el expediente Varios, los ministros y ministras de la SCJN resolvieron este jueves 9 de agosto, por 8 votos contra 2, que los delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles, sobre todo donde hay violaciones a los derechos humanos, no pueden ser investigados ni sancionados por tribunales militares. Se trata de un primer criterio jurisprudencial derivado del caso de Jethro Ramsés Sánchez Santana quien fue torturado y asesinado por elementos del ejército del XXI Batallón de Infantería, el primero de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos.
Dentro de los 30 casos que analiza la SCJN, se encuentra el de Bonfilio Rubio Villegas, un joven del pueblo nahua de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue ejecutado extrajudicialmente por militares en diciembre de 2009 y cuyo caso fue remitido al fuero militar. Esta situación anómala obligó a la familia de Bonfilio a recurrir al amparo. Es posible que este lunes o a más tardar el martes 14 de agosto los ministros analicen el caso de Bonfilio y apliquen el mismo criterio jurisprudencial, de que los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos por militares contra civiles deben ser sancionados por la justicia común o federal.
Un campesino guerrerense de la Costa Grande que apoyaba la lucha emprendida por Lucio Cabañas y un indígena nahua de La Montaña que luchaba por la sobrevivencia de su familia y soñaba con cruzar la frontera para trabajar en Estados Unidos: uno desaparecido y otro ejecutado, fueron dos guerrerenses despreciados por el poder político. Los dos vivieron en una situación de pobreza y de violencia institucional. En 1974 el Ejército mexicano persiguió, torturó y ejecutó a luchadores sociales por supuestamente simpatizar con la guerrilla, y en el 2009 ese mismo Ejército sigue repitiendo las mismas acciones, pero ahora con el pretexto de combatir a los grupos del narcotráfico (un problema que creció y proliferó en Guerrero a pesar de su permanencia, expansión y poderío en todo el territorio del estado). En uno de sus operativos tiroteó impunemente un autobús que recién arrancaba después de la revisión realizada por elementos castrenses, en un retén instalado en la entrada a Huamuxtitlán. Esta forma cruenta de hacer la guerra contra la población civil dio como resultado la ejecución de Bonfilio Rubio Villegas. Las familias Radilla y Rubio levantaron la voz: la primera llegó hasta la Coidh con una sentencia contundente de trasladar al fuero civil los delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército. La familia Rubio Villegas se ha mantenido firme en su búsqueda por la justicia y ha llegado a la SCJN para que su caso sea revisado y analizado por los ministros.
Es aleccionadora la postura asumida por el maestro José Rubio, su esposa Verónica y los padres de Bonfilio, quienes le han dado seguimiento a todo el proceso judicial y han hecho el esfuerzo de trasladarse a la ciudad de México para estar presentes en las audiencias realizadas por los ministros y ministras de la SCJN. Esta familia indígena que vive del campo, está realizando una acción trascendental para generar jurisprudencia en nuestro país y lograr cambios estructurales relacionados con el fuero militar. Ellos, que no tienen  ninguna aspiración política ni sueñan con obtener algún beneficio económico, honran la memoria de Bonfilio y la de muchas víctimas que han sucumbido ante esta guerra inútil y cruel, para acabar con la impunidad y  acceder a la justicia en condiciones de mayor independencia e imparcialidad por parte de los tribunales civiles.
Por otra parte, lo que han logrado por más de una década de sufrimiento y amenazas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas del pueblo me’ phaa, es ilimitado. A pulso y contra todo el aparato gubernamental que se empeñó en denigrarlas y silenciarlas, lograron dos sentencias históricas ante la Coidh que condena al Estado mexicano por permitir la violencia institucional castrense, que ha propiciado que elementos del Ejército ejerzan violencia sexual contra mujeres indígenas. El Estado mexicano, en lugar de cumplir con todos los extremos de las sentencias sigue empeñado, a través de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, en desvirtuar y postergar deliberadamente el cumplimiento puntual de cada uno de los resolutivos que plantean cambios estructurales a nivel constitucional; en el ámbito de las políticas públicas; en los sistemas de procuración y administración de justicia y en el respeto a los derechos de las mujeres.
Estamos por cumplir dos años de las sentencias y las compañeras Inés y Valentina no han constatado avances sustantivos en las investigaciones, porque sigue habiendo reticencias de las autoridades militares para que sean las autoridades civiles las que tengan todo el control de la investigación. Es bochornoso y lamentable constatar cómo los funcionarios federales se empeñan en negarles a Inés y Valentina el derecho a los servicios de salud pública que ofrece el seguro social. Nada extraordinario están realizando para que ellas tengan en verdad un servicio de salud de calidad, como lo estipula la sentencia de la Corte. En todas las reuniones que se han tenido sobre este tema, ha sido la misma postura displicente, de que sea el seguro popular (que de por sí ya tienen) la única vía para que sean atendidas. Por más que se les ha plan-teado que el Estado mexicano no está ofreciendo una verdadera alternativa a Inés y Valentina, quienes fueron víctimas del trato discriminatorio y del pésimo servicio del personal médico y de las instituciones de salud, siguen con una postura autista y visión miope, proyectando en power point la imagen falsa de lo que es el seguro popular en las regiones indígenas.
Si en verdad funcionara este sistema de salud no se registrarían tantas muertes maternas entre la población indígena. La Costa Chica y La Montaña no ocuparían el primer lugar nacional por estos decesos. Esta situación que lacera y que ofende a las mujeres indígenas no la dimensionan los funcionarios,  quienes no conocen ni mucho menos tienen la remota idea de cómo viven el drama de la sobrevivencia los pueblos indígenas. De manera irresponsable continúan imponiendo programas ineficientes y denigrantes. Los nuevos burócratas egresados de las universidades privadas, a lo que más se oponen es  a realizar altas inversiones en estas regiones para revertir los índices de mortalidad materna, desnutrición infantil, analfabetismo, monolingüismo, déficit alimentario, precariedad de las viviendas, carencia de los servicios de agua potable, drenaje, caminos y luz eléctrica.
Los recursos millonarios que han llegado a La Montaña y la Costa Chica han sido jineteados todo el tiempo por los políticos que han forjado las grandes fortunas de caciques y empresarios que han tratado a los pueblos indígenas como parias y clientelas dóciles, a quienes por su analfabetismo e ignorancia, los obligaban a firmar cheques, convenios, contratos y cualquier papel que acreditaba el gasto de obras fantasmas, o de obras inconclusas y mal hechas. Si realizáramos un recuento pormenorizado de los políticos que han ocupado cargos en representación de los indígenas, nos daríamos cuenta del tipo de gente que sin ningún escrúpulo ha robado y engañado al por mayor a las familias más pobres del estado de Guerrero. Los políticos de ayer y de hoy han desquiciado a los habitantes de La Montaña. Su forma de gobernar es a través del ultraje y del saqueo; de sus actos pendencieros y de su obsesión enfermiza por tener poder y dinero, sin que importe el modo y la forma.
Es en las regiones indígenas de Guerrero donde más se han forjado las luchas y los proyectos para lograr grandes transformaciones en el campo de los derechos humanos; la justicia comunitaria; la seguridad ciudadana; los derechos de las mujeres indígenas; el derecho de los pueblos a ser consultados; propuestas de cambio en el código de justicia militar; respeto y reconocimiento al trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos; amparos logrados para garantizar el derecho a la salud y el derecho a la educación en comunidades indígenas como Mininuma, en el municipio de Me-tlatonóc y Buenavista, en Atlixtac
Son los pueblos originarios los invisibilizados por el poder, quienes están protagonizando luchas inéditas para alcanzar cambios de fondo que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos como individuos y como pueblos. Son ellos y ellas, a quienes se les niega el derecho a estudiar; a alimentarse adecuadamente; a vivir sanos y sanas; a tener un trabajo reenumerado; a poder aspirar a una profesión; a contar con una vivienda digna; a ser reconocidos como sujetos de derecho y ejercer su autonomía para defender su patrimonio, su historia, sus saberes y para construir sus futuro desde las raíces de su identidad. Sin la participación plena de los Pueblos Indígenas en la construcción del derrotero político de nuestro Estado, cualquier gobernante está destinado al fracaso y al ostracismo, porque todo lo que hará estará pensado siempre desde su ego y nunca para dignificar la vida de los olvidados.