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Impartirá el Ejército a los alcaldes electos un curso sobre inseguridad y violencia

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

Debido a la violencia desbordada en la entidad, el gobierno del estado impulsa las relaciones entre el Ejército, la Policía Federal (PF) y los alcaldes electos, en un intento por blindar a los ayuntamientos ante el crimen organizado.
A su vez, de acuerdo al contralor del estado Julio César Hernández Martínez, es intención de la administración estatal que los alcaldes de todos los partidos exijan a sus dirigencias estatales, nacionales, a sus diputados federales y senadores, que impulsen un cambio en las reglas de operación del ramo 33, que son recursos federales, para que se puedan utilizar en la compra de fertilizante.
Ayer, en conferencia de prensa, el funcionario estatal anunció un curso para alcaldes electos que dará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la PF y distintas dependencias del estado como la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF, Fortalecimiento Municipal y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Durante la conferencia, el contralor también dijo que habrá sanciones para los municipios que se lleven el dinero del pago de aguinaldos, y pidió a los alcaldes salientes que no incurran en irregularidades.
En cuanto a los cursos, se le preguntó si el hecho de que estén involucrados elementos policiacos y militares es por la violencia.
Dijo que es un proceso inédito en Guerrero “y se da no sólo por los problemas que aquejan a Guerrero y a los municipios, sino por la propia exigencia de la ciudadanía para que los políticos se pongan de acuerdo, que los servidores públicos trabajen con honestidad y transparencia”.
Se le insistió por qué una corporación militar tiene que capacitar a los alcaldes, y expresó que “ya hay un programa operativo en Guerrero (el Operativo Guerrero Seguro), en donde hay intervención de la Sedena, de la Policía Federal, de la Policía Estatal y los ayuntamientos. Son esquemas de coordinación y hay que fortalecerlos, por eso se van a reunir con los presidentes municipales electos en las próximas semanas”.
Argumentó que eso servirá para que los alcaldes se coordinen con las fuerzas federales en materia de seguridad.
—¿Sería para evitar que el crimen se meta en los ayuntamientos? —se le preguntó.
—Bueno, esos temas los vamos a ver en las reuniones que vamos a tener con los alcaldes, para ver cómo vamos a abordar los nombramientos de los temas de seguridad pública –contestó.
—Entonces ¿será la federación o el estado el que ponga a los secretarios de seguridad de los municipios? —se le insistió.
—Primero vamos a platicar con ellos (los alcaldes electos), vamos a ponernos de acuerdo con los presidentes municipales y después ya vamos a darlos a conocer con todo gusto.
En otro tema, durante la conferencia, se le recordó al funcionario estatal que es común que los presidentes municipales salientes se lleven todos los recursos y dejen sin operar a los que entran, lo que genera, sobre todo, problemas laborales por la falta del pago de los aguinaldos.
En ese sentido, expuso que “los presidentes municipales deben de dejar en caja lo correspondiente a la parte proporcional del aguinaldo de cada ayuntamiento, por eso tienen que platicar con los servidores públicos de la Secretaría de Finanzas para ver esos temas”.
En caso de que haya saqueo de los ayuntamientos, recordó que la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos prevé sanciones que van desde amonestaciones públicas, privadas, sanciones económicas e inhabilitación para ocupar algún cargo público.
A su vez, las sanciones pueden ser mayores cuando se cometen delitos que no son administrativos, que pueden llevar a los funcionarios a quedar recluidos en la cárcel.
Para cualquier caso, dijo, se está reuniendo con los presidentes municipales electos, en donde la Contraloría del estado ofrece asesoría para que los alcaldes rindan cuentas a los habitantes de cada municipio.

Del fertilizante

En su momento, al contralor Julio César Hernández se le dijo que en una visita reciente a Chilpancingo, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez, advirtió que los alcaldes que utilicen recursos del ramo 33 para la compra de fertilizante serían sancionados.
En ese sentido se le preguntó por la postura del gobierno del estado y contestó que “al auditor superior de la federación le asiste la razón jurídica. Lo que señalo a los alcaldes es que deben de platicar con los dirigentes de sus partidos, con sus diputados federales, con sus senadores, para impulsar una modificación a la normatividad, a las reglas de operación del ramo 33”.
El cambio en la legislación dijo que es prioritario, “porque en Guerrero se requiere destinar presupuesto público para el fertilizante, esa es la realidad y hay que impulsar esos cambios, pero todavía no platico con los alcaldes sobre el ramo 33, pero la postura del gobierno es impulsar los gobiernos que Guerrero requiere”.
También se le dijo que hay denuncias de desvío de recursos, sobre todo en el ayuntamiento de Acapulco, pero esquivó dar una postura concreta y justificó que no podía hacerlo porque aún no han realizado las auditorías de este año, sino que está en el proceso de revisión.
“Pero vamos a entrarle a Acapulco más adelante… no lo hemos auditado desde el punto de vista técnico, pero a Acapulco lo veo muy bonito, pero no lo hemos auditado”, dijo, sarcástico.
Entonces se le preguntó con qué tanta seriedad está tomando esta administración el caso de la falta de comprobación de recursos de la pasada administración de Zeferino Torreblanca Galindo, que en ocasiones anteriores ya informó es de mil 38 millones 674 mil 837 pesos.
“Va tan en serio que en el año 2011 sancionamos a 23 ex servidores públicos, tan va en serio que tenemos más de 30 procedimientos abiertos contra ex servidores públicos por el manejo de recursos federales, y en la próxima semana vamos a dar a conocer los resultados”, respondió.

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