Certifica el Inali a intérpretes para ayudar a indígenas a defenderse en tribunales

Julieta Riveroll / Agencia Reforma

Ciudad de México

En los años 70, un purépecha de Quinceo, municipio de Parácho, Michoacán, fue acusado de homicidio y condenado a 20 años de prisión.
Pese a no dominar el español, no recibió asistencia durante el juicio para comprender de qué era acusado. Armando Alejandre Flores cree que si su familiar hubiera contado con un traductor habría sido exonerado o al menos, recibido una sentencia menor.
Esta experiencia motivó al joven de 34 años no sólo a estudiar la licenciatura en Derecho, sino a certificarse como intérprete en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para servir como puente de comunicación entre el acusado y la autoridad.
“El español que se habla entre los purépechas (p’urhépechas) es apenas para lo básico, para lo elemental, para llegar y pedir un kilo de azúcar, pero no para sostener una declaración ni para entender una acusación, máxime que en los juicios y los procedimientos se evocan términos técnicos”, explicó Flores.
Desde 2007, el Inali puso en marcha diplomados para formar intérpretes y traductores especializados en la procuración y administración de justicia. Hasta la fecha, se han impartido en 11 estados de la República Mexicana (Guerrero, Oaxaca, Chihuahua, Veracruz, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Campeche, San Luis Potosí y Tabasco), más el Distrito Federal.
“Empezamos a trabajar en estas entidades, junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), porque ahí es donde mayores dificultades jurídicas han enfrentado algunos indígenas (ya que hay 8 mil 211 presos en todo el país, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública)”, aseguró Javier López Sánchez, director del instituto.
Las 497 personas formadas por el Inali en estos diplomados integran el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores, que se conoce como Panitli. Tanto el personal de la Procuraduría General de la República como del Consejo de la Judicatura Federal tienen acceso a los datos de estos profesionistas, gracias a los convenios firmados con el instituto para resolver con mayor agilidad casos en los que los indígenas sean inculpados.
“Con estos diplomados hemos atendido a 7 de las 11 familias lingüísticas y a 90 de las 364 variantes lingüísticas. En total hemos cubierto 34 de las 68 lenguas indígenas, entre las que se encuentran la maya, náhuatl, otomí, mixteca y zapoteca”, dijo el funcionario.

Frenar la injusticia

Certificada en junio pasado como intérprete indígena por parte del Inali, Irla Elida Vargas, hablante del náhuatl de la huasteca hidalguense, ha participado en cuatro juicios, donde los inculpados todavía no reciben sentencia. Con base en las declaraciones que han hecho en su lengua originaria, dos de los acusados se presumen inocentes.
“Cuando a uno de los hombres lo detuvieron y le tomaron la declaración, se cansó tanto de que lo tuvieran sometido por horas a la lectura de documentos con términos jurídicos incomprensibles para él que terminó por decir que era culpable de abuso sexual. La interpretación ha sido fundamental para que él reconozca que no cometió el delito del que se le acusa”, admitió Vargas.
Como parte de esta profesionalización, el INALI también pretende regular el sueldo que reciben los traductores para dignificar su trabajo impulsando a las instancias de justicia municipales, estatales y federales a que dentro de su programación presupuestal consideren una partida destinada al pago de estos trabajadores.
En lo que este objetivo se concreta, la CDI aportó este año un millón de pesos para cubrir su salario, por lo que de esa bolsa provinieron los recursos económicos que Vargas obtuvo por su labor, 935 pesos por interpretación.
“Es un sueldo digno, sí, pero esporádico porque no trabajo en esto con mucha frecuencia”, dijo la también licenciada en educación, quien tiene la expectativa de que el intérprete tenga más presencia en otros ámbitos, como el de la salud.