Habrá demanda penal contra Zeferino por el edificio de la Costera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Contraloría General del Estado anunció ayer que interpondrá “las denuncias penales que procedan” en contra del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo debido a la falta de comprobación de más de mil 38 millones pesos en la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac), que albergaría las oficinas gubernamentales en Acapulco y que dejó inconcluso, y porque encargó la obra a la Secretaría de Finanzas, dependencia que no tiene facultades para eso.
En conferencia de prensa a las 2 de la tarde, el contralor Julio César Hernández Martínez dijo que esta es la primera observación que se hace por irregularidades financieras directamente en contra del ex gobernador, por lo que advirtió que tendrá que comparecer durante el procedimiento administrativo que dará inicio en los próximos días.
Asimismo, en un comunicado oficial, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero precisó que “la Contraloría General del Estado iniciará los procesos administrativos y las denuncias penales que procedan, en contra del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, por la falta de comprobación de más de mil 38 millones de pesos, con motivo de la construcción del Centro de Atención Ciudadana (Cedac) que albergaría las oficinas del gobierno del estado en el puerto de Acapulco”.
Tres días después de que el ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo reiteró sus ataques contra el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el contralor dio la conferencia de prensa. El viernes pasado, durante el velorio del dirigente perredista Octaviano Santiago Dionicio, al ex gobernador se le preguntó sobre los señalamientos de la Contraloría General del Estado a los ex funcionarios de su gobierno y respondió: “Primero vean a los que tienen aquí, que no vayan lejos y que investiguen a los hermanos y a las familias, en su momento voy a contestar, hoy no quiero”.
El funcionario estatal ayer informó que las observaciones físico-financieras se encontraron durante una auditoría que realizó la Contraloría a la Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales de la Secretaría de Finanzas y Administración por el periodo 2009, 2010 y 2011, en los recursos que se utilizaron para la construcción del Cedac, un edificio modernista de varios pisos que se figuran como un pastel y que se levanta abandonada en la avenida Costera frente a la playa Hornos.
El contralor agregó que en esa revisión se encontraron observaciones financieras y físicas por un monto total de mil 38 millones 674 mil 837 pesos con 97 centavos, motivo por el cual informó que la misma Contraloría iniciará los procedimientos administrativos correspondientes “y en su caso, presentará las denuncias penales que procedan”.
Hernández Martínez informó que la auditoría que se aplicó a los recursos para la construcción del Cedac se derivó de la orden de auditoría CGE-SA-OA-026/2012 del 21 de febrero de este año.
Los resultados de dicha revisión arrojaron el hallazgo de dos acuerdos mediante los cuales Torreblanca Galindo autorizó a la Sefina para contratar y ejecutar la obra, “sin que dicha dependencia tenga facultades expresas en la Ley de ejecutora de obra”, se expresa en los resultados de la auditoría.
El primer acuerdo del ex gobernador señala: “Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Finanzas y Administración, para convocar y contratar obra pública y sus servicios, para llevar a cabo la construcción de nuevas oficinas de gobierno en el estado de Guerrero”.
El segundo dice: “Acuerdo por el que se delegan a la subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración, las facultades para convocar y contratar obra pública y sus servicios y demás acciones necesarias, para llevar a cabo la construcción de las nuevas oficinas de gobierno en el estado de Guerrero”.
El primer acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de febrero del 2010 y el segundo el 5 de marzo del 2010.
El contralor explicó que la irregularidad radica en que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado no tiene facultades para ejecutar obra pública, “siendo la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la competente para ejecutar obra en el estado”.
En cuanto a los conceptos observados, el contralor Hernández Martínez informó que hay documentación que no fue presentada, documentación observada por falta de pagos del 5 al millar, por falta de pagos del 2 al millar y por falta de pagos del 2 por ciento, todo por un importe de 617 millones 314 mil 31 pesos.
Además, la auditoría encontró que “no se presentaron comprobantes de pago, como pólizas, cheques y/o transferencias electrónicas; no se presentaron estados de cuenta por el pago de los terrenos donde se edificó la obra; no se presentó el valor catastral y fiscal de algunos de los locales adquiridos; asimismo, hizo falta la transferencia electrónica y recibos de pago de las retenciones del 5 por ciento y 2 por ciento al millar; tampoco se presentó documentación del saldo pendiente por estimar y por amortizar”.
Mientras tanto, en el aspecto físico, se informó que se encontraron observaciones en los contratos a la empresa Cimentaciones Mexicanas SA de CV, con número de contrato SFA-OBRA-001/2010; a Ingeniería e Instalaciones SA de CV con número de contrato SFA-OBRA-005/2010; y a Arquitectos S de RL de CV, con número de contrato SFA-OBRA-003/2010.
El total de los montos observados en la asignación de los contratos es de 421 millones 360 mil 806 pesos.
Dichas observaciones tienen que ver con pagos en exceso, pagos improcedentes, deficiencias técnicas en la ejecución de la obra y trabajos ejecutados sin que se presente el soporte documental.
Asimismo, se encontró diferencia entre el monto contratado y el monto estimado, reveló la revisión financiera.
Derivado de la observación directa a los recursos aplicados en la obra por el orden de los 617 millones 314 mil 31 pesos y las observaciones al aspecto físico de la obra por 421 millones 360 mil 806 pesos, el monto total de las observaciones alcanza los mil 38 millones 674 mil 837 pesos.
El contralor del estado informó que a partir de estas observaciones la Contraloría iniciará el procedimiento administrativo en contra directamente del ex gobernador Zeferino Torreblanca y cinco de sus ex colaboradores, y que dependiendo de los resultados la misma Contraloría estatal podría aplicar las sanciones porque se trata de recursos estatales.
Dijo que las sanciones podrían ser desde una amonestación pública o privada y la inhabilitación para ocupar un cargo público.
Además señaló que la dependencia es competente para presentar la denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia del estado, de ser necesario, “para que a su vez esta institución valore si hay elementos para que se ejercite la acción penal en contra de los ex servidores públicos”.
Por lo pronto, el funcionario estatal informó que en los próximos días la Contraloría estatal va a citar a comparecer a los ex servidores públicos, entre ellos el ex gobernador Torreblanca Galindo y sus cinco ex colaboradores.
Hernández Martínez destacó que esta es la primera observación que se realiza directamente al ex gobernador y el primer procedimiento administrativo al que será sujeto, pero  no descartó que haya otros posteriormente, “por toda la revisión que estamos haciendo de manera profesional y responsable, basándonos en estricto apego a la ley y sin ningún otro tipo de consideración”.
Aclaró que el ex gobernador tiene garantías que le concede la ley  y que una de ellas es que acuda a realizar las aclaraciones que considere pertinentes en el transcurso de este procedimiento administrativo que se iniciará en su contra.
Los cinco ex funcionarios involucrados en las observaciones son el ex secretario de Finanzas y Ad-ministración, Ricardo Cabrera Mo-rín; el ex subsecretario, José Antonio Bajos Valverde; la ex directora general de Administración y Servicios Generales, Patricia Margarita Díaz Hernández; el ex director general de Administración y Desarrollo de Personal, Enrique Félix Narciso Pasta Muñúzuri, y la ex coordinadora regional de la Sefina en Acapulco, Sandra Luz Flores Jiménez.