Es sólo un primer paso, dice Human Rights Watch e insiste en evitar la impunidad militar

Daniela Rea / Agencia Reforma

Ciudad de México

El acotamiento del fuero militar es sólo un primer paso en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos de las Fuerzas Armadas, advirtió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Si la Suprema Corte de Justicia de México sienta jurisprudencia al establecer que los casos de esas violaciones deben pasar a juzgados ordinarios, remarcó, faltaría garantizar que los delitos no quedarán impunes.
El sistema mexicano de justicia ordinario, señaló, aún registra deficiencias, pese a la reciente reforma penal.
“Después de lograr la aprobación de la reforma en 2008, el Presidente (Felipe) Calderón prácticamente la abandonó. La reforma no ha recibido ni los recursos ni el apoyo político necesario para ser implementada”, indicó en entrevista.
“Después de cuatro años, muchos estados ni siquiera han empezado a implementarla, y en los pocos en los que se ha hecho algo se han sancionado normas para contrarrestarla. Me refiero, por ejemplo, a la contrarreforma de Chihuahua. Por lo tanto, los cambios legislativos positivos, como la eliminación de los incentivos perversos para obtener confesiones bajo tortura, aún no se reflejan en la práctica”. agregó.
Vivanco celebró la decisión adoptada por la Corte la semana pasada al analizar un caso de conflicto competencial en delitos contra un civil cometidos por militares, mediante la cual traslado el expediente a un juzgado ordinario.
Aún falta, recordó, que emita un total de cinco decisiones bajo este principio para sentar jurisprudencia vinculante. La Corte revisa actualmente una treintena de conflictos competenciales y amparos relacionados con el fuero militar.
“Establecer jurisprudencia vinculante enviaría un mensaje inequívoco a todos los agentes del Ministerio Público ordinario y militar: desde el momento en que existe la posibilidad de que un caso sea un abuso de militares contra civiles, los encargados de la investigación deberían ser civiles”, apuntó el director regional de HRW.
“No debe existir ningún pretexto ni duda que autorice a un Ministerio Público federal a trasladar estas investigaciones al Ministerio Público militar; ni para que el Ejército impugne la jurisdicción civil en tales casos, frenando la investigación”.
En días pasados, la organización internacional informó que del 2007 a abril del 2012 la Secretaría de la Defensa Nacional inició 5 mil averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos por parte de militares, de los cuales sólo 38 habían recibido sentencia.
Vivanco consideró sintomático que las cifras sólo puedan ser obtenidas a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“El fuero militar sigue siendo una caja negra, sobre todo para las víctimas que quieren obtener información sobre los procesos relacionados con sus casos. Seguimos sin poder acceder a información básica, como por ejemplo: ¿cuáles son los abusos que supuestamente se están investigando en estos casos?, ¿cuántos militares han sido consignados?, ¿cuántos casos archivados?”, cuestionó.
Además, agregó, las cifras demuestran, que cuando los militares son juez y parte, prevalece la parcialidad. “Por ejemplo, muchas veces se clasifican casos de posibles torturas como delitos más leves de ‘lesiones’ o ‘abuso de autoridad’ sin antes investigar las denuncias adecuadamente. También documentamos que, en casos de supuestas desapariciones forzadas, no se entrevista a funcionarios públicos supuestamente involucrados y se refieren automáticamente a estos casos como ‘levantones’”, reprochó.
“Además, en casos de civiles asesinados en supuestos tiroteos entre militares y la delincuencia organizada, aceptan los informes de los militares como una descripción veraz de los hechos, en lugar de cuestionar los informes oficiales, muchos de los cuales presentan abundantes contradicciones y no coinciden con las versiones de los testigos”.