Ordena la Suprema Corte al Ejército remitir el caso del indígena Bonfilio Rubio al fuero civil

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Finalmente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron ayer mayoritariamente la sentencia que ordena al Ejército la remisión al fuero civil del caso Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua asesinado por militares en un retén cerca de Huamuxtitlán en junio de 2009.
Con esta resolución que se emitió tras la revisión del caso que comenzó el 14 de agosto pasado, el máximo tribunal también reconoce el derecho de familiares de víctimas de abuso a impugnar mediante el amparo la extensión del fuero militar.
El Pleno de la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 133/2012, –por 8 votos a favor–, promovido por Secundino Rubio Peralta y José Rubio Villegas, padre y hermano de Bonfilio, ordenando que la causa penal iniciada en el juzgado militar por el homicidio sea remitida al fuero civil federal.
Rubio Villegas fue asesinado el 20 de junio de 2009 en Huamuxtitlán por efectivos del 93 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes abrieron fuego contra el autobús de pasajeros en el que viajaba, junto con alrededor de 40 pasajeros. Tras los hechos, el fuero militar atrajo las investigaciones a pesar de que los familiares de la víctima se opusieron a ello.
Secundino Rubio y José Rubio iniciaron entonces, con la asesoría legal del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y el Monitor Civil de las Fuerzas de Seguridad de La Montaña, un juicio de amparo, que en diciembre de 2011 fue resuelto a su favor.
Sin embargo, dicho amparo fue impugnado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en representación legal del Presidente Felipe Calderón, días después de que el Ejecutivo federal anunciara que todos los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por los castrenses pasarían al fuero civil.
A pesar de ello, ayer, los ministros de la SCJN confirmaron que el expediente debe remitirse al fuero civil. Tras este fallo, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, opinó la tarde de ayer, mediante un comunicado que “la mayoría de los ministros y ministras de la SCJN han dado un paso decisivo en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en la restricción del fuero militar”.
Y es que explicó que la demanda promovida por el padre y el hermano de Bonfilio “constituye el primer caso contencioso impulsado por familiares de una víctima en contra de la inconstitucional extensión del fuero militar en el que la SCJN protege a los civiles frente a las instituciones castrenses”.
Ello porque aclaró que los dos expedientes resueltos con anterioridad, en el marco de la discusión iniciada el 2 de agosto de este año, “fueron controversias jurídicas surgidas entre órganos jurisdiccionales del propio Estado como conflictos competenciales”.
Añadió que en este sentido, la determinación de la SCJN en el juicio iniciado por el padre y el hermano del joven nahua “puede calificarse de histórica pues no sólo ha derivado en la restricción del fuero militar sino que también ha hecho del juicio de amparo, en este caso, un recurso efectivo para la tutela de los derechos de las víctimas frente a actos emanados de una jurisdicción incompetente, como lo había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en los casos Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú”.
Tlachinollan también manifestó que la determinación de la SCJN “reprodujo parcialmente el razonamiento sostenido por la Coidh en los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y campesinos ecologistas (Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García), todos contra México, en el sentido de que el fuero militar debe tener un carácter excepcional y restrictivo, acotado a la investigación y el juzgamiento de los delitos que atentan contra la disciplina castrense”.
El organismo guerrerense que dio seguimiento a toda la discusión de los ministros en el caso Rubio Villegas, destacó asimismo que el proyecto elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero, quien durante el debate mantuvo una postura de “decidido compromiso con las víctimas”, retomó los más altos estándares internacionales en la materia y varios de los ministros y ministras centraron su argumentación en el carácter vinculante de las sentencias de la Coidh, “aunque por otro lado, algunos integrantes del pleno mostraron nuevamente preocupantes reticencias a reconocer la obligatoriedad de dichos fallos”.
Tlachinollan expresó que para los familiares de Bonfilio Rubio, quienes acudieron a varias de las sesiones públicas del pleno, la decisión de la SCJN “confirma la pertinencia de la lucha que, en medio de innumerables riesgos y adversidades, decidieron emprender desde hace más de tres años”.
Dijo que, además, esta resolución, “abre la puertas a una justicia efectiva pues la remisión al fuero civil del expediente les permitirá coadyuvar ante instancias judiciales con mayores márgenes de independencia e imparcialidad”.
Por lo tanto, manifestó el organismo a través de su comunicado, el juez militar que hoy instruye la causa penal deberá remitir a la brevedad el expediente a un juez federal en el estado de Guerrero quien deberá conocer el proceso.
“Así, a partir de ahora (los familiares de Rubio Villegas) ejercerán sus derechos ante un juez civil y buscarán que los responsables de la ejecución extrajudicial sean sancionados conforme a derecho”, aclaró Tlachinollan.
El organismo, por otra parte, celebró el fallo de la SCJN, “en un caso que consideramos paradigmático del uso excesivo e irracional de la fuerza pública en contra de la población civil, que se ha vuelto recurrente durante la presente administración. Por ello, hacemos un llamado a que la SCJN confirme este criterio en los casos subsecuentes de manera que se genere jurisprudencia plenamente obligatoria para todos los órganos del Estado mexicano respecto de los límites del fuero militar”.
También consideró que la resolución es un triunfo legal de la familia Rubio “y un logro que habría sido imposible alcanzar sin los antecedentes de lucha contra el abuso y la impunidad castrense que han protagonizado durante más de una década víctimas, familiares y organizaciones civiles nacionales e internacionales, ante el incremento de las violaciones a derechos humanos por elementos de las Fuerzas Armadas que se ha verificado desde hace algunos años”.
Finalmente, Tlachinollan reiteró que la discusión sobre los alcances del fuero militar debe implicar necesariamente un análisis exhaustivo del papel que en la actualidad juegan las fuerzas armadas en el orden jurídico mexicano, “mismo que –como han señalado varios ministros y ministras durante el actual debate– excede el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas”.