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Confirma peritaje que Río Verde invade 980 hectáreas del ejido de San Miguel

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Después de reclamos, advertencias y amenazas de ambas partes, el viernes se realizaron los trabajos topográficos para determinar el área invadida que originó un conflicto agrario entre los ejidatarios de San Miguel y Río Verde, municipio de Chilpancingo, con lo que se constató que la superficie invadida por los campesinos de Río Verde a los de San Miguel son 980 hectáreas, lo que es motivo de riesgos de violencia entre ambas partes en los últimos días.
El apoderado legal del ejido de San Miguel, Crescencio Almazán Tolentino, informó ayer que en el recorrido también comprobaron la existencia “de una amplia zona deforestada”, donde los pobladores de Río Verde realizan sus labores de siembra y pastoreo, dentro del núcleo agrario que pertenece a San Miguel.
El abogado de los ejidatarios de Río Verde, Gabriel Alonso Márquez, informó que este lunes las dos partes se reunirán por primera vez en una mesa de diálogo, después de más de 50 años de conflicto, en la subsecretaría de gobierno para Asuntos Agrarios.
El peritaje topográfico se realizó en cumplimiento del auto del 1 de agosto, emitido por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12 con sede en esta capital, Claudio Anibal Vera, luego de que el conflicto agrario que existe desde hace más de 50 años resurgió con riesgos de violencia, luego de que los ejidatarios de San Miguel exigen la devolución de sus tierras invadidas y comenzaron un juicio para que las autoridades desalojen de ellas a los de Río Verde.
Mientras tanto, los ejidatarios de Río Verde, por medio de sus representantes, el comisariado ejidal, Filomeno Martínez Jaimes y el ex comisariado Pablo Jaimes Damián, han reconocido que están posicionados no de 980 hectáreas, como dicen los de San Miguel, sino de aproximadamente 6 mil, entre las que están donde se encuentra asentado el caserío, las de labor y las de agostadero.
Y aún cuando reconocen que son tierras que legalmente pertenecen a San Miguel, “socialmente” les han correspondido a ellos toda la vida, y que por un mal reparto hecho por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), hace más de 50 años, los dejó a ellos sin tierras para entregárselas a los de San Miguel, a tal grado que hasta el pueblo de Río Verde quedó dentro del otro ejido.
En una conferencia de prensa explicaron que las tierras que ahora pertenecen legalmente a San Miguel antes eran del ejido de Río Verde pero que un grupo de habitantes de este lugar decidieron separarse y posteriormente solicitaron la creación de otro ejido, petición que les concedieron y que tras el nuevo reparto a San Miguel lo dotaron de aproximadamente 50 mil hectáreas que pertenecían a Río Verde mientras que a este ejido lo dejaron solamente con 4 mil 700 hectáreas.
El comisariado Filomeno Martínez explicó que el problema es que esas 4 mil 700 hectáreas es sierra y zona montañosa en la que no pueden ni construir sus casas ni mucho menos sembrar o pastorear su ganado, pues hasta los aguajes quedaron del lado del ejido de San Miguel, por ello dijo que reconocen que viven y siembran en tierras que no son suyas, pero que no tienen otra alternativa y advirtieron que las autoridades sólo muertos los sacarán de allí.
En este contexto, el viernes, los peritos topógrafos José Manuel Gómez Mendoza del ejido de San Miguel y Jorge Valladares Vargas, del ejido de Río Verde, realizaron los trabajos de medición, pero solamente para constatar que los ejidatarios de Río Verde están utilizando tierras que no son suyas.
Antes de comenzar los trabajos hubo un diálogo que por momentos se tornó ríspido entre los representantes de ambos núcleos agrarios, según comentó ayer el apoderado legal del ejido de Río Verde, Crescencio Almazán Tolentino.
El presidente del comisariado ejidal de Río Verde, Filomeno Martínez Jaimes, aclaró que los ejidatarios que representa acordaron permitir la realización del peritaje topográfico para demostrar que tienen interés en que el diferendo se resuelva de manera pacífica, pero que de ninguna forma habrán de permitir que los desalojen de las tierras que ocupan, puesto que a pesar de que no tienen la propiedad legal, tienen la “posesión pacífica desde hace más de cien años”, aconsejó a los de San Miguel “que mejor busquen que el gobierno les pague las tierras invadidas, porque sólo muertos nos van a sacar de aquí”.
Por su parte el presidente del comisariado ejidal de San Miguel, Gilberto Bahena Giles, llamó a la cordura a los demandados a quienes advirtió que podría desatarse la violencia ante su negativa a desalojar pacíficamente las tierras invadidas. “Yo les aconsejo que lo piensen bien, que se sujeten a lo que ordene el Tribunal Agrario porque nosotros somos pacíficos, nunca hemos usado la violencia, pero nuestra gente se puede salir de control, sobre todo cuando ven que nos están despojando de nuestras tierras, a nadie le gusta que le quiten sus propiedades”, dijo.
De acuerdo a la versión de Almazán Tolentino, Bahena Giles rechazó tajantemente la sugerencia de que el gobierno indemnice al ejido de San Miguel, a cambio de que dejen las tierras a favor de Río Verde, pues aclaró que sus tierras no están en venta. “No queremos dinero, queremos nuestras tierras”, habría manifestado visiblemente molesto el líder ejidal, ante la presencia de ejidatarios, peritos y abogados.
Almazán Tolentino agregó que el comisariado ejidal de San Miguel, también advirtió que “si ustedes (los de Río Verde) tienen el atrevimiento de no respetar la propiedad ajena, tengan por seguro que nosotros tendremos el valor de defender lo que es nuestro, vamos a esperar lo que resuelva el Tribunal Agrario y luego veremos como nos arreglamos”.
Durante el peritaje estuvieron presentes los integrantes del comisariado ejidal de San Miguel, encabezados por el presidente Gilberto Bahena Giles, el secretario Mario Carvajal Ramos, el tesorero Manuel Moreno González y el presidente del Consejo de Vigilancia, Odilón Astudillo Álvarez.
Mientras que por parte del ejido de Río Verde asistieron el presidente del comisariado ejidal Filomeno Martínez Jaimes, el secretario Encarnación Jaimes Damián, el tesorero José Casarrubias Vega y el presidente del Consejo de Vigilancia, Galdino Jaimes Chávez.
Asimismo, estuvieron presentes César Alonso Nava, asesor jurídico del Ejido de Río Verde y el apoderado legal del ejido de San Miguel, Crescencio Almazán Tolentino.
Mientras tanto, el también abogado de los ejidatarios de Río Verde, Gabriel Alonso Márquez informó que tras el resurgimiento de este conflicto agrario, las dos partes fueron llamadas a un diálogo en la subsecretaría de Asuntos Agrarios para a las 12 del día de éste lunes. Dijo que este encuentro es “histórico” puesto que desde hace más de 50 años que existe el conflicto, no se habían encontrado las dos partes en una mesa de diálogo con las autoridades.

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