Aguirre no ha cumplido compromisos con familiares de víctimas de El Charco, señalan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Viudas y madres de las víctimas de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, denunciaron ayer que el gobernador Ángel Aguirre Rivero no ha cumplido con los compromisos que asumió con ellas cuando andaba en campaña, y que a casi año y medio de lo que va de su gobierno ni siquiera a respondido a su solicitud de que las reciba en audiencia.
Eustolia Castro Ramírez, viuda de una de las víctimas de esa masacre ocurrida el 7 de junio de 1998, a nombre de las siete viudas y las dos madres de los masacrados que eran de esa región, recordó que el gobernador Aguirre Rivero las buscó para reunirse con ellas en enero del 2011, cuando andaba en campaña, y les pidió que lo ayudaran, a cambio les ofreció reabrir el caso, proyectos productivos y becas para sus hijos, ya cuando fuera gobernador.
Vía telefónica denunció que, sin embargo, a casi año y medio de lo que va la administración del gobernador no ha cumplido con su ofrecimiento y que ni siquiera lo han vuelto a ver. Recordó que entonces les dio el teléfono de Everardo García Mondragón, quien hoy es su secretario particular, pero que éste primero no les contestaba las llamadas y que ahora ya cambió su número.
También denunció que han acudido con el secretario de Gobierno Humberto Salgado Gómez, pero que nunca lo encuentran, y que cuando le llaman por teléfono su secretaria nunca quiere comunicarlas con él.
Explicó que cuando Aguirre Rivero era candidato, en una reunión les prometió que si llegaba a ser gobernador respondería a su petición de justicia y que promovería la apertura del caso para castigar a los responsables de la masacre. También les dijo que les apoyaría con proyectos productivos para cada una de las familias y que entregaría becas para sus hijos y no dejaran sus estudios por falta de recursos económicos.
Castro Ramírez aseguró que con nada de eso ha cumplido ahora el gobernador y que, incluso, de los 26 niños y jóvenes que estaban estudiando y que necesitaban becas solamente continúan sus estudios 6, otros 20 han abandonado sus estudios por falta de dinero y que se dedican a las labores del campo o han dejado sus comunidades en busca de trabajo en otros lugares.
Dijo que en el caso de las mujeres se desempeñan en labores del hogar o han emigrado a las ciudades en donde trabajan de sirvientas.
Sin embargo, informó que todavía hay 6 niños y jóvenes que siguen estudiando en la secundaria, en escuelas de nivel medio superior o superior que requieren de la beca para que no suspendan sus estudios.
La viuda, originaria de La Palma, municipio de Ayutla, pidió al gobernador que “recuerde que personalmente me pidió que lo apoyara en su campaña, y hoy le pedimos que así como lo apoyamos qué él nos apoye a nosotras, así como nos lo prometió”.
La masacre de El Charco ocurrió cuando Aguirre Rivero era gobernador interino, la madrugada del 7 de junio de 1998, cuando elementos del Ejército mexicano comandados por el general Alfredo Oropeza Garnica, llegaron disparando en contra de indígenas que pernoctaban dentro de la escuela Caritino Maldonado Pérez de ese lugar, masacrando a 11 indígenas e hiriendo a 5 más.
De las víctimas mortales, 9 de ellas eran indígenas de varias comunidades del municipio de Ayutla; otro estudiante de la UNAM, y uno más presunto integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
Eustolia Castro Ramírez denunció que cuando Aguirre Rivero era gobernador interino, tampoco cumplió con el compromiso que hizo después de la masacre, en el sentido de que realizaría obras para el desarrollo de las comunidades de donde eran originarios los indígenas masacrados.
Recordó que de los nueve, dos eran de Ahuacachehue, dos de Mesón del Zapote, uno de Ocote Amarillo, uno del Coyul, uno de La Palma, uno de Costlán Candelaria y uno de El Charco, sin embargo, manifestó que solamente en esta última comunidad se han realizado algunas obras, pero que en el resto no se ha realizado ninguna de las que ofrecieron el gobierno de Aguirre Rivero y el gobierno federal.
Informó que recientemente se enteraron que el gobernador Aguirre Rivero y el secretario de Gobernación , Alejandro Poiré Romero, estarán en Ayutla éste 24 de agosto para dar seguimiento a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en el caso de Inés Fernández Ortega y para colocar la primera piedra del Centro Comunitario para el Desarrollo de las Mujeres, por lo que le pidió que también lleve una respuesta a las viudas y madres de las víctimas de la masacre de El Charco, puesto que también estarán allí.
Apenas el viernes de la semana pasada la organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que encabeza el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, reprochó en una carta enviada al gobernador Aguirre Rivero el hecho de que no les haya dado respuesta a una solicitud de audiencia directamente con él y que los haya enviado a reunirse con el subsecretario de Gobierno para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Iñaki Blanco Cabrera.
En la misiva la organización informa que la audiencia que solicitan al gobernador es para tratar el caso de la masacre de El Charco “y sus repercusiones a las víctimas de la tortura”.