Descarta el IFE que Peña Nieto hiciera campaña adelantada

Agencias Proceso y Reforma

Ciudad de México

El Instituto Federal Electoral (IFE) asestó un duro golpe al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador al desechar la queja interpuesta por su partido, el PRD, sobre la ilegal sobreexposición en medios, particularmente en los espacios de Televisa y Radio Fórmula, del priista Enrique Peña Nieto durante la campaña electoral.
En una resolución dividida y sin la profundidad que requería el tema, como denunció Alfredo Figueroa, los consejeros resolvieron declarar infundada la queja sobre la supuesta adquisición ilegal de tiempo en coberturas noticiosas, opiniones, editoriales, comentarios en radio y televisión e incluso en programas de revista y espectáculos.
Dicha queja incluso fue ampliada por el propio PRD el 14 de mayo por la presunta promoción indebida de Peña Nieto. En esa ocasión presentó como pruebas las apariciones del priista en canales de cobertura nacional y en programas noticiosos y de entretenimiento.
Ningún peso tuvieron tampoco los textos publicados en el semanario Proceso y el diario británico The Guardian  en los que se da cuenta de la presunta estrategia mediática del entonces gobernador mexiquense –construida con Televisa–, para tener una cobertura favorable de sus actividades y posicionarlo como aspirante presidencial.
Inconforme con la resolución e sus colegas, el consejero Alfredo Figueroa  lamentó que no se haya llegado al fondo del asunto, es decir, explicó, citado a las personas físicas y morales referidas en la queja.
Abundó: “Me refiero por ejemplo a Jessica Lamadrid Téllez que no fue requerida, a Laura Barranco Pérez, a Carlos Loret de Mola, a José María Siles y a la persona moral By Power, por no señalar ya a Joaquín López Dóriga u Óscar Mario Beteta, denunciados también en este asunto, o a la periodista Maxine Woodside (…) con el propósito de dilucidar cuál fue su participación en esta dirección”.
“La Secretaría Ejecutiva debió haber analizado a la empresa Grupo TV Promo, S.A. de C.V.; Radar, Servicios Especializados de Mercadotecnia, S.A. de C.V. Toda vez que, contrario a lo que se manifiesta en el proyecto, no negaron la existencia de algún contrato con el PRI o con el ciudadano Enrique Peña Nieto”, ejemplificó.
El consejero Figueroa incluso sostuvo que se tenía que requerir al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) los informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes al proceso electoral de 2005, para establecer si había habido un tipo de convenio-contratación con las empresas señaladas.
Consideró que se debió analizar la información que obra en distintos artículos, libros ofrecidos, como prueba por el denunciante y, en su caso, requerir a los autores información relacionada con lo que han publicado.
Incluso sostuvo que se tenía que requerir al Instituto Electoral del Estado de México los informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes al proceso electoral de 2005,  para establecer si había habido un tipo de convenio-contratación con dichas empresas.
Los perredistas Pablo Gómez y Camerino Márquez coincidieron con Figueroa al censurar la pobre investigación que realizó el IFE para exonerar a Televisa y a Peña Nieto de responsabilidades de un hecho que calificaron de “escandaloso” porque se trató de un posicionamiento de una figura pública a partir de millonarios gastos con cargo al erario público.
Se trató de “una ausencia de investigación, como lo que refleja el proyecto que está a consideración del Consejo, una no investigación, ya no digamos exhaustiva, como lo señala la ley y la jurisprudencia, sino una investigación que pueda llevar ese nombre”, reiteró Gómez.
Incluso sostuvo que la Secretaría Ejecutiva debió haber analizado a la empresa Grupo TV Promo, SA de CV y a Radar, Servicios Especializados de Mercadotecnia SA de CV, quienes jugaron un rol importante en la construcción de la candidatura del mexiquense, como lo documentó en su momento el periodista Jenaro Villamil en el texto publicado en Proceso.
“Si no hay investigación de parte de la Secretaría Ejecutiva no la puede hacer nadie más”, dijo Pablo Gómez.
A pesar de tales cuestionamientos, los consejeros aprobaron el proyecto que señala que no existe ninguna prueba fehaciente de que hubo propaganda encubierta de 2005 al 1 de julio de 2012.