Soy ajeno al caso de los normalistas, dice ex procurador que fue citado a declarar

Jesús Saavedra

Chilpancingo

El ex subprocurador de Justicia Alejandro Hernández Paz y Puente afirmó que no tuvo conocimiento de las investigaciones que la Procuraduría abrió por el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa, pues el entonces procurador Alberto López Rosas lo relegó de esa función y asignó unilateralmente el caso al otro subprocurador, César de los Santos Mendoza.
Además, se quejó de que haya en su contra una orden de presentación de la PGR, cuando nunca fue notificado que tendría que declarar por esos hechos en el Ministerio Público Federal.
Hernández Paz y Puente realizó una conferencia de prensa en su domicilio en esta capital, donde denunció que un par de hombres lo vigilan desde la mañana de ayer, “desconozco sus intenciones, pero creo que deben ser agentes federales”, dijo.
Recordó que fue designado subprocurador de Control Regional y Procedimientos Penales de la PGJE en abril del año pasado por el gobernador Angel Aguirre, hasta el 5 de enero cuando designaron a Juan Manuel Herrera Campos como nuevo subprocurador y encargado de la dependencia.
Explicó que daba esa conferencia luego de que el contralor del estado, Julio César Hernández Martínez, informara el domingo en Acapulco que se había iniciado un procedimiento administrativo de responsabilidad contra 24 servidores de la PGJE.
“Encabezo la lista como subprocurador y hoy aparece una nota (periodística) más fuerte, diciendo que estoy detenido, desmiento esta situación, es falso que haya una orden de aprehensión en mi contra”, aunque aceptó que sí hay una orden de presentación para que declare en la PGR, pero que nunca le fue comunicada oficialmente.
Alejandro Hernández dijo que es por esas “circunstancias y detalles por lo que me siento incómodo; la procuradora General de la República, Marisela Morales, no tuvo la atención, atendiendo al cargo que desempeñé, que me haya citado con anterioridad para fundar las causas para citarme y en atención a las facultades que tuve en la integración de la averiguación previa que se sigue en la PGJE y en la PGR, en órganos de derechos humanos”.
El ex funcionario dijo que en su “carácter de subprocurador mis facultades y atribuciones se encuentran establecidas en la ley orgánica, si bien es cierto que todos los agentes o miembros de la PGJE se encuentran siendo partícipes, se encontraban bajo mi mando, como segundo al cargo después de Alberto López Rosas, pero debo aclarar, en vía de aclaración, con independencia de las facultades y atribuciones que la ley orgánica dan a un servidor, por instrucciones del procurador Alberto López Rosas me encontré ajeno, al margen de la integración de la averiguación previa”.
Señaló directamente al otro subprocurador en funciones, César de los Santos Mendoza, de haber sido el responsable de la integración de esa diligencia ministerial.
“Como todos lo saben, en diversas apariciones, al presentar a diversos sujetos activos en la comisión de delitos que en su momento ocuparon los titulares de las notas, el subprocurador de Víctimas y Atención del Delito, César de los Santos, fue o es el encargado, en coadyuvancia con el nuevo subprocurador, del asunto que dio inicio el 12 de diciembre cuando perdieron la vida dos estudiantes de Ayotzinapa”, afirmó.
Hernández Paz y Puente fue directo en señalar a César de los Santos: “él fue el encargado por instrucciones de Alberto López Rosas, de esa averiguación, no tuve, ni tengo conocimientos de los detalles del estado jurídico del homicidio de dos estudiantes y del despachador de la gasolinera Eva”.
Explicó que acudió al lugar donde asesinaron a los dos normalistas, por órdenes de López Rosas, pero no para asumir la responsabilidad de las indagatorias, como lo marcan sus atribuciones legales, sino porque el entonces procurador le pidió que atendiera una denuncia de que había sido detenido en ese desalojo un periodista (Erick Escobedo), y “arribé al lugar de los hechos cuando perdieron la vida los dos estudiantes, llegué, pero cuando arribé ya estaban a punto de retirar los autobuses, ya los cuerpos habían sido levantados”.
Dijo que en ese lugar estaban la ex fiscal de la zona Centro de la PGJE, María Severiana Flores Peña, y la ex agente del Ministerio Público en el distrito judicial de Bravos, María Eugenia Salgado Guzmán, y “les manifesté que su actuación ministerial se constriñera a lo que establece el derecho y que su actuar se llevara de manera jurídica, legal, no apartada del derecho, que se observara la ley, que se siguieran parámetros”.
Añadió que después localizó al periodista en la oficina del director de la Policía Investigadora Ministerial y que constató que fue puesto en libertad, “hasta ahí tuve conocimiento de la averiguación previa de esos hechos; Alberto López Rosas no me incluyó, no me dio instrucciones para seguirla, desconozco lo que haya ocurrido”.
Insistió que en el lugar del asesinato de los dos normalistas instruyó a las dos agentes del Ministerio Público a “seguir con los lineamientos de la cadena de custodia, esa fue la instrucción, ellas iniciaron la averiguación previa de los propios autos y la inspección ocular, se desprende que quien iba al frente de esas indagatorias es César de los Santos, desconozco si firmó alguna diligencia, pero de que consta en autos que él es responsable de esa investigación, constan”.
“Por instrucciones de Alberto López Rosas, el encargado de integrarla, supervisarla, darle seguimiento, César de los Santos; me correspondía hacerlo, pero el procurador instruyó y ante esa instrucción no podía desobedecerla y desconozco los motivos por los que tomó esa decisión”, explicó.
Alejandro Hernández afirmó que “fue una orden verbal, el señor procurador por lo general siempre utilizó a César de los Santos de carácter relevante y considero que no haberme permitido cumplir con mi función será análisis de las autoridades, a mí me dejó al margen”.

Aún no le notifican nada

Aunque defendió la actuación del Ministerio Público, “no puede ser que estén realizando actuaciones defectuosas como erróneamente lo está haciendo notar la PGJE, sería incongruente que una autoridad judicial haya arraigado a policías, porque ésta fundada en pruebas que la PGR dice son deficientes, el actuar de la PGJE debió, debe y deberá ser apegado a derecho”.
En ese sentido, dijo que aún no le notifican de la indagatoria de la Contraloría, ni del citatorio para declarar en el Ministerio Público Federal, “la PGR debió haberme hecho saber que estaba siendo relacionado y que mi declaración es o resulta necesaria de los hechos, nunca se me ha informado, existe una orden de presentación en mi contra, que no es motivada, fundada, que es violatoria a mis derechos, porque se debió notificarme que iba a declarar en relación a los hechos, y de manera repentina que se me libre una orden de presentación; no he visto esa orden, tengo conocimiento que hay, estoy en la mejor disposición de aportar a la investigación”.
“Ante la actitud de zozobra que me ha generado la actitud legal que ha asumido la PGR, y ante esta situación que me pone en zozobra jurídica, tengo la necesidad de recurrir a la justicia federal de pedir una suspensión, ante una irregularidad”, agregó.
Paz y Puente consideró que “esa actitud no es la más correcta, porque finalmente se debe apegar a la legalidad, y si a mí se me quiere ajustar a un hecho ilegal, de ahí parto que no es una actitud jurídica, no me parece regular ese actuar. Me siento agraviado, debí ser notificado para presentarme a declarar en términos normales, sólo que se me hubiera asumido actitud omisa e irresponsable, y hoy voy a presentar una demanda de suspensión del acto reclamado”.