Parece que hay intención del Estado de mantener a los pueblos en el olvido, dice Vidulfo Rosales

Sergio Ferrer

Tlapa

Después de un exilio de dos meses en Washington, para alejarse del peligro porque recibió amenazas de muerte, el abogado Vidulfo Rosales Sierra regresó a la oficina del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, donde ha atendido desde 2001 decenas de casos a los cuales ha brindado asesoría jurídica.
Ayer atendió a un hombre de La Montaña, con aspecto sereno y firme, y buscó lugar para una entrevista con El Sur, la primera pregunta gira en torno a saber sus actividades fuera de Tlapa.
Responde que sus actividades no estuvieron disociadas con la situación de Guerrero, primeramente, estuvo en la ciudad estadunidense Washington en la que asistió a discusiones de la Comisión Interamericana de la asamblea general de la Organización de Estados Americanos que se efectuó en Bolivia.
Actualmente el sistema interamericano está siendo cuestionado por algunos países que tienen intención de que les sean retiradas dos facultades: el poder de emitir medidas cautelares y la facultad de emitir su informe anual denominado capítulo cuarto.
Rosales Sierra afirma que las organizaciones no gubernamentales defienden el sistema interamericano porque de quitarle la facultad de emitir medidas cautelares, los estados americanos quedarían en gran indefensión porque es uno de los medios más eficaces de protección de derechos humanos en el mundo incluso superior al del sistema europeo o el africano.
En Guerrero, han sido requeridas dichas medidas para defensores de derechos humanos en riesgo, “en todo el mundo no se puede recurrir a otra parte esperando justicia en el plano internacional como se da con la Comisión y la Corte”, (interamericanas de derechos humanos) aseguró.
También el litigante recordó que estudió la utilización del sistema interamericano en nuevos casos como la sentencia recién emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) a favor de la población originaria de Pueblo Sarayaku, que emprendió una lucha a mitad de los noventa contra Ecuador y su concesión a una compañía argentina petrolera.
En el territorio quichua, el Estado ecuatoriano, deberá neutralizar, desactivar y retirar la pentolita, el explosivo utilizado para extracción, además de capacitar en derechos humanos a militares, policías y funcionarios involucrados en sus funciones con pueblos indígenas. El tribunal interamericano, señaló que la concesión petrolera violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.
Para Rosales Sierra, la Corte marcó un criterio en cuanto a la definición de qué es una consulta, cuáles son sus elementos, lo cual es vigente para Guerrero en casos como La Parota, hidroeléctricas o las mineras, “reconocer si el derecho de los pueblos indígenas esta vulnerado o no está siendo consultado”.
Agregó que es una obligación ineludible de los estados consultar a los pueblos sobre leyes, proyectos de desarrrollo e inversión, la cual debe ser previa, de buena fe, atendiendo los sistemas normativos de los pueblos indígenas.
“Es un proceso constante, por eso la sentencia de Sarayaku dará pauta al marcar que la consulta debe devolver la pelota a los indígenas para que de acuerdo a sus valores tradicionales se realice la consulta”, ratificó, ahondando que los foros de discusión no son consulta como lo planteó en su defensa el gobierno ecuatoriano, la consulta no se agota en un solo acto.
Para el abogado, muchas dependencias en México han hecho foros pero no es una consulta como tal, a su parecer, a la luz de la reforma al artículo primero constitucional, las sentencias interamericanas deberían ser ya vinculantes y por lo tanto observadas por los órganos de justicia del Estado mexicano porque aceptó la Convención Americana y ésta creo la Corte.
–¿Cómo percibió la situación del país desde afuera?
Rosales Sierra, que también estuvo en Costa Rica, sede de la Corte Interamericana, indicó que el país, en especial Guerrero se veía bajo un panorama complicado con una diversidad de problemas dentro de los que resaltaba el de seguridad pública, el conflicto entre la delincuencia organizada, el papel del Ejército en las calles y la falta de controles civiles, así como las constantes muertes por asesinato.
Menciona: “es complejo resolver las aristas del problema pero logré vislumbrar qué puntos las autoridades deben tocar, en qué sentido tendría que direccionar el gobierno las políticas públicas para revertir esos problemas”.
Entre estas cuestiones, está la forma actual de la política de seguridad pública, una mano dura que opta a ultranza por la fuerza pública que por sí sola no conducirá a ninguna salida, “primero es un combate decidido a la corrupción, una revisión a los órganos policiales así como una reforma y fortalecimiento de los cuerpos y yendo más allá revisar el sistema de justicia”.
Dicho sistema no debe estar permeado por la corrupción, debe ser sólido e independiente porque no existe en el país un Poder Judicial fuerte, más bien es débil, al contrario del Ejecutivo que sí tiene fortaleza lo cual es un desequilibrio que no ayuda a la sociedad, aseveró.
Un botón de ejemplo son los centros penitenciarios, nidos de corrupción que deberían estar cumpliendo la función de readaptar al detenido pero este rubro está pendiente porque los gobiernos no están atacando los puntos neurálgicos, agregó.
–¿Qué pasa con la cuestión educativa?, la situación de los jóvenes cuyo futuro es inestable al no tener acceso al estudio
–Es peligroso, el gobierno no está cumpliendo con su obligación internacional de dotar del presupuesto necesario para la educación, el porcentaje que se aporta del PIB no cubre los estándares que organismos de la ONU han indicado. Esto indica que el recurso se ha desviado a otros lados. Hay que tener presente el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales el cual obliga al Estado a aportar el máximo de recurso disponible que se tenga para el tema de derechos sociales; educación, salud y vivienda.
“Se aporta más a otros rubros, tan sólo en el proceso electoral se destinó cantidades mucho mayores si se cuantifica la temporalidad del proceso electoral con los recursos aportados este año, la educación es un tema político ideológico para el Estado. Es decir que no se quiere vislumbrar a la educación como un derecho sino como un servicio público, si quieres educación tienes que pagarla, no es obligación sino que es visto como servicio”.
El abogado, criticó que en Guerrero, los políticos que resultaron “ganadores” de la contienda electoral no se han pronunciado por los rechazados que hay en lugares como Chilpancingo o Acapulco, “andan por ahí los jóvenes mendigando una matrícula, apoyo sin que los volteen a ver, aunque su derecho está establecido en pactos internacinales”, y aseguró que falta la solidaridad de #Yosoy132 en Guerrero para con los estudiantes, y respecto a las luchas universitarias en la UAG, apuntó que desafortunadamente están mediadas por corrientes políticas.
Es así que para Rosales Sierra, el reto es que la sociedad se organice, que la sociedad civil empuje el respeto a sus derechos para que se vuelvan realidad.
–¿Es el destino de defensores de derechos humanos o periodistas como Lydia Cacho tener que enfrentar amenazas o situaciones non gratas?
– Son actos que no deberían pasar, personalmente y creo que también la gente que está en defensa de los derechos humanos lo considera, se ha decidido luchar desde esta trinchera, ni en Guerrero ni en México debe existir esta situación el gobierno debiera proteger a todas aquellas personas que protegen y promueven los derechos humanos, porque es una actividad enfocada al fortalecimiento de las democracias.
Es una ayuda al Estado para que sea más democrático y reencauce sus políticas, para que los pueblos alcancen sus derechos negados, que los ciudadanos a pie sean tratados dignamente y accedan a la educación, salud, justicia teniendo información de cuáles son sus derechos ¿si la función del Estado es la misma que hacen los defensores, porqué perseguirlos, matarlos o amenazarlos?, se pregunta.
“Al respecto, la Comisión Interamericana ha emitido dos informes en 2006 y 2011 en los cuales con claridad recomienda a México garantizar y proteger el trabajo de los defensores, periodistas que trabajan para el fortalecimiento del Estado democrático, “a la vez que yo ejerzo mi derecho a defender a las personas, a expresar mis ideas, opiniones, hago efectivo el derecho de los pueblos indígenas con la ley en mano”, expresó.
En otro tema, respecto al reconocimiento de secretarías como la de Salud, que aceptó ocupar uno de los primeros lugares en muerte materna, si esto significaría cierta incapacidad de las autoridades para atender problemáticas, Rosales Sierra dijo:
“Parece existir una intención deliberada del Estado por mantener a los pueblos en el olvido, si bien no se desestima el trazado de políticas en materia de salud como el Seguro Popular, Oportunidades, programas para abatir las muertes maternas planteadas muy bien por escrito, el sistema falla en la práctica cuando los funcionarios ejercen discriminación, son prepotentes con los indígenas, los siguen considerando ciudadanos de segunda o tercera categoría, eso se le llama indolencia y es una situación que debe terminar así como la situación de pobreza extrema que se vive en La Montaña.
“Otro claro ejemplo, es La Sabana, que actualmente lucha por tener médico de planta que atienda a la población me’phaa, dentro de la cual hay niños con discapacidad que no están recibiendo atención necesaria. Rosales Sierra, acotó en este punto la pregunta de porqué mientras en lugares como la Ciudad de México, Chilpancingo, Taxco, los hospitales están a minutos de distancia, en comunidades de La Montaña, es difícil acceder a los servicios de salud.
“A La Sabana, el médico de brigada no subió casi durante un año pero la contraloría de la Secretaría de Salud no se tomó la molestia de ir a la comunidad, porque seguramente el funcionario de salud en Chilpancingo no quiso andar por la Montaña, eso es discriminación”, tachó el abogado.
Al finalizar la entrevista, Vidulfo Rosales Sierra, quien recuerda que antes de la construcción de la  carretera Tlapa Marquelia, los viajes que hacía desde su pueblo por provisiones eran a pie o con animales de carga y se podían encontrar especies salvajes que ahora ya no se ven, señala su preocupación del contexto complejo que se vive en Guerrero.
Lamenta que gobiernos van y vienen así como partidos de derecha y supuestamente de izquierda mandatan pero las circunstancias de las y los guerrerenses sigue igual, aún se vive en las escalas de los primeros lugares de pobreza, en las listas que contienen a los municipios más pobres, marginados y analfabetos de Latinoamérica sin vislumbrarse que la situación cambie o el gobierno tenga políticas para revertir de fondo la corrupción la falta de acceso a la justicia así como el diseño de políticas adecuadas.
“La sociedad civil está dispersa a eso se agrega la violencia del crimen organizado, las muertes que se ven diario en los periódicos, eso hace al ciudadano común más vulnerable y mucho más a las organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos, periodistas que se colocan en la línea de fuego, sin embargo continuaremos en el camino de acompañar a las personas en la búsqueda de justicia articulando Tlachinollan esfuerzos con otras organizaciones para exigir cumplimiento de tratados internacionales”, finalizó.