El abogado de Willy Reyes refuta versiones y pide al Congreso desechar el desafuero

Daniel Velázquez

La Comisión Instructora del Congreso local debería desechar el juicio de desafuero iniciado en contra de Willy Reyes Ramos, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de Luz y su asistente Érick Estrada.
Así lo expresó el abogado defensor del alcalde de Tlapa, Xavier Olea Peláez, quien en conferencia de prensa en sus oficinas de Acapulco dijo que acreditó ante la Comisión Instructora que no hubo un móvil, que Reyes estuvo en un lugar diferente el día y la hora en el que los presuntos homicidas señalan que el alcalde les pagó por el asesinato, además de los errores de procedimiento en que incurrió la Procuraduría General de Justicia del Estado.
El abogado convocó a conferencia de prensa para desacreditar la información publicada a principios de mes por diarios de Chil-pancingo, de que Reyes había conversado con el presidente de la Comisión Instructora del Congre-so, el priista Marco Antonio Ley-va Mena, quien le habría dicho que se dictaminaría a favor del juicio de desafuero en su contra.
Olea Peláez dijo que es “falso” que su defendido haya mantenido reuniones o conversaciones con Leyva Mena, y acusó al ex procurador Alberto López Rosas o a la familia de Moisés Villanueva de la Luz como los probables responsables de haber propagado esa versión.
“No ha habido ningún acercamiento ni de parte de la defensa de Willy Reyes y mucho menos de él en lo personal”, dijo.
La versión de la conversación entre Reyes Ramos y Leyva Mena recogida por medios de prensa de la capital citaba como fuente al propio alcalde de Tlapa.
Semana y media después de que salieron esas declaraciones, Reyes publicó un desplegado en el que niega haber tenido acercamientos con cualquiera de los integrantes de la Comisión Instructora y ayer su abogado salió a desacreditar esa información, porque “ no podemos permitir la defensa de Willy Reyes que por razones fuera de todo contexto legal salgan y pretendan engañar a la opinión pública, de dónde vino, seguramente del ex procurador Alberto López Rosas o de la familia del diputado 500”.
El abogado expuso que “acreditó plenamente la imposibilidad fáctica” de que Willy Reyes pudiera haber entregado personalmente a Juan Miguel Martínez Plácido, alias El Pequeño o El Gordo, junto con sus cómplices la cantidad de 300 mil pesos cerca de la tienda Chedraui en Tlapa la tarde del 4 de septiembre de 2011.
“Eso resulta imposible en virtud de que a la hora y día en que se dice entregó Willy el dinero, él se encontraba en una población llamada Tepechi del Río, en La Montaña; Willy no tiene el don de la ubicuidad y resulta imposible esa circunstancia y ello lo apoyaron más de 20, 30 testigos que estuvieron con Willy a la hora y día que dicen entregó el dinero”, dijo.
Otro de los argumentos de la defensa es que “la Procuraduría del estado en ningún momento ha ejercitado hasta el día de hoy (ayer) la acción penal contra Willy Reyes Ramos y esa es condición sine qua non para que pueda intervenir el Congreso del estado, con ese punto sería suficiente para que el Congreso del estado señalara la falta de procedibilidad y la ausencia de procedibilidad del juicio de procedencia”.
Además de que la Procuraduría no acreditó un móvil del porqué su cliente, el alcalde de Tlapa, pudiera ser señalado como el autor intelectual del homicidio de Moisés Villanueva.
Señaló que el ex procurador López Rosas es “un ignorante del proceso penal” y por eso no se ejerció acción penal contra Reyes.
Explicó que antes del juicio de desafuero iniciado por  Congreso se debió haber librado una orden de aprehensión, y como el alcalde tiene fuero constitucional entonces se debió solicitar al Congreso el juicio de desafuero, “pero si la propia Procuraduría no ha determinado esa averiguación previa, resulta absurdo pretender siquiera que el Congreso desafuere a un sujeto que tiene fuero constitucional”.
–¿Con este error se puede de-sechar el juicio de procedencia?
–Yo creo que el Congreso y la Comisión Instructora con ese simple hecho debe declarar improcedente el juicio de procedencia
Sobre la opinión que la Comisión Instructora solicitó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Xavier Olea dijo que cualquier opinión de gente calificada en derecho penal será “bienvenida” y confió en que será a favor de su defendido.
“En lo que no estoy de acuerdo es que un diputado señale que se van a basar en una opinión de terceros cuando ellos, la Comisión Instructora, estuvieron presentes en todas las diligencias, de lo que deviene que no se necesitan asesores externos para esta circunstancia”, dijo.
Sobre la proximidad del fin del periodo de los diputados locales y de su defendido, el abogado espera que se resuelva en esta legislatura, porque de no hacerlo “sería una irresponsabilidad” que sean otros diputados los que lo asuman, porque fueron los actuales quienes conocieron del caso.