Prevalece en la Corte la validez del derecho a impugnar mediante amparo el fuero militar en el caso de Bonfilio Rubio

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Aunque los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ) todavía no resuelven mediante votación turnar el caso del indígena nahua guerrerense Bonfilio Rubio Villegas, del juzgado militar al civil, durante la discusión que continuó ayer prevaleció la opinión mayoritaria de que las víctimas y sus familiares tienen “legitimación activa para impugnar mediante el juicio de amparo la intervención de una autoridad competente en la investigación o el juzgamiento de los hechos”.
Ante esta postura, la familia Rubio Villegas, que estuvo presente ayer durante la sesión de la SCJ, consideró, por medio de uno de sus defensores, que la decisión “constituye un avance valioso para el acceso a la justicia y posibilita el estudio de la restricción del fuero militar en casos que involucran a víctimas civiles, y nos continúa impulsando la lucha emprendida por los familiares del joven nahua para acceder a la justicia e impulsar medidas de no repetición”.
El indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas fue asesinado en un retén militar, por soldados que dispararon al autobús en que viajaba, el 20 de junio de 2009, cerca de Huamuxtitlán en La Montaña de Guerrero. Sus familiares y defensores del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan demandaron un amparo para que el caso sea juzgado en tribunales civiles, no en los militares.
Los ministros discuten el juicio de amparo en revisión 133/2012, que demandó la familia de Rubio Villegas, desde el 14 de agosto pasado y al continuarlo ayer seis ministros y una ministra de la SCJ determinaron que las víctimas y sus familiares “tienen legitimación activa para impugnar mediante el juicio de amparo la intervención de una autoridad competente en la investigación o el juzgamiento de los hechos”.
Y es que el padre de Rubio Villegas, Secundino Rubio Peralta, y su hermano, José Rubio Villegas, venían siendo desautorizados legalmente para presentar el amparo mediante el cual piden que el caso sea turnado del juzgado militar al civil.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan manifestó ayer mediante un comunicado que la decisión alcanzada por la SCJ “entraña el reconocimiento del derecho de las víctimas y sus familiares a contar con un recurso efectivo y adecuado para impugnar la aplicación del fuero militar, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y (los campesinos ecologistas) Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García”.
Opinó, asimismo, que “más allá de la enorme trascendencia de esta decisión para la familia Rubio Villegas, consideramos que es de suma importancia para el pleno reconocimiento jurisdiccional de los derechos de las víctimas”.
Agregó que más aún sabiendo que en el pasado, “la misma SCJ negó a las víctimas el derecho a acudir al amparo en este tipo de casos”.
Tlachinollan admitió que en la discusión de los ministros de la SCJN “se impuso en la mayoría un criterio protector de los derechos de quienes han padecido los abusos castrenses, en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos, por encima de la posición minoritaria que llegó al extremo de argumentar que no era posible analizar el fondo de la controversia en razón de que no era la víctima directa ejecutada extrajudicialmente en este caso, quien acudía ante la justicia”.
Y luego manifestó en su postura que el reconocimiento de la plena legitimación de las víctimas “abre la puerta para que en su próxima sesión el pleno de la SCJN se aboque al estudio del fondo del caso para reitere los criterios ya sostenidos en la resolución de los conflictos competenciales abordados en días pasados y ordenar la remisión al fuero civil del expediente iniciado con motivo de la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas”.
Y luego, Tlachinollan, reconoció que: “para la familia Rubio Villegas, la decisión alcanzada constituye un avance valioso para el acceso a la justicia  y posibilita el estudio de la restricción del fuero militar en casos que involucran a víctimas civiles, y nos continúa impulsando la lucha emprendida por los familiares del joven naua para acceder a la justicia e impulsar medidas de no repetición”.
El caso del indígena guerrerense continuará este martes y es posible que, finalmente, los ministros lleven a votación el caso para determinar si es turnado a un juzgado civil.