Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS
* Chavarría: resultados sí hay

Son ya dos los gobernadores y cinco los procuradores que han dejado sin respuesta la demanda de justicia por el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera, crimen que además llega hoy a su tercer aniversario en medio del olvido del PRD y el desdén hasta de los más cercanos partidarios del político sacrificado en el altar de intereses todavía no esclarecidos.
Si la actual procuradora cumple su compromiso de ofrecer a más tardar en esta fecha un informe sobre el caso, entonces hoy dará a conocer que existen datos sustanciales que suponen un avance notable en la investigación, por ejemplo la identificación y localización de los autores materiales del homicidio. Algunos de esos datos, que están integrados al expediente, fueron proporcionados a esta columna y ofrecidos a los lectores precisamente el día en que Martha Elva Garzón Bernal fue designada encargada de la Procuraduría, el pasado 14 de mayo.
Con todas sus letras dijimos ese día, y reiteramos hoy, que el asesinato de Chavarría fue cometido por un grupo de agentes de la Policía Ministerial del estado al amparo de “órdenes superiores”, y que al menos tres de los participantes en el crimen habían sido identificados. Si las cosas no han cambiado, uno de ellos se encuentra preso en una cárcel del estado de Guanajuato (quizás de Celaya), otro de nombre “Jacinto” está en libertad pero sometido a proceso también en ese estado –en ambos casos por otros delitos–, y el tercero está muerto.
También informamos que la Procuraduría General de Justicia del estado tiene en su poder una de las dos pistolas utilizadas en el homicidio de Chavarría y cuenta con una declaración ministerial en la que se ofrecen detalles sobre la organización del crimen, incluida la identidad de quienes dieron esas “órdenes superiores”.
En su comparecencia ante el Congreso local el pasado 24 de abril, el anterior encargado de la Procuraduría, el campechano Juan Manuel Herrera Campos, dijo que “varios” de los homicidas de Chavarría “ya están muertos”, sugiriendo con ello la inutilidad de continuar o ahondar en la investigación del caso. Pero eso era mentira. Es verdad que uno de ellos está muerto, pero es falso que lo estén “varios” o todos, como insinuó para despojarse de la obligación que tenía de buscarlos o para intentar darle carpetazo a la investigación. Es probable que el ex funcionario no haya reparado en que con esa afirmación reconocía que tenía conocimiento de quiénes eran los homicidas, pues de ignorarlo tampoco habría podido decir que estaban muertos.
Hacia finales de 2011 “Jacinto” y el ex agente ministerial preso en Guanajuato estaban vivos. El tercero fue acribillado precisamente después de rendir su declaración ministerial, en la que con toda claridad dijo que la muerte de Chavarría se debió a “órdenes superiores”. En mayo expresamos aquí que aunque la identidad de ese tercer involucrado no fue precisada a esta columna, su descripción coincide con el perfil del comandante Trinidad Zamora Rojo, cuyo cadáver desmembrado fue abandonado en un puente vehicular de Chilpancingo el 17 de junio de 2011, una vez que voluntariamente había rendido su declaración ministerial en torno al caso y revelado la información que tenía en su poder. Un día antes de aparecer muerto, Zamora Rojo había sido levantado a punta de pistola en la comandancia de la Policía Ministerial de Chilapa, y su cadáver fue descuartizado y arrojado en la salida de Chilpancingo a Petaquillas. Tenía metidos unos dedos en la boca.
De acuerdo con la versión citada, el comandante Zamora Rojo reconoció su participación en el asesinato de Chavarría y ofreció su confesión presionado por el temor de ser eliminado por el grupo que perpetró el homicidio, como al final probablemente ocurrió. Se ignora por qué o en qué términos seguía en libertad cuando fue ejecutado, después de haber rendido declaración y confesado su intervención en el crimen. Su crucial testimonio debió ser presentado en mayo de 2011, mientras se desarrollaba aquella controversia pública originada por la desaparición temporal del expediente oficial del caso, denunciada por el entonces procurador Alberto López Rosas.
Es probable que la crisis en la que se sumergieron la Procuraduría y el gobierno del estado después del asesinato de los dos estudiantes normalistas el 12 de diciembre de 2011, y la renuncia de López Rosas, haya impuesto una pausa en las investigaciones del caso, pero es preciso insistir en que para esa fecha la Procuraduría había interrogado ya en Guanajuato a los dos acusados de matar a Chavarría, y había avanzado en las pruebas periciales de una de las armas homicidas. Por tal razón, el hecho de que el procurador encargado haya replanteado el caso diciendo que los criminales estaban “muertos” parecía tener la pretensión de justificar el posible abandono de la investigación, lo que supondría la existencia de una decisión política del gobierno de Ángel Aguirre Rivero de no continuar las pesquisas, de dar marcha atrás, quizás por el temor de estar muy cerca de la verdad y de los responsables intelectuales del crimen.
En año y medio de gestión, el gobernador Ángel Aguirre no ha honrado el compromiso que hizo en su campaña, de procurar justicia y castigar a los responsables del asesinato de Chavarría. Su indiferencia ha tenido momentos ofensivos, como sucedió en junio de 2011, cuando accedió a recibir a la viuda de Chavarría, la señora Martha Obeso Cázares, pero la dejó plantada en la antesala de su despacho. Por la indiferencia de Aguirre, el segundo aniversario del homicidio transcurrió en medio de una manifiesta desconsideración  del gobierno, como parece que ocurrirá nuevamente en esta ocasión.
Durante meses, los hallazgos conseguidos por la Procuraduría han permanecido inaccesibles a la sociedad y sin generar las consecuencias jurídicas lógicas. Si hace ya casi un año la investigación había dado esos resultados, lo natural sería que la procuradora Garzón Bernal reportara hoy avances aún más trascendentes. Lo que no podría, no debería suceder, es que se refugiara en la coartada de la secrecía para no decir nada, o peor, para esconder la verdad sobre los responsables intelectuales del asesinato de Chavarría. Verdad que –este autor ya no tiene la menor duda– conocen tanto la procuradora y los procuradores que le antecedieron, como el gobernador mismo. A menos, claro, que la Procuraduría considere falsa la información reproducida, en cuyo caso esta columna está en total disposición de recibir el correspondiente desmentido…

¿Qué izquierda, qué país, qué líderes…?

En medio de los grandes retrocesos que sufre la democracia mexicana, la izquierda fue forzada por la élite que la dirige a un reajuste estratégico e ideológico que supone un paso atrás frente a los males que agobian y cercenan el futuro del país, sólo para acomodarla al proyecto político de Marcelo Ebrard, quien busca ser candidato presidencial siguiendo los pasos del priísta Enrique Peña Nieto. Eso y no otra cosa significa la llamada “Declaración Política de Guerrero”, formulada en Acapulco por las dirigencias formales de los partidos de izquierda el miércoles pasado y leída por el propio Ebrard en la inauguración, antes de cualquier discusión (la que de todos modos no se dio). Desde una perspectiva rigurosa, en ese encuentro la izquierda se dobló, renunció a su identidad y se hundió en un centrismo delineado con pespuntes derechistas. Detrás del lenguaje florido y de las declaraciones de apoyo a Andrés Manuel López Obrador, la pura y simple verdad es que en Acapulco se consumó la estrategia acariciada por la corriente de Los Chuchos de extender cuanto antes el reconocimiento al triunfo de Peña Nieto para obtener de ahí un surtido de beneficios concretos, y abandonar así al candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista en su lucha por la invalidación de los comicios presidenciales. Como era previsible, la atronadora ausencia de López Obrador en el encuentro, que no pudo ser explicada por nadie, echó por tierra la pretensión unificadora de la reunión. La estrategia de Ebrard busca dar por inexistente el conflicto por la elección presidencial de 2012 y hacer como si nada hubiera pasado, que es el comportamiento exigido por las cúpulas nacionales. Pero esa ruta chocará con las bases de la izquierda, identificadas con las posturas de López Obrador por un factor ostensiblemente despreciado en la reunión de Acapulco: los principios.

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