Firma Aguirre los Acuerdos de Cacahuatepec con los opositores a la presa La Parota

Daniel Velázquez

El gobernador Ángel Aguirre Rivero y los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) firmaron los Acuerdos de Cacahuatepec, por los cuales se compromete a gestionar una audiencia con el presidente Felipe Calderón.
En el documento original propuesto en una asamblea en la comunidad de Aguacaliente, a la que asistió el gobernador Ángel Aguirre Rivero el 7 de mayo de 2011, el planteamiento de los comuneros fue que el gobernador gestionara ante el gobierno federal la cancelación de la presa, pero el acuerdo firmado ayer sólo establece que el gobernador gestionará una audiencia y estará presente en la misma.
La firma de los Acuerdos de Cacahuatepec tardó más de un año porque el gobierno del estado no aceptó el primer punto de los cinco que se incluyen en el documento, y por esa razón se abrieron negociaciones entre el gobierno del estado y los comuneros opositores a la presa.
Durante la firma del acuerdo el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, le dijo que esperan que “a la brevedad posible” se cumpla el primer punto del acuerdo para que sientan que son respaldados por el gobernador.
La firma del acuerdo estaba programada para realizarse en la Casa Diocesana, junto al Zócalo  ayer a las 11 de la mañana, pero de última hora el lugar se cambió para las oficinas de la Promotora Turística, en la zona Diamante, al otro lado de la ciudad. Y hasta allá se trasladó en un camión el centenar de comuneros que se habían congregado en el centro con el objetivo de ser testigos de la firma del documento.
Los comuneros fueron atendidos hasta las 3 de la tarde debido a que antes el gobernador recibió a un grupo de estudiantes rechazados de la Universidad Autónoma de Guerrero que exigen ser inscritos en la Facultad de Medicina.
Para que los comuneros pudieran acercarse a las oficinas de Protur hubo un jaloneo con los guardias de seguridad, quienes se negaban a que todos los comuneros subieran al primer nivel del centro comercial donde se encuentran las oficinas del gobernador.
Los comuneros les gritaron que Aguirre ya había autorizado y que ellos no podían oponerse, también reprocharon que así como fue a los pueblos a pedir el voto, así deberían dejarlos entrar a las oficinas.
Luego de que Marco Antonio Suástegui conversó previamente a la reunión con Ángel Aguirre y constató que el salón donde se firmaría el documento era muy pequeño, aceptó que sólo tendría acceso una comisión de 30 personas, la cual fue integrada por comuneros representantes de las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, mientras los demás comuneros esperarían afuera de las oficinas.
En la reunión participaron además de los integrantes del Cecop, el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, y el arzobispo Carlos Garfias Merlos, invitado por los opositores como testigo de honor.
Con los comuneros estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; el abogado de la misma organización, Vidulfo Rosales Sierra, que lo fue del mismo Cecop en este litigio, y el también vocero de los opositores, Felipe Flores.

Un plan de desarrollo para la cuenca del Papagayo

En su turno el gobernador dijo que está consciente de que recibirá críticas por la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec y que lo acusarán de desalentar las inversiones, pero él tiene una postura firme de que las inversiones que lleguen al estado no deben afectar a los guerrerenses ni los recursos naturales.
Agregó que él no puede respaldar un proyecto que no ha especificado cuáles serían los daños ecológicos y cuáles serían los beneficios para el estado ni para los comuneros.
“No es que no seamos promotores del desarrollo económico, lo que sí dejamos claro, que tiene que haber reglas específicas y que la primera regla es pedir permiso, no puede entrar uno irrumpiendo y de manera violenta”, dijo.
Ofreció desarrollar un plan inteligente para el desarrollo de la cuenca del Papagayo, pero sin condicionantes y con proyectos productivos; también dijo que se abocará a conseguir la audiencia con el gobierno federal y que no impulsará asambleas amañadas.
Les pidió entrar en un terreno de concordia, de colaboración para establecer una relación civilizada y cálida.
En su intervención Suástegui Muñoz destacó que en los 10 años de lucha contra la construcción de la presa, ningún gobernador había aceptado firmar con ellos ningún documento, por eso la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec era un asunto importante en la lucha del Cecop y comienza una nueva historia.
También le dijo al gobernador que los comuneros no quieren estar contrariados con el gobernador, sino que quieren la paz.
Acusó a los gobiernos de René Juárez Cisneros y Zeferino Torreblanca Galindo de impulsar asambleas amañadas y destacó el respaldo que recibieron de Félix Salgado Macedonio como alcalde de Acapulco, porque nunca usó la fuerza pública para reprimir al Cecop.
Luego intervino el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, quien precisó que aplaudirá el cumplimiento a cabalidad de los acuerdos pero advirtió que si no se hace lo denunciará.
Dijo que lo que piden es el respeto a la ley y que el derecho a la consulta de los pueblos no se violente. Recordó que en los nueve años de lucha del Cecop han ganado seis juicios en los tribunales agrarios, lo que evidencia que las asambleas que se han hecho no han respetado la voluntad de los pueblos.
Agregó que la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec es una muestra clara de que va a respetar la voluntad de los campesinos opositores a la presa.
Pidió que se busque un modelo de desarrollo alternativo para los Bienes Comunales de Cacahuatepec y que garantice que no se convoque a una nueva asamblea, porque eso ha generado división, enfrentamientos, muerte y rezago en esas comunidades.

Los acuerdos firmados

En el documento firmado ayer, el primer punto cambió respecto a la versión del año pasado y ahora sólo dice que “el gobernador del estado gestionará ante el gobierno federal la realización de una audiencia entre el presidente de la República y el Cecop para que éste plantee su demanda por la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico presa La Parota y respaldará con su presencia el planteamiento de los dueños de la tierra. En tres ocasiones el Cecop presentó esta demanda en la residencia oficial de Los Pinos y, junto con los afectados por otros proyectos, se entregaron sendos oficios de fechas 19 de marzo de 2009, 21 de mayo de 2009 y 13 de septiembre de 2010, solicitando audiencia con el presidente”.
El punto que originalmente se planteó decía que “el gobernador del estado de Guerrero gestionará ante el gobierno federal la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico La Parota, con anterioridad el Cecop ha realizado las gestiones ante la Presidencia de la República con miras a la cancelación del proyecto de referencia tal y como se puede corroborar con los escritos del 19 de marzo, 21 de mayo de 2009 y 13 de septiembre de 2010”.

Los otros puntos

Segundo.- El gobernador constitucional del estado, C. Licenciado Ángel Aguirre Rivero, ratifica su declaración hecha pública de respeto a la resolución del Tribunal Unitario Agrario número 41 que anula la asamblea del 28 de abril de 2010 por medio de la cual se pretendió dar inicio al proceso expropiatorio para imponer contra la voluntad de los pueblos el proyecto hidroeléctrico La Parota.
Tercero.- El gobernador constitucional del estado C. Licenciado Ángel Aguirre Rivero refrenda su compromiso expresado también públicamente de no impulsar ni directa ni indirectamente otra asamblea agraria contraria a la voluntad de los comuneros y ejidatarios que defienden sus derechos comunales y ejidales y que han dicho que la tierra no se vende.
Cuarto.- El gobierno del estado de Guerrero se compromete a no utilizar la fuerza pública en contra de los representantes del Cecop y organizaciones sociales, así mismo impulsará la paz, la justicia y el respeto a los derechos de los campesinos como seres humanos dignos. No se les criminalizará ni se le violarán sus derechos humanos.
Quinto.- Toda vez que el Cecop considera que la CFE afectó el tejido social de sus núcleos agrarios se compromete a impulsar un diálogo fraterno con sus comunidades y a contribuir para la reconstrucción mediante la creación de una comisión que tenga como propósito desarrollar un programa comunitario integral que atienda las necesidades de los pueblos localizados en la zona de influencia de la cuenca del río Papagayo, para lo cual el gobierno de Ángel Aguirre Rivero otorgará todas las garantías y facilidades a través de sus instituciones a fin de hacer factible este propósito procurando evitar que otros actores sociales entorpezcan dicho proceso.