31-12-03

 

 

 

 

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POLITICA
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* Apostamos a ser estadistas no talibanes, dice
No había elementos para votar en contra de la Cuenta Pública: Jiménez Rumbo
* No somos empleados del gobernador, responde el coordinador de los diputados del PRD
Aurelio Peláez * El diputado local y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, David Jiménez Rumbo, afirmó que la decisión de votar a favor de la Cuenta Pública del primer cuatrimestre del gobierno del estado, fue un acuerdo de los legisladores y rechazó que los diputados sean empleados del gobernador, como acusó el coordinador de los presidentes municipales del PRD, Modesto Brito Salgado.
El diputado perredista consideró injustificado el calificativo de Modesto Brito, presidente municipal de Teloloapan, pues dijo que para aprobar la Cuenta Pública del primer cuatrimestre del 2003 del gobierno estatal, la fracción contrató una empresa de contadores públicos, “y mandamos a hacer una revisión –de los gastos estatales– y nos dicen que no hay elementos para suponer un desvío de recursos. Nosotros –el PRD– estamos gobernando la mitad de Guerrero. En ese sentido tomamos el acuerdo por fracción de apoyar la Cuenta Pública y levantamos un acta” de la reunión de diputados locales perredistas, previa a la plenaria, donde se definió la votación.
En esa votación, doce diputados del PRD votaron a favor, en el pleno, para aprobar la Cuenta Pública, y cinco lo hicieron en contra, aunque según David Rumbo, la diputada local Gloria Sierra López, quien argumentó en contra del dictamen aprobatorio, finalmente votó a favor de la Cuenta Pública.
Jiménez Rumbo, quien este mes asumió la coordinación de la fracción, sustituyendo a Adela Román Ocampo, afirmó que tuvieron una evaluación propia de la Cuenta Pública estatal y que “por eso la aprobamos, no teníamos elementos para votar en contra, y además gobernamos la mitad de Guerrero”, en donde dijo que han comprobado la existencia de obra pública estatal: “Nosotros apostamos a ser estadistas, no talibanes”.
Luego de que el alcalde de Teloloapan acusara a los doce diputados que aprobaron la Cuenta Pública estatal de empleados del gobernador, David Jiménez dijo que “a mi me dijo Modesto Brito, y lo voy a confiar, que a él no le importaba que el gobierno le hiciera obra público en su municipio, sino ganar la elección (de gobernador)”, y que por ello argumentaría en contra del dictamen de la Cuenta Pública.
Contó que Modesto Brito le dijo que “la única forma (de respaldar la Cuenta Pública) ‘es que nos dé 400 millones de pesos para que los manejemos los alcaldes’, pero nadie se los va a dar porque todo está etiquetado y si el gobernador va a manejar 800 millones el próximo año, con la mitad implicaba crear un vicegobernador, eso no está en mis manos”.
“Yo le dije que esto así no funciona y lo que importa es que haya obras en todos los municipios. En el caso de los gobiernos del PRD, a lo mejor no en todos pero sí en varios municipios hay obras. Hay una carretera en Tlalchapa, otra en Tecoanapa. En Zihuatanejo se destinan 9 millones para la limpieza de la bahía y 20 para pavimentar calles populares, además de 10 para remodelar el centro de la ciudad, y hay 5 millones para Costa Grande. Sí vemos obra en municipios PRD: pavimentación en la carretera de Zirándaro a Guayameo, obras en Acapulco, y los alcaldes tienen su margen de obras por el Ramo 33. Nosotros queremos trabajar en un marco de respeto con el gobierno estatal. Que ellos hagan lo que les toca y nosotros que somos gobierno en la mitad de los municipios del estado lo que nos toca”.
Contó que en el Congreso local, “hemos sido firmes en la defensa de los ayuntamientos perredistas de San Luis Acatlán, de Chilapa, de Cuahuayutla, y pedimos que en donde gobernamos nos dejen trabajar”.
Contó que “en política hay una de cal por dos de arena. Aprobamos el endeudamiento del gobierno del estado y ellos (los diputados del PRI), por unanimidad el de Acapulco”.
Del alcalde de Teloloapan, dijo que “a Modesto parece que le interesa pelearse con todo. No coincido en pelearnos con todo. Cuando haya que pelearnos lo haremos, pero también pedimos que en donde gobernamos nos permitan tranquilidad. Al PRI le vamos a ganar la próxima elección, pero no se trata de hacerle la vida de cuadritos al gobierno estatal, sino de que nos respeten. Estamos seguros de que vamos a gobernar el estado”.
Explicó que el PRI también aceptó quitar del presupuesto estatal para el próximo año el programa de pensión a la madre soltera y el seguro campesino, “que nos parece bueno pero inoportuno que lo planteen en el último año y electoral”, y negó que hubiera cooptación del gobierno estatal a los diputados perredistas. “Esos son chismes, si hubo debate. Es un discurso trasnochado. Es una bronca porque si hubiera habido el intento los denunciamos”, y reiteró que hubo un análisis técnico y una posición política para aprobar la Cuenta Pública.

Votó en contra de la Cuenta, reitera Gloria Sierra

La diputada local por el PRD, Gloria Sierra Ocampo, reiteró que no votó a favor de la Cuenta Pública del primer cuatrimestre del gobernador René Juárez, como lo afirmó el coordinador de la fracción, David Jiménez Rumbo.
Explicó por vía telefónica que el pasado 19 de diciembre, cuando se dio la votación, ella se levantó por accidente en el momento en que se votaba a favor de la Cuenta (los gastos del gobierno estatal), y por error esto se contabilizó como un voto, aunque luego lo corrigió y en el acta de la sesión aparece su postura en contra de la Cuenta.
Ello, luego de haber argumentado en contra del dictamen, al señalar que contaba con una serie de irregularidades, que presuponían posibles malos manejos en los gastos del gobierno estatal. En esa votación, once diputados del PRD aprobaron el dictamen y seis, entre ellos Gloria Sierra, secretaria de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, lo hicieron en contra. (Aurelio Peláez).

* El 9 de ese mes René Juárez se reunirá con inconformes

Enero de 2004, mes clave para saber si se
concreta o no el proyecto de La Parota

* El tiempo para decidir se le acaba a la Comisión Federal de Electricidad

Karina Contreras, segunda y última parte * El mes de agosto de 2003 resultó clave para definir el rumbo de los acontecimientos relacionados con el conflicto suscitado por el proyecto de la presa hidroeléctrica de La Parota, pues tanto su promotora, la Comisión Federal de Electricidad, como los campesinos opositores, redefinieron sus estrategias a seguir.
Agosto, mes de fricciones
El segundo día de ese mes la CFE determinó retirar a todo el personal de su campamento tras la crisis desatada por el plantón-bloqueo que campesinos inconformes instalaron en el paraje conocido como El Fraile y quienes amenazaron con quemar las instalaciones.
Ante esa situación por vez primera se reunió el gobernador del estado, René Juárez Cisneros, con el alcalde acapulqueño Alberto López Rosas y el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub.
El 8 de agosto, en otro encuentro del gobernador, ahora con los dos grupos de comuneros –los que apoyaban el proyecto y los que se oponían a él–, Juárez Cisneros se comprometió a ser arbitro en el conflicto y anunciaba la creación de una comisión tripartita, conformada por el gobierno estatal, municipal y la Comisión Federal de Electricidad, para dialogar con los comuneros y convencerlos de que accedieran a que los estudios preliminares se concluyeran.
Mientras que en un acto de “buena fe” la CFE anunció que retiraría la maquinaria del lugar, el gobernador manifestó en aquella ocasión que a la empresa le faltó una estrategia  de comunicación y acercamiento con las comunidades.
Días después de esa reunión, el que hasta ese momento había sido el coordinador del proyecto La Parota, Carlos Pérez Aguirre, fue removido del puesto y el 12 de agosto Juárez Cisneros se reúne en Protur con el nuevo coordinador del proyecto, Eugenio Laris Alanís y los cinco alcaldes de los municipios que comprende el área donde se pretende construir la presa.
Ahí, el gobernador informó que en la reunión se establecieron tres criterios para poder concretar el proyecto, al que calificó como el más importante del siglo para Guerrero: dijo que tenía que ser rentable, socialmente deseable y ecológicamente sustentable y a partir de ahí empezar a trabajar.
Cuatro días depués por vez primera interviene la comisión especial del cabildo porteño para dialogar con los comuneros inconformes. En esa reunión no llegan a ningún acuerdo y los campesinos sólo exigen que la CFE saque la maquinaria de sus tierras.
El 17 de agosto personal de la CFE termina de retirar la maquinaria que empleaban en los estudios preliminares de la presa; mientras los campesinos continuaban con su bloqueo-plantón en El Fraile.
El 19 de agosto los comuneros y funcionarios de la CFE hicieron un recorrido por varios puntos donde se llevaban a cabo los estudios preliminares para comprobar que la empresa había sacado la maquinaria, y aunque la CFE cumplió, los comuneros continúan con el bloqueo y se niegan a dialogar. Ese día nace el Consejo de Comunidades Inconformes con la presa La Parota.
El 21 de agosto los comuneros inconformes reconsideran y terminan el bloqueo que por 23 días mantuvieron en el paraje conocido como El Fraile debido a la apertura al diálogo mostrada por la CFE. Recién incorporado como residente de Asuntos Sociales de la CFE para el proyecto La Parota, Víctor Hugo Chávez Chávez, dijo que había voluntad de ambas partes y se iniciarían mesas de trabajo.
Una semana después funcionarios de la CFE se reúnen con diputados locales y les presentan formalmente el proyecto, al tiempo que solicitan que sean el aval para garantizar el pago de las indemnizaciones a los campesinos afectados.
Dos posiciones, dos estrategias
El 2 de septiembre, el gobierno del estado llama a una reunión en donde un grupo de comuneros de Acapulco y Juan R. Escudero aceptan el reinicio de las obras preliminares de la presa. Pero a ese acuerdo los comuneros inconformes se oponen y señalan que no fueron invitados y acusaban de traición al gobierno estatal y a la CFE. Además advertían que bloquearían nuevamente.
Tres días más tarde los comuneros inconformes anuncian el rompimiento del diálogo con la CFE por los acuerdos tomados días antes de que continuarían los estudios preliminares, y le recriminan al gobernador René Juárez Cisneros su doble lenguaje , pues primero dice que apoya a los campesinos y después se reúne con la otra parte a puerta cerrada y a escondidas.
El 19 de septiembre, y en una estrategia del gobierno del estado para que continuaran los estudios preliminares de la CFE, Juárez Cisneros llamó a una reunión informativa, y cuando se llevaba a cabo en las oficinas de la Promotora Turística, el secretario de Gobierno estatal, Luis León Aponte, determinó convertirla en una asamblea comunal. Tras la votación, se dedfinió que “por mayoría” se daba la anuencia para la continuación de los estudios del proyecto.
Esta medida causó enojo entre los comuneros inconformes con el proyecto y advirtieron que no permitirían la continuación de los estudios, aún, con la supuesta anuencia de los otros municipios.
Luego de la asamblea los comuneros inconformes decidieron reinstalar nuevamente el plantón-bloqueo y advirtieron que para que la CFE volviera a introducir la maquinaria a su base, primero “tenían que pasar sobre ellos”.
En esa reunión ya se empezaba a notar la división entre los dirigentes Marco Antonio Suástegui Muñoz y Gumersindo Joaquín Prudencio, pero que ellos mismos trataban de minimizar.
En una aparente nueva estrategia para lograr la aceptación del proyecto La Parota, la CFE se abre y el 8 y 9 de octubre presenta el proyecto de la presa en el grupo ACA y en la Universidad Loyola de Acapulco. En ambos eventos el encargado del proyecto, Víctor Hugo Chávez Chávez informa de los beneficios y bondades del proyecto. En ambos lugares recibe el total respaldo de los asistentes.
Un día después, comuneros que trabajaban en la obra hasta que fue suspendida llevan a cabo una mini protesta para exigir al alcalde Alberto López Rosas que desaloje a los comuneros que no quieren la presa y advierten que de lo contrario, ellos mismos lo harían.
A esa misma hora en el Ayuntamiento también se encontraba una comisión de los inconformes con La Parota, quienes acusaron a la CFE de provocarlos organizando la marcha de cerca de 150 comuneros.
“A la chingada La Parota”
Ante la poca efectividad de sus funcionarios para encontrar una solución al problema de la parota nuevamente el gobernador René Juárez Cisneros sostiene una reunión con los comuneros inconformes en Protur.
Ahí, el gobernador diría que “si los campesinos  dicen no, a la chingada La Parota” pero también pidió a los comuneros no cerrarse a analizar el proyecto y reiteró que la presa no se haría en Guerrero si los campesinos no estaban de acuerdo y que no los obligaría a aceptarlo.
Dijo que le resultaba incomprensible que los inconformes tampoco permitieran la realización de los estudios de impacto ecológico, cuando esa era la primera parte del acuerdo al que se había llegado al principio.
Para presionar a las autoridades los comuneros inconformes anuncian el 21 de octubre una marcha en el puerto e informan que mantienen cinco bloqueos en diferentes puntos, ya que la CFE,  según ellos, estaba introduciendo nuevamente la maquinaria.
Ante las criticas señalan que no son ni cerrados, ni guerrilleros y que solo defienden sus tierras.
Dos días después la CFE continúa con su estrategia de informar del proyecto a los sectores sociales para recibir el respaldo. En esa ocasión acudió a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en donde informó que sólo eran 10 líderes y 150 personas los que se oponían a La Parota.
Mientras que el rector Nelson Valle López brindó su respaldo al proyecto, y afirmó que la obra traería más beneficios que afectaciones. El rector también solicitó que estudiantes de la máxima casas de estudios de las diferentes carreras participaran en la obra.
Para esas fechas a los estudiantes de la UAG se llevaban a cabo los estudios socioeconómicos en las comunidades afectadas.
El 29 de octubre día marchan en Acapulco cerca de 2 mil personas entre comuneros y organizaciones que los apoyan para exigir la cancelación de la presa La Parota. Está fue la primera movilización fuera del área que sería afectada.
En la marcha salen las consignas de que primero muertos los sacarán de sus tierras.
Ese mismo día en una estrategia para contrarrestar fuerza a la marcha de los comunero inconformes, funcionarios de alto nivel de la CFE, encabezados por el coordinador de proyectos hidroeléctricos en el país, Humberto Merengo Mogollón, visitan los medios locales para dar se versión del conflicto.
En declaraciones a El Sur Merengo Mogollón precisó que casi la mayoría de los pueblos afectados apoyaban La Parota. Asimismo el funcionario federal pidió tres meses para que se terminaran los estudios y demostrar que era técnicamente viable, ambientalmente sustentable y socialmente aceptable.
También reconoció en esa entrevista amplia con El Sur que ya no eran tiempos de imponer proyectos, pues la sociedad y México ya cambiaron, reconoció.
Luego propuso para La Parota un referéndum  así como un ombudsman de desarrollo social y se comprometió a que no pasarían 40 años  como en la presa La Venta para terminar de indemnizar a lo afectados.
Por primera vez la empresa reconoció que de no ser aceptada en Guerrero la paraestatal consideraba llevarse el proyecto a Oaxaca, Nayarit o Sinaloa.
En otro intento por que los comuneros inconformes acepten el proyecto La Parota, el comisariado ejidal, Cresencio Jerónimo Aparicio, convocó a una asamblea. La primera fue suspendida porque no hubo quórum legal y la segunda asamblea también fue suspendida ya que no había condiciones para llevarla a cabo.
Y es que durante el desarrollo de la misma –que tuvo lugar en la comisaría de Cacahuatepec el 16 de noviembre–, se suscitaron hechos de violencia entre ambos bandos y en ese momento por primera vez la autoridad ejidal llamaba al gobierno a intervenir y declaraba sería mejor que la CFE se llevará el proyecto del estado.
El 3 de diciembre nuevamente la Comisión Federal de Electricidad  (CFE) llama a los comuneros inconformes a que permitan terminar los estudios de La Parota y luego anuncia que los campesinos tendrán beneficios como los que se están generando con la presa de El Cajón, en Nayarit.
A esta petición, el 5 de diciembre los comuneros responden que no dejarán que la CFE haga los estudios para el proyecto La Parota y afirman que en Nayarit también hay inconformidad por la construcción de la presa.
El 14 de diciembre el Frente  Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional brindó su respaldo total a los campesinos inconformes con la presa La Parota para exigir a las autoridades la cancelación definitiva de la presa y se comprometen a brindar a apoyo económico para que continúen con su lucha.
El 22 de diciembre unos 120 comuneros inconformes llevan a cabo una marcha de La Base-Centro Internacional Acapulco (CIA) para exigir al gobernador René Juárez Cisneros declare públicamente que la presa se va de Guerrero.
En la marcha se nota claramente el divisionismo que durante los dos últimos meses se manifestaba cada vez más entre Marco Antonio Suástegui y Gumersindo Joaquín Prudencio (quien no participó en la protesta), dos de los principales voceros de los inconformes.
Luego de esto los comuneros se instalaron en plantón en la explanada del CIA y en donde su interior se llevaba a cabo la Novena Feria Acapulco.
Finalmente el 23 de diciembre, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez que amenazaba con desalojarlos del CIA, los comuneros inconformes aceptan retirar su plantón y deciden esperar hasta el 9 de enero del próximo año para sostener una audiencia con  el gobernador René Juárez Cisneros.
Esa reunión con el ejecutivo estatal tendría carácter de definitoria para ver qué rumbo toma el conflicto, tomando en cuenta que la CFE) tenía que haber terminado los estudios preliminares en diciembre de este año que está por terminar. La pregunta todavía está en el aire ¿Se va o se queda en Guerrero la hidroeléctrica de La Parota?

* Representan sólo a La Garrapata, según Virgilio Avila

Grupo minoritario, el que irá con el gobernador, dice asesor

Karina Contreras * El grupo que promueve la reunión con el gobernador representa sólo a una minoría de los comuneros afectado por el proyecto de La Parota, dijo el asesor jurídico de cinco comunidades, Virgilio Ávila Vázquez e informó que sus representados no temdrán enviados al encuentro previsto para el 9 de enero en Casa Guerrero.
El asesor jurídico de las comunidades de San José Cacahuatepec, El Rincón, Tasajera, El Cantón, Dos Arroyos, acusó a los dirigentes del Frente Popular Democrático, César Suárez, Lucio Cipriano así como al dirigente de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), entre otros, de ser unos vividores sociales y sólo aprovechar el movimiento contra La Parota para sacar beneficios económicos y también los calificó como un cáncer que todo dañan.
Estas declaraciones del asesor cercano al otro vocero del movimiento, Gumersindo Joaquín Prudencio, confirman la división que durante más de tres meses se había visto entre los comuneros de ambos grupos –de Gumersindo Joaquín y Marco Antonio Suástegui– que han tratado de ocultar y que se acentúo más durante la marcha del 22 de diciembre, en la que no participaron los seguidores de Gumersindo Joaquín.
Ávila Vázquez fue entrevistado en los pasillos del Ayuntamiento porteño y señaló que la mayoría de los comuneros no participaron en la marcha porque no van a permitir que “gente mercenaria como César Suárez, Lucio Cipriano y Felipe Flores utilicen al movimiento de La Parota para sacar beneficios para su grupo y ventaja”.
Dijo que en la marcha sólo participaron comuneros del pueblo de Garrapatas y que no fueron más que 100. “Esas personas utilizaron al pueblo de Garrapatas, precisamente, para tener fuerza y lograr sus propósitos de sacar dinero al gobernador”.
Comentó que siguen trabajando para que no se lleve a cabo el proyecto, e informó que posiblemente se reúnan el 11 de enero con la comisión especial para La Parota del Congreso local, donde informarán a los legisladores del por qué se oponen, además de que los congresistas tienen la facultad para emitir un dictamen para que el proyecto se vaya de Guerrero.
Sobre la reunión del 9 de enero con el gobernador René Juárez Cisneros mencionó que no les “interesa esa reunión, ya que el gobernador no va a resolver nada; además de que por un lado a la CFE le dice que es un buen proyecto, mientras que a los campesinos les manifiesta que si no lo quieren, no se va a llevar a cabo. Juega a dos cartas y no se vale, porque es una falta de seriedad del gobernador”.

* Es actualmente del 45% y termina el 31

Solicitan al presidente Fox mantenga arancel a importación de aceite de coco

* De esto dependen miles de familias de copreros, dice Cecoco

El Consejo Estatal del Cocotero (Cecoco) pidió por medio de una carta abierta al presidente de la República, Vicente Fox Quesada mantener el arancel de 45 por ciento –que termina el 31 de diciembre de este año– a la importación de aceite de coco y sucedáneos, que aplicó a mediados de 2002, ya que esto representó para las poco más de 40 mil familias que cultivan la palma de coco en el país duplicar sus ingresos económicos.
De no hacerlo sólo representará beneficio económico para pocos industriales, principalmente empresas transnacionales, y perjuicio para muchos campesinos.
La petición también va dirigida al secretario de Economía, Fernando Canales Clarion y de Agricultura, Javier Usabiaga Arroyo y está firmada por la directiva del Cecoco que encabeza el secretario de Desarrollo Rural estatal, Héctor Manuel Popoca Boone; el director general del Cecoco, Margarito Pérez Ocampo así como el presidente de los centros de acopio Agustín Orgánez Acosta y los 48 delegados municipales de la Costa Chica y Grande entre los que están los delgados de La Unión, Musio Godoy Chávez, Víctor Manuel Ramírez Rivera,  José Covarrubias Rosas, Sergio Suazo Izazaga; José Azueta Alberto Fernández Cabrera,  Antonio Bustos Rodríguez, Alejandrina Suazo Díaz, Manuel Salvador Rivera Morales.
De Petatlán Salvador Peñaloza Duarte, José Isabel Romero Maciel, Leticia Sotelo Ríos; Tecpan Leonel Lorenzana Rivera, Patricio Pérez Cordero, Leopoldo Mendoza Torres, Rafael Armenta Ortiz; Atoyac, Benjamín Cisneros Radilla, Ignacio Radilla Pérez.
Así también los delegados de Acapulco Julio Ortiz Ochoa, Manuel Baltazar Ávila Sierra, Inocencio Juárez Morales; San Marcos Francisco López Miranda, Dagoberto Inocencio del Valle, entre otros.
Como se recordará a principio de año los copreros a nivel nacional se movilizaron en las fronteras del país para exigir que se mantuviera el arancel, ya que de no hacerlo enviarían a una crisis económica más grave a los copreros.
Mientras que en el puerto los copreros regalaron más se 5 mil cocos como protesta por la competencia desleal que aseguran se dará si no se vuelve a aplicar el arancel.
En su carta abierta los integrante del Cecoco apelan a la sensibilidad social de Fox Quesada para que mantenga el arancel en los mismos términos y niveles en que se estableció en el decreto de origen, ya que de ello depende la subsistencia económica de la mayoría de los cultivadores de palma de coco de México.
La petición de los copreros la hacen luego de que este 31 de diciembre termina la aplicación del arancel y además porque aseguran “saben que servidores públicos de su gobierno, junto con los industriales de la rama de detergentes y jabones, pretenden bajarlo”.
Precisan que las condiciones y el precio en el comercio mundial del aceite del coco y sucedáneos no han variado desde la fecha que se emitió el decreto correspondiente y se sigue vendiendo en condiciones de dumping, y, además esos productos entran a México, triangulados por medio de Costa Rica; aprovechando las ventajas económicas establecidas en el Tratado de Libre Comercio con dicho país.
Los copreros en su carta abierta indican que si las circunstancias que orillaron a poner el arancel no han cambiado, éste debe seguir vigente en los términos y niveles establecidos desde su publicación definitiva.
Aseguran que la aplicación del arancel no representó mayor impacto en los precios de los detergentes y jabones en el mercado nacional y que únicamente se afectaron las ganancias extraordinarias que obtenían los industriales al importar dichos productos a precios muy bajos al estar subsidiados por los gobiernos de los países de origen.

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GUERRERO
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* Piden su destitución, o cerrarán la oficina el 12 de enero
Denuncian judiciales que Leonel Coronel
protege a narcos y corrompe a agentes

* Sin tener méritos, unos cien militares retirados ocupan puestos importantes en la PJE, afirman, y señalan a Teodomiro Lara, involucrado en el robo a la joyería de Iguala * El director general de la corporación cobra los salarios de policías dados de baja, informan seis efectivos

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Agentes judiciales, jefes de grupo y comandantes de la Policía Judicial del Estado (PJE), exigieron la destitución del director de esa corporación, Ricardo Leonel Coronel, a quien acusaron de diversos ilícitos, entre ellos brindar protección a casas que distribuyen cocaína en Acapulco, Iguala y la capital.
Al jefe policiaco lo acusan, asimismo de cobrar salarios de personal dado de baja y además exigir a cada comandante dinero quincenalmente.
Seis integrantes de la corporación policiaca, que desde hace más de dos semanas han estado denunciando por medio de documentos anónimos a los medios de comunicación estas irregularidades, que mantienen inconformes a más de mil miembros de la PJE en toda la entidad, se presentaron a las oficinas de la redacción de El Sur en Chilpancingo para ratificar su denuncia pero pidieron la omisión de sus identidades para evitar represalias.
Denunciaron también los “ascensos injustificados y estratégicos” que el titular de la corporación, Leonel Coronel, otorga ilegal e inmerecidamente a personal que apenas ingresó o a militares retirados que sirven de cómplices y comparsa para todas sus actividades ilícitas, toda vez que un elemento con apenas cinco meses de ejercicio puede ascender a jefe de grupo o comandante, cuando otros con diez años de trabajo siguen rezagados por no prestarse a sus contactos.
Señalaron que en menos de cinco meses han ascendido así considerable número de ellos, en su mayoría militares retirados ex compañeros de Ricardo que hoy ocupan comandancias inmerecidamente.
Unos cien militares retirados ocupan lugares importantes en la PJE, como el propio Teodomiro Lara González que a pesar de estar involucrado en el robo a la joyería de Iguala ni siquiera hay una orden de aprehensión en su contra; por el contrario lo premiaron otorgándole la comandancia regional en Tecpan de Galena.
Denunciaron que cada quincena tienen que entregar “a como dé lugar, como sea y desde donde sea”, 5 mil pesos a la comandancia regional correspondiente, por lo que prácticamente los afectados señalaron que “nos mandan a extorsionar”, pues explicaron que si detienen a una persona por portación ilegal de arma de fuego, en vez de remitirla a la agencia del Ministerio Público tienen que “sacarle una lana”, para juntar los 5 mil pesos que cada quincena tienen que entregar al comandante regional, quien a su vez los hace llegar a Leonel Coronel. Afirman que de no hacerlo, “corremos el riesgo no sólo de ser castigados y remitidos a comandancias apartadas o recluidos o concentrados de guardia, ser auxiliares de otro comandante, y hasta de ser despedidos”.
Agregaron que el director de la PJE “poco a poco va a acomodando sus fichas y va ascendiendo a quien le conviene”, aseguran que si antes era rico ahora es millonario, pues también denunciaron que brinda protección a casas que distribuyen cocaína al menudeo en Acapulco, donde al menos son unas cien que semanalmente aportan 2 mil 500 pesos con tal de no ser denunciados, incluso abundaron que “para su mala suerte”, su compañera Magdalena García Castrejón que era agente de la PJE adscrita a Costa Azul, por equivocación se acercó a una casa distribuidora y al ser sorprendida para que no denunciara la castigaron y hoy está concentrada en la Dirección General de guardia, está inactiva.
Sobre este asunto dijeron que son más se cien casas distribuidoras de cocaína en Acapulco, más de 30 en esta capital, 60 en Iguala, y otras más en Tierra Caliente, todas al parecer pagan por “seguir trabajando sin problemas”, al director de la PJE.
Entre los ascensos ilegales citaron el de Miguel Ángel Barragán, que siendo jefe de grupo subió a comandante en Ciudad Renacimiento sin ningún mérito.
Las denuncias de corrupción son tales, que los denunciantes señalaron que Leonel Coronel está cobrando alrededor de 50 mil pesos quincenales, el salario de unos 20 elementos que fueron dados de baja en activo y que aparecen en la nómina, como Grimaldo Nava y su esposa Jacqueline que hace más de un año y medio viven en Los Ángeles California y su sueldo sigue siendo cobrado, por lo que el director de la PJE cobra sus salarios con la complicidad de su cuñado Jahaziel Ramírez Castro, jefe del departamento de inteligencia y logística, quien tiene amenazados a los de Finanzas porque cualquiera va y endosa los cheques para firmarlos, “nosotros invitamos a que verifiquen las firmas y comprobarán que no son las mismas de los agentes, porque el dinero lo están cobrando otros para pasárselo al director”.
Aseguran que tienen pruebas “contundentes” de todas estas denuncias y que están dispuestos a comprobar, pero refieren que por temor a represalias no dan su nombre, incluso adelantaron que en caso de ser objeto de hostigamiento y amenazas “como él sabe hacerlo”, lo responsabilizaron de lo que les suceda a ellos, sus familias y quien escribe.
Advirtieron que han fijado como plazo el 12 de enero para que Leonel Coronel sea destituido del cargo, demanda que exigen, de lo contrario, ese mismo día cerrarán y tomarán las oficinas de la Dirección General e iniciarán un paro de labores indefinido, “pues la corrupción que promueve el director general es tal, que ya prepara que al menos los 12 elementos que se jubilarán ya tienen suplentes a su conveniencia.

Mueren tres personas en un choque
con un autobús en Tecpan de Galeana

* Jóvenes conducían en estado de ebriedad

Francisco Magaña, corresponsal, Tecpan * Los hermanos Giovanni y Francisco López Reyes de 17 y 19 años respectivamente junto con Adrián Castañeda García murieron la madrugada de este martes en un trágico accidente automovilístico producto del alcohol.
El director de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, José Luis Romero Ayvar, informó que los hechos ocurrieron en el punto conocido como la Gloria, en la localidad de Nuxco, en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a las 4 de la mañana.
Los jóvenes conducían en estado de ebriedad en un atlantic rojo sin placas, y horas antes la policía preventiva los había conminado a conducir con moderación.
Los jóvenes se dirigían a la población de Barrio Pobre de la que eran originarios, se impactaron con un autobús futura de la línea Estrella Blanca que venía de Zihuatanejo con rumbo al puerto de Acapulco.
Del autobús no se reportó ningún herido, el auto en el que viajaban los jóvenes quedó desecho al igual que los tripulantes.
Al lugar acudieron agentes del Ministerio Público de Tecpan así como el policía federal preventivo, Ramiro Ruano Ramírez, quien llevó el autobús y el atlantic a un corralón en San Jerónimo.
Trascendió que uno de los jóvenes acaba de llegar de Estados unidos donde trabaja y otro se iba a casar este martes.
Este es el segundo accidente en el periodo vacacional con un autobús, el saldo hasta el momento son 4 muertos en esta región.

* Niega el delegado que lo haya detenido la UEDO
PGR: al comandante de la AFI acusado
de narcomenudeo sólo lo transfirieron

Jorge Nava * El delegado de la Procuraduría General de la República en el estado, José Alberto Rodríguez Calderón, informó que el 18 de este mes, recibió la notificación del jefe de despliegue regional policiaco de la AFI, Rodolfo de la Guardia, donde se le explicó que el comandante Héctor Armando Rojas Sánchez y otros cuatro agentes, serían adscritos a la AFI del Distrito Federal.
Una versión periodística de El Sol de Acapulco, señala que Rojas Sánchez, fue detenido por agentes de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO), por encubrir una red dedicada al narcomenudeo, luego de que agentes a su mando lo denunciaron.
En declaraciones Rodríguez Calderón negó esa versión con el argumento de que el Rojas Sánchez ya se encuentra en activo en la AFI del Distrito Federal, y que su cambio fue de rutina.
Rodríguez Calderon precisó que desde el 20 de este mes se encuentra como encargado de la comandancia de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), José Luis Sánchez Baez.
Afirmó que no hay ninguna investigación del agente y sus subordinados y que desconocía totalmente lo publicado el lunes por el diario El Sol de Acapulco.
Sostuvo que en la ciudad no se encuentra la UEDO identificando las llamadas tienditas donde se expenden drogas, pues dijo que esas investigaciones diariamente las llevan a cabo el Ministerio Público Federal y los agentes de la AFI, quienes reciben las denuncias de ciudadanos.
El diario El Sol de Acapulco señala que tras la supuesta detención de Rojas Sánchez, se efectúan una serie de dispositivos en el centro de la ciudad y Zona Roja, con el fin de ubicar los establecimientos que presuntamente recibían la protección de Rojas Sánchez.
Una fuente informó que también hay policías del estado involucrados en la protección de los dedicados a esa actividad ilícita.

Contra la injusticia y la incapacidad para
el diálogo, el mensaje de Garfias Merlos

Gregorio Urieta, corresponsal, Ciudad Altamirano n En su mensaje de Año Nuevo dirigido por escrito a los creyentes, a los párrocos, laicos e institutos católicos de la diócesis, el obispo Carlos Garfias Merlos habló contra la injusticia y la explotación, la violencia y la inseguridad y la incapacidad para el diálogo y los acuerdos.
El actual administrador apostólico de la diócesis, que a mediados del año pasado asumió como obispo de Ciudad Netzhualcóyotl, estado de México, dijo también que “ante tantos problemas que agitan al hombre de hoy en los diferentes contextos humanos, Cristo es la esperanza firme”.
Garfias Merlos detacó que “ante un mundo sin esperanza, ante un hombre que desconfía de sí mismo y de la sociedad, que no cree en las instituciones, que se deja llevar por la desesperanza, la violencia y la inseguridad, que practica impunemente la injusticia y la explotación, que prefiere el individualismo y que provoca su propia desintegración y la de la sociedad a la que pertenece, que es incapaz para el diálogo y lograr los acuerdos necesarios para el bien común, Cristo es el ideal que hace que el hombre pueda trascender y vaya más allá de toda desesperanza”.
El ex obispo de Altamirano desliza también una crítica a la escasa participación social, al fijar en su mensaje que “la esperanza que Cristo nos ofrece implica esfuerzo activo y creativo. Más que lamento es aliento, más que pesimismo, es una confianza generosa que no se deja vencer. No espera pasivamente el cambio, se compromete con él…”.

* Los militares no se abren a la autoridad civil, lamenta
Debe reabrirse el caso de la indígena violada por soldados: Pedro de Jesús

* El delegado en Guerrero de la Conadepi, antes INI, señala que no es el único caso de indígenas violadas por militares, y recuerda el de dos mujeres mixtecas en Barrio Nuevo San José

Teresa de la Cruz, corresponsal, Chilpancingo * Luego de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobernador del estado y al secretario de la Defensa Nacional por violación del derecho a la justicia de la indígena me’phaa, Inés Fernández, del municipio de Ayutla, el delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi, antes INI), Pedro de Jesús Alejandro, consideró que debería “reabrirse el caso” ya que de lo contrario se demostraría la “impunidad” que hay en el estado.
Entrevistado luego de la conmemoración del 43 aniversario de la masacre del 30 de diciembre de 1960, De Jesús Alejandro dijo que el rechazo de la recomendación de la CNDH por parte del Ejército deja claro que “es muy difícil que se cumplan las recomendaciones sobre todo dentro la milicia, ya que no se abren a las autoridades civiles”.
Indicó que “sería lo más deseable que el Ejército hiciera caso a la recomendación, sobre todo porque no queremos pensar que el caso de Inés Fernández va a quedar ahí archivado” .
Consideró que debería “investigarse ya que de no ser así sería lamentable y demostraría la impunidad en el estado,  además –dijo– son tiempos muy cortos en los que se ha optado por archivarlo”.
Insistió en que “debería reabrirse el expediente para que se revise a fondo el asunto y se dé una solución favorable a Inés Fernández”; luego destacó que éste no es el único caso de violación a los derechos humanos ni de violación sexual a mujeres indígenas “sólo que a los otros casos no se les ha dado seguimiento”.
De Jesús Alejandro recordó que en 1999 se dio un caso similar en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca, en donde también se vio involucrado el Ejército.
Ahí, dijo De Jesús Alejandro, “hubo asesinatos y ultrajaron a dos mujeres mixtecas, el hecho fue denunciado por la dirigente Hermelinda Tiburcio Cayetano, a quien en dos ocasiones intentaron asesinar”.
Dijo que una parte de las investigaciones en ese hecho “estuvo a cargo de una comisión de diputados federales quienes según las conversaciones que tuvimos confirmaron que efectivamente en el lugar había evidencias de que hubo muertos y que fueron violadas las mujeres mixtecas a quienes nadie garantizará sus derechos después de que fueron ultrajadas, no hubo quien fuera a fondo para esclarecer el caso, para llegar a los culpables”.
Precisó que como Conadepi “no hemos dado ningún apoyo especial a esta indígena (Inés Fernández), ya que nosotros no somos una autoridad judicial, somos una autoridad que sólo coadyuva en la capacitación jurídica dentro de las comunidades indígenas cuando hay violación de derechos humanos colectiva”.
Reiteró: “A nosotros nos ha tocado recibir peticiones de algunos casos y hemos coadyuvado con fianzas o con asesoría en las comunidades y brindando  capacitación como un acción preventiva sobre los derechos indígenas, sin embargo en la institución pueden encontrar mínimo una asesoría ya que en casos graves se tiene que acudir a las instancias correspondientes”.

* Pide el diputado que se acate la recomendación
Rómulo Reza: la CNDH confirma que
los militares deben estar en los cuarteles

Aurelio Peláez * El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Rómulo Reza Hurtado, afirmó que el gobierno del estado y el Ejército deben acatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el sentido de que se reintegre el proceso judicial en contra de soldados que participaron en la violación de la indígena tlapaneca Inés Fernández, y que se sancione a quienes entorpecieron la investigación del delito.
La Recomendación vuelve a traer a debate el tema del patrullaje y los retenes que instala el Ejército en Guerrero, y confirma la tesis de que los militares deben estar en los cuarteles en tiempo de paz, señaló el diputado local por el PRD.
La recomendación de la CNDH, instancia a la que acudieron los agraviados en demanda de justicia, es una muestra de la desconfianza de los ciudadanos a los tribunales militares, y plantea llevar a debate el tema de modificar la Constitución, para permitir que en casos parecidos los miembros del Ejército puedan ser juzgados por autoridades civiles.
“Considero que todas las investigaciones que realiza la CNDH son serias, pues se documenta y se acude a los lugares donde sucedieron los hechos, para constatar la veracidad” de la denuncia, comentó Reza Hurtado.
En marzo de 2002 soldados del 41 Batallón de Infantería violaron a la indígena me’phaa, en la comunidad de Barranca de Tecoani, en Ayutla de los Libres, Inés Fernández, durante un patrullaje por esa región. La mujer se encontraba con sus tres hijos. A la agraviada la acusaron de robo de ganado y la despojaron de la carne de una res que había matado su esposo.
La denuncia fue archivada por el Ministerio Público Militar, lo que se hizo, afirma la CNDH, “sin una verdadera indagatoria del caso” en donde se incriminaba a los soldados en los delitos de violación sexual, allanamiento de morada y abuso de autoridad.
La CNDH también recomendó al gobernador René Juárez Cisneros iniciar un procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado, por incurrir en deficiencias y omisiones durante la integración de pruebas con las que se podría identificar a los responsables del delito de violación.
Rómulo Reza dijo que aunque no conoce en detalle la primer recomendación de la CNDH dirigida directamente gobernador René Juárez, “si se encuentra apegada a derecho y debidamente fundamentada, ésta debe ser acatada”.
El diputado local comentó que “aunque como este tipo de violaciones fueron cometidas en funciones por los elementos del Ejército, el competente (para investigar) es el fuero militar, pero ahí la sociedad civil tiene dudas de que haya un juicio justo y se tiene más confianza en las autoridades civiles”.
Explicó que de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución federal, al fuero militar compete la investigación en casos de delitos de guerra y para delitos y faltas contra la disciplina militar.
El caso de la indígena violada durante un patrullaje militar refuerza la tesis de que en tiempo de paz el Ejército debe estar en los cuarteles, aún cuando ahora cumple funciones policiacas. Esto se ha dado, explicó, por el abandono de los gobiernos en la seguridad pública, lo que ha sido suplido por el Ejército, y en regiones como la Costa Chica-Montaña por las policías comunitarias.
“Por eso las comunidades están creando sistemas de defensa como las policías comunitarias, porque consideran que sólo así darán seguridad a las comunidades indígenas y en la zona de la sierra. Ahí la gente se queja de cuando van los policías judiciales o los militares lo que cometen son atropellos, entonces ante la falta de la confianza y compromiso de las policías de erradicar los delitos en esa zona es que entra el Ejército para ocupar el lugar de la policías, pero eso se tiene que corregir”.

* Pide investigar la violación a Inés Fernández
Solicita Juan Alarcón al gobernador acepte la recomendación de la CNDH

* El MP militar archivó el expediente y la PJG ocultó pruebas, dice la recomendación

Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, pidió al gobernador René Juárez Cisneros que acepte la recomendación que le envió la Comisión Nacional con respecto a la violación de los derechos de la indígena Inés Fernández Ortega de la comunidad de Barranca Tecoani, municipio de Ayutla.
Ello luego de que el Ejército Mexicano rechazó dicha recomendación en la que se pide que se reinicien las investigaciones de la violación sexual de la indígena, que fue agredida por soldados del 41 Batallón del Ejército Mexicano en marzo de 2002.
En la recomendación de la CNDH, se afirma que el Ministerio Público Militar archivó el expediente, mientras que la Procuraduría de Justicia del estado, por medio de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común ocultó las pruebas con las cuales se evidencia lo violación sexual de Inés Fernández.
El ombusdman guerrerense dijo que la Comisión Nacional “está en lo correcto en virtud de que encontró elementos para emitir un documento de esta naturaleza y toda vez de que hubo irregularidades en la averiguación con respecto a la acusación de violación de la indígena”.
Alarcón Hernández dijo que antes de que la recomendación sea rechazada “tiene que revisarse y analizarse desde el punto de vista jurídico y de los hechos que se denuncian por parte de los agraviados”.
Pero también dijo estar de acuerdo en que el expediente se reabra “toda vez que a nadie afecta que se realice una investigación más exhaustiva que lleve al descubrimiento de la verdad”. Dijo que esto ayuda a la sociedad, lejos de perjudicarla; “por lo tanto estoy absolutamente de acuerdo con esa recomendación”, dijo Alarcón Hernández.
Pidió que el gobernador René Juárez Cisneros acepte la recomendación y que tome las medidas que sean necesarias para corregir las irregularidades que cometió la Procuraduría al ocultar las pruebas que se mencionan en dicha recomendación de la Comisión Nacional.

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ACAPULCO
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* La votación: 11 votos a favor y 16 en contra, entre ellos cinco del PRD
Rechaza el Cabildo la propuesta de Presupuesto que presentó el alcalde

* Propone el regidor de Convergencia Mario Ramos la integración de los presidentes de las diversas comisiones para emitir un nuevo dictamen * El perredista Wulfrano Salgado dice que el documento no retomaba las propuestas de los regidores

Adalberto Valle * Con 11 votos a favor, 16 en contra y la abstención del alcalde Alberto López Rosas, el Cabildo no aprobó el dictamen del Presupuesto de Egresos para el año 2004 que fue regresado a la Comisión de Hacienda para ser reelaborado.
Aunque la intención de los regidores de las fracciones de oposición –además de cinco del PRD– era “reforzar” a la Comisión de Hacienda con el total de los presidentes de las diversas comisiones del Cabildo, para que participaran con “voz y voto” en la próxima emisión del dictamen en lo que propusieron como una “comisión transitoria”, López Rosas “en base a la ley” no permitió lo anterior.
“Pueden participar todos los regidores que quieran, pero sólo con voz, no pueden votar. Así lo marca el reglamento”, expuso el alcalde durante la sesión en la Sala de Cabildo Juan R. Escudero.
La propuesta de formar dicha “comisión transitoria” fue calificada por Alberto López Rosas como una actitud “golpista” y “partidista” de los ediles que no aprobaron el dictamen.
La polémica por la comisión transitoria
El monto a ejercer por el Ayuntamiento sería de mil 114 millones, 41 mil 164 pesos.
Ayer martes, el cabildo sesionó sólo con este punto en el orden del día, y fue Mario Ramos, de Convergencia quien tomó la palabra al comenzar la discusión, para decir que el Presupuesto que se entregó a los regidores no fue bien desglosado lo que evitó “un profundo análisis”, por lo que propuso la integración de los presidentes de las diversas comisiones para emitir un nuevo dictamen.
Más tarde, el regidor del Partido Verde Alejandro Carabias señaló que el Artículo 86 del Reglamento Interno del Cabildo establece la posibilidad de reforzar una comisión “en los casos que haya necesidad”.
Tal artículo no marca si los regidores que “refuercen” tienen derecho a voz y/o voto.
“Entonces que lo decida el Cabildo”, apuntó Carabias. “No está en el orden del día”, refutó el alcalde.
Carabias dijo que no tuvieron a la mano con oportunidad los estados financieros y el desglose de los diversos rubros en que se gastará en el 2004, poniendo como ejemplo el monto asignado a la Dirección de Comunicación Social.
El perredista Wulfrano Salgado –quien el lunes por dos votos de diferencia perdió la votación para ser coordinador de su fracción con Jacinto Ortiz– pidió que el dictamen “se estudie más y se regrese a la comisión”. Aseguró que el documento de la Comisión de Hacienda no reflejaba el trabajo de los regidores ni de los presidentes de comisiones con los secretarios o coordinadores de las dependencias.
Agregó que la distribución del presupuesto como se pretendía aprobar, afectaba los rubros del área rural y salud. “Yo apoyo la formación de una comisión plural y que posteriormente se respete el presupuesto asignado, no como en el 2003. Por ejemplo, eran 24 millones para Comunicación Social y al final se dieron 41. Hubo otras reasignaciones a diferentes secretarías que no se informaron”, señaló.
Sobre la propuesta, el síndico Marcial Rodríguez aseguró que violaba el reglamento. “No se puede cambiar la ley ni proponer otra comisión, sería incurrir en un acto de ilegalidad, es contraria a las normas” y agregó que no renunciaría al derecho que tiene la Comisión de Hacienda –la cual preside– de emitir el dictamen.
Marcial Rodríguez resaltó que sí entregaron el presupuesto desglosado en “tiempo y forma”, mientras que añadió que no había recibido propuestas para “enriquecer” el dictamen por parte de los regidores.
Por su parte, el panista Guido Rentería se refirió al artículo 35 del Reglamento Interno del Cabildo, que expone que “Las comisiones transitorias serán las que se organicen para la solución o estudio de asuntos determinados, sus facultades serán precisadas en acuerdo del Ayuntamiento y por el tiempo que éste determine”.
Mencionó que pidió conocer a fondo el presupuesto asignado para Comunicación Social. “El secretario de Finanzas (Fernando Aragón, se encontraba presente en la sesión) me dijo que me lo entregaría hoy (ayer) a las 9:30 de la mañana. Es la hora en que no lo tengo”, reclamó el panista.
En su turno, Rubén Padilla, del PRD, criticó la reducción de 11 millones de pesos al rubro de salud (de 34 del presente año a 20 para el 2004).
“Entonces para qué se hizo el hospital (el Municipal, que está por inaugurarse en las instalaciones de la Dirección de Salud), si no se va a poder operar por falta de recursos. Además, aumentó la planta laboral. De 18 se incrementó a 21 centros de salud y para un hospital, eso será insuficiente”.
Recalcó que durante los cuatro años que se tienen en Acapulco de gobiernos perredistas, “la Secretaría de Salud (estatal) no ha invertido nada. Yo pediría no cerrar los ojos ante este problema, o entonces ahí que se mueran”, dijo Padilla, lo que el alcalde calificó como una expresión muy dramática.
En su intervención, el priísta Mateo López, señaló que era un presupuesto “vertical, con culto a la personalidad”, además de mostrarse inconforme con los montos “bajos” asignados a salud y a desarrollo rural.
Comentó que en anteriores ocasiones “se han reforzado a otras comisiones con derecho a voto. Pero ahora no veo cuál sea el temor”.
El coordinador de la fracción del PRI, José Guadalupe Perea también pidió la incorporación de los presidentes de comisiones, que son quienes “conocen más las áreas”. Criticó además el incremento en combustible y lubricantes, por un millón 843 mil pesos.
En tanto, la perredista Lourdes Ramírez contradijo a Marcial Rodríguez, a quien le mostró los documentos que le envió para reunirse y hacer algunas propuestas. Se mostró en contra de que a la Secretaría de Desarrollo Social se le asignen 25 mil 800 pesos, mientras que sólo para la Dirección de Asuntos de la Mujer y Grupos Vulnerables, al mando de Esmeralda Hernández, se destinaron 60 mil 200 pesos.
Jacinto Ortiz Luviano se estrenó como coordinador de la fracción perredista haciendo un “llamado”. “Si hay algo que criticar se haga con responsabilidad, porque veo que se cae más en lo político y no se ve lo técnico del proyecto. Yo soy secretario técnico de la comisión y se entregó a todos los regidores el desglose en tiempo y forma”.
En su intervención, Jacinto Ortiz pidió al panista Guido Rentería “no ser protagónico ni deshonesto”. Dijo que el presupuesto de Comunicación Social fue bajado de 24 a 21 millones de pesos. “Yo mejor lo exhorto (a Guido Rentería) que vea los mil 558 millones que tiene el presidente (Vicente) Fox en Comunicación Social”.
Reconoció que Guido Rentería tuvo una buena participación en la reunión en que se emitió el dictamen, aunque añadió que se retiró antes de que concluyera.
“Yo estoy de acuerdo de que haya más presupuesto para salud. Pero tenemos que reconocer que ni salud, ni educación son facultades del municipio”, añadió.
Entonces, Guido Rentería respondió que el artículo 22 del reglamento le permitía expresarse libremente con responsabilidad. “El asunto del presidente (Vicente Fox) está en manos de los diputados federales y también estoy de acuerdo de que se asignen recursos de comunicación a otros rubros de mayor necesidad” y agregó que el monto representa mucho menos del uno por ciento del presupuesto global de la federación.
Además, pidió a Jacinto Ortiz que se retractara por acusarlo de deshonesto y que quedara asentado en el acta de la sesión, a lo cual, el perredista aclaró que se refirió a la conducta del panista. “No hablo de malos manejos, sino que cae en acciones políticas y no es congruente”, resaltó Jacinto Ortiz.
“Yo pedí un permiso para atender un asunto personal, se lo hice saber al presidente de la comisión (Marcial Rodríguez)”, respondió Guido Rentería.
Por su parte, Marcial Rodríguez aceptó que el panista había solicitado su aval para abandonar la reunión de la Comisión de Hacienda, aunque “en honor a la verdad” comentó que Rentería constantemente llegaba tarde a las sesiones y las dejaba antes de que concluyeran.
Se buscaba privilegiar los rubros que son responsabilidad del municipio: López Rosas
El alcalde Alberto López Rosas argumentó que con el presupuesto de la forma en que fue presentado se buscaba privilegiar los rubros que son responsabilidad directa del municipio, mientras que en sectores como salud, educación y el campo se podían apoyar con los programas estatales y federales.
“Nosotros somos coadyuvantes, independientemente de las partidas presupuestales que estamos destinado a la salud municipal, estamos bajando los programas de la Federación y del estado al sector salud. La Federación suprimió las facultades a los municipios en materia de salud, educación y también los programas hacia el campo. No estamos renunciando a la atención de salud y educación, estamos motivando a que la Federación y el estado sean quienes provean de esos recursos al municipio” resaltó.
Acerca de la propuesta original, recalcó que le corresponde a la Comisión de Hacienda elaborar el dictamen correspondiente al presupuesto de Egresos y calificó como “un intento golpista el querer crear una comisión paralela, que generaría desorden, que está fuera de la ley”.
“Si hay dudas sobre el dictamen, que regrese a la comisión de Hacienda. Pueden asistir todos los regidores que quieran a las reuniones, que hagan sus propuestas para que sean consideradas por los integrantes. Tendrán derecho a voz, pero no a voto”, apuntó López Rosas.
El síndico Fernando Donoso apoyó la postura del alcalde, “basada en la legalidad”.
“Esto tiene que regresarse a la Comisión de Hacienda. No se trata de querer imponer una idea, sino de proponer y dejar que la comisión haga su trabajo”, agregó.
En tanto, Hipólita Olmedo expuso que el secretario de Finanzas, Fernando Aragón, durante las reuniones los “tachó de ignorantes en la materia” y “ahora quieren que vayamos con voz, pero sin voto, si no sólo somos mirones”.
Al pasar a Asuntos Generales, los ediles intentaron que el punto se tratara en la próxima sesión de Cabildo, a lo cual López Rosas reiteró que no se podía votar algo que no estaba marcado en el reglamento.
Entonces, José Guadalupe Perea criticó que el alcalde asumiera “una posición de juez”, en la que maneja “la ley del Cabildo a su conveniencia”.

Actitud golpista, intentar crear una comisión paralela a la de Hacienda: López Rosas

Al concluir la sesión, en entrevista en la Presidencia, Alberto López Rosas dijo que lo procedente es que el dictamen se regresará a la Comisión de Hacienda y reiteró que la petición de los regidores fue “un intento golpista”.
“Ahora se tendrá que seguir analizando en la comisión para aprobarlo en una siguiente sesión de Cabildo”.
–¿Se puede considerar como un fracaso?
–No, son signos de nuestros tiempos. Rescatamos un intento de desaparecer a la Comisión de Hacienda. Hubiera sido muy lamentable ese intento golpista. Estoy obligado a preservar la legalidad, sería grave hacer a un lado a la comisión. Fue un intento de crear una institución paralela, generando un precedente grave para la administración pública. Creo que fuimos responsables con nuestra postura.
–¿Podría considerarse como una postura contra el propio Marcial Rodríguez, más que contra la propia comisión?
–Con quien sea. Todos son regidores y merecen respeto. A mí me corresponde como presidente del Cabildo buscar siempre que estemos dentro de la legalidad.
–También lo calificó como una postura partidista…
–Es obvio, es evidente, pero dimos argumentos y razones. No podíamos acceder a inhibir instituciones y vamos a seguir así. Ojalá se pudieran desvincular, pero los partidos están cerca de las fracciones.
–¿Qué impacto tendrá la votación en contra?
–Ningún efecto. Estamos en los términos y vamos a buscar esos acercamientos para lograr el consenso.
–¿Qué hará el alcalde mientras llega la próxima discusión en el Cabildo?
–En tener consenso y acercamiento, escuchar opiniones.
–¿Faltó tacto para lograr la aprobación?
–Faltó voluntad. Espero que esa voluntad se exprese pronto. (Adalberto Valle).

* No iré a reuniones que convoque: Morales Torres
Desconocen a Ortiz Luviano como nuevo coordinador de los ediles del PRD

* Competí contra López Rosas, dice Wulfrano Salgado

Adalberto Valle * Los regidores perredistas Wulfrano Salgado Romero y José Luis Morales Torres, desconocieron al recién nombrado coordinador de su fracción en el Cabildo, Jacinto Ortiz Luviano, al calificarlo como “servil” al presidente municipal, Alberto López Rosas.
Inclusive, Wulfrano Salgado, aseguró que no compitió contra Jacinto Ortiz por la coordinación, sino contra el propio alcalde.
En entrevista por separado, comentaron que no acudirán a las convocatorias a reuniones hechas por Jacinto Ortiz, mientras que anunciaron que Wulfrano Salgado será “coordinador de la mitad de los regidores” que están en contra de Ortiz Luviano.
En la elección del lunes, Jacinto Ortiz fue apoyado por el síndico Marcial Rodríguez y por los regidores Juana Esteban, Juan Calixto, Germán Farías, Alejandrina Javier, Norberto Refugio, Francisco Ramírez y Alfredo Campos.
Wulfrano Salgado recibió el voto a favor de Rubén Padilla, José Luis Morales, Lourdes Ramírez, Ninfa Luna, Nicasio Prudencio y del síndico Fernando Donoso.
Sin embargo, Fernando Donoso dijo que luego del resultado de la elección dará su apoyo a Jacinto Ortiz, “a pesar de que yo voté por el otro candidato”.
Ayer, Wulfrano Salgado dijo a los medios de información que le molestó “mucho como se dieron las cosas”.
“Ya habíamos platicado con la mayoría de los regidores y decidieron darme el apoyo para coordinar la fracción. Me firmaron un documento donde me daban su palabra, desgraciadamente, no competí contra Jacinto, sino contra el presidente (Alberto López Rosas), que metió las manos”, añadió Wulfrano Salgado.
“Hace ocho días me dijeron que el presidente los estaba presionando para que votaran por Jacinto y les dije que eran libres y no tenían por que aceptar. Lamento que los compañeros no tengan palabra y más valor civil, y hagan lo que les dice el presidente como si fueran sus hijos”, agregó.
–¿Se refiere a Alfredo Campos y Francisco Ramírez?
–De los dos. Ante eso nos deslindamos de Jacinto Ortiz. No queremos un coordinador que haga lo que dice el presidente, sino que nos coordine y que lleve nuestro sentir al presidente y no pase lo mismo que con Marcial, que tuvo una coordinación muy oscura, lo mismo cuando fue rector fue muy oscuro lleno de escándalos.
–¿Pero fue legal la elección?
–Pues se dio un mes más tarde. No fue cuando debió hacerse el 1 de diciembre porque sabían que tenía yo la mayoría. Lo hicieron premeditadamente para maniobrar.
–¿Impugnarán?
–No, que se queden con su coordinador y nosotros vamos a trabajar por separado. Yo quedo como coordinador de la otra parte.
–¿Irán a las reuniones?
–Cuando nos invite Jacinto no, porque lo desconocemos.
Por su parte, José Luis Morales lamentó la “intervención” del alcalde en la elección de coordinador del PRD.
“Yo no voy a asistir a ninguna reunión. No tiene caso. (Con Marcial Rodríguez como coordinador) Nunca pudimos reunirnos como fracción. Nos llaman un día antes de la sesión para querernos dar línea y no es lo que queremos”, comentó.
–¿Consideran a Jacinto Ortiz como gente del alcalde?
–Siempre Jacinto ha sido gente incondicional del presidente. Yo creo que no va a haber coordinación. Nosotros pretendíamos otra diferente a la que hubo este año que no funcionó, pero creo que será lo mismo.
–¿Qué pasó en los casos de Alfredo Campos y Francisco Ramírez, que se dijo que estaban del lado de Wulfrano Salgado?
–Les habló el presidente municipal. Además David Sotelo Rosas habló con el presidente y (el senador) Jesús Ortega habló a Chilpancingo (con el dirigente estatal del PRD, Martín Mora) y de ahí le dieron la línea a Paquito (Francisco Ramírez). Hablaron con (el dirigente transportista) Apolinar Cegueda para que hablara con Alfredo Campos, aún cuando ya habían firmado el documento.
Por su parte, el alcalde Alberto López Rosas prefirió no opinar sobre la elección de coordinador de su fracción.
“Yo ahí no me meto. Es decisión de los compañeros. Yo me abstuve de votar”, comentó.

Quiénes votaron a favor y en contra

La discusión en busca de aprobar el dictamen del Presupuesto de Egresos duró 2 horas con 35 minutos a partir de las 12:15 horas de ayer martes.
Por la aprobación votaron los síndicos Marcial Rodríguez –presidente de la Comisión de Hacienda, encargada del dictamen– y Fernando Donoso; así como los regidores perredistas Alejandrina Javier, Norberto Refugio, Germán Farías, Juana Esteban, Ninfa Luna, Juan Calixto, Jacinto Ortiz, Alfredo Campos y Francisco Ramírez (quien con su firma en el dictamen a pesar de no haber asistido a la reunión en que se signó el documento en la Comisión, le dio la mayoría para pasar al pleno del Cabildo).
En contra votaron los perredistas Wulfrano Salgado, José Luis Morales, Nicasio Prudencio, Lourdes Ramírez y Rubén Padilla; los seis del PRI, José Guadalupe Perea, Rodolfo Escobar, Mateo López, Rogelio Villanueva, Jesús Gómez e Hipólita Olmedo; los de Convergencia, Mario Ramos –quien fue el primero en proponer que los presidentes de las demás comisiones participaran en la elaboración de un nuevo dictamen–, Oscar Meza y María de los Angeles González; además de Guido Rentería del PAN y Alejandro Carabias del Verde Ecologista. El alcalde se abstuvo de votar.
El dictamen, firmado por seis de los 10 ediles de la comisión dejaba ver que sería una votación dividida. A la reunión en que se firmó asistieron 8 de los 10 regidores. De estos, sólo firmaron 5: Marcial Rodríguez, Jacinto Ortiz, Juana Esteban, Germán Farías y Norberto Refugio, todos del PRD. Después lo avaló el perredista Francisco Ramírez, quien no había asistido. El dictamen no fue firmado por Rogelio Villanueva (PRI), Guido Rentería (PAN), Oscar Meza (Convergencia), ni por José Guadalupe Perea, coordinador de los regidores del PRI. (Adalberto Valle).

* Gómez Maganda, satisfecha con la temporada
La ocupación, al 89.6%; llega al 100% en hoteles de Gran Turismo

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Turismo Municipal, este martes Acapulco registró un 89.6 por ciento de ocupación con más de 39 mil turistas disfrutando de su estancia en el puerto, apenas 4 puntos arriba en relación al inicio de la semana. Mientras que los hoteles de Gran Turismo se encuentran ya al 100 por ciento.
En tanto que para la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda las expectativas de fin de año es que la ocupación hotelera en el puerto alcance el 100 por ciento.
Comentó la secretaria que “Acapulco está lleno”, aunque señaló que el indicativo de ocupación hotelera no lo es todo “porque sale uno a las calles y esto es un ir y venir constante”; manifestó estar satisfecha con la presente temporada pero precisó que será el próximo mes cuando se analice la derrama económica de este año.
La Sefotur informó que la Zona Diamante sigue ganando más captación de turistas, pues ayer registró un 89 por ciento de lleno en sus habitaciones.
La Zona Dorada también aumentó su ocupación con tres puntos, registró 93.2 por ciento mientras que el lunes registraba un 90 por ciento.
Por su parte la Zona Náutica sigue en descenso al registrar solo un 81.2 por ciento mientras que un día anterior había alcanzado el 86.5 por ciento de ocupación hotelera.
Por su parte la DTM reportó que los hoteles de Cuatro Estrellas alcanzaron el 96.9 por ciento mientras que los de Cinco Estrellas cuentan con un 87.2 por ciento.
El binomio Ixtapa-Zihutanejo logró obtener un 96.2 por ciento, Taxco corrió con menos suerte pues sufrió un descenso de 20.7 puntos en relación con el lunes que obtuvo 70.1, ayer sólo alcanzó un 50 por ciento. El Triángulo del Sol obtuvo un 88.5 por ciento.
Dichos datos según la Sefotur, se obtuvieron de un muestreo diario de 44 hoteles con 5 mil 793 habitaciones en Acapulco, 19 hoteles con 2 mil 755 habitaciones en Ixtapa-Zihuatanejo y 13 hoteles con 736 habitaciones en Taxco.
La Procuraduría del Turista por su parte sólo registró dos quejas por extravío de documentos y una por robo en una habitación de los amueblados Ordóñez, donde Ignacio Javier Nieto Martínez del Distrito Federal dijo haber perdido un celular y mil pesos en efectivo, la procuraduría logró conciliar el pago del efectivo.
El extravío de documentos fue de Honn William Say de origen estadounidense y Victoria Moreno Gutiérrez del Distrito Federal quien los extravió en la central de autobuses. (Mónica Martínez García).

* Laboramos aquí cinco personas de la familia, dicen
Sólo cobramos 20 pesos por lavar los carros, dicen cuidadores del Princess

Raquel Santiago Maganda * En esta temporada vacacional los espacios de estacionamiento en la playa del hotel Princess se convierten en un punto de conflicto para las autoridades debido a que según reportan los turistas les cobran el servicio de aparcamiento, mientras que los cuidadores y lavacoches aseguran que sólo cobran 20 pesos por el lavado del carro y la propina.
Aseguraron que la limpieza del vehículo y la propina son opcionales para los turistas, y que éstos no son presionados, versión contraria a las 20 quejas que dijo tener por esa razón el procurador del Turista, Jorge Muñoz Sánchez.
El cuidador de autos en la zona de conflicto, José Carlos Mendoza Gutiérrez, aseguró que allí sólo laboran cinco personas, todos ellos de una misma familia, y que sólo al turista le cobran 20 pesos por lavar el carro, servicio que precisó es opcional y no se obliga al visitante.
Dijo que tampoco tienen cuotas fijas para el cuidado de los vehículos y que sólo depende de las propinas que los conductores crean conveniente dejar a los cuidadores. Dijo que las comisiones más espléndidas son de 20 pesos, y que en estos días considerados como muy buenos pueden juntar hasta 200 pesos por el servicio.
José Carlos Mendoza aseguró que el turista es atendido con respeto y que no se le pretende maltratar o dar un mal servicio, lo que sí aseguró es que existe competencia desleal con un grupo de cuidadores de autos que se encuentran antes del acceso principal de la playa.
Esto se pudo constatar cada vez que uno de los vehículos ingresa al acceso a un costado del hotel Princess, los jóvenes les dicen que ya no hay lugar para aparcarse y que mejor opten por estacionarse en la acera de las calles adyacentes.
Unos diez jóvenes apostados en la entrada del acceso principal incluso llegan a tener ligeras confrontaciones en la competencia por el turista, quienes sólo atinan a dejarse guiar por los lugareños que gracias a su insistencia continúa arriba del vehículo, o bien es retirado por otro de sus compañeros que se convierte en guía.
Rafael Dorantes Flores, que es mesero del área, comenta que en comparación con otros años hasta ayer apenas empezaba a llegar el turismo a esa playa. Comentó que en la temporada del año pasado la fila de autos se prolongaba kilómetros y ayer a mediodía aún no estaba tan ocupada el área.
El niño Ernesto Morales Gutiérrez que también se dedica a rentar toldos a 100 pesos, con derecho a tres sillas, dijo que sólo cobran 20 pesos por lavar los autos y que dependen de las propinas del turista.
Aseguraron que hay más de 50 personas que dan el servicio de aparcamiento porque solamente en esta temporada pueden ganar más de 500 pesos. Y también negaron los maltratos al visitante, sobre todo se quejaron porque este año “han venido menos”.
A pesar de la versión de los cuidadores, el lunes pasado el titular de la Procuraduría del Turista informó que tiene registrada 20 quejas por parte de turistas, por el cobro de hasta 30 pesos por el estacionamiento en esa zona.
El funcionario incluso dijo que los cobradores presionan al turista al bajarle el aire a sus automáticos si no entrega el dinero.

* Buscan evitar que se les cobre a turistas
Desde hoy Vía Pública y SPV vigilarán
el estacionamiento de la playa del Princess

El director de Vía Pública, Uriel Leal Ramírez, informó que a partir de hoy se pondrá en marcha un plan de vigilancia con seis inspectores de esa dependencia y diez de la Secretaría de Protección y Vialidad para evitar que se les cobre a los turistas por estacionarse en el área de acceso a la playa del Princess.
Sobre las declaraciones que hiciera a este medio el procurador del Turista Jorge Muñoz Sánchez, de que hasta esa oficina habían llegado aproximadamente 20 quejas por el cobro de estacionamiento que un grupo de jóvenes realizan en el acceso a la playa del Princess, Leal Ramírez manifestó que ya se había acudido a atender la queja dos veces pero que “la gente se quita cuando vamos y regresa cuando nos vamos”, por lo que precisó que a partir de hoy se realizará una vigilancia permanente.
Reconoció no haber previsto el caso pues ya existía el antecedente de que en otras temporadas se suscitaba lo mismo; “a veces esperamos a que el mal surja, sucede y vamos a actuar”, precisó.
Sobre el asunto, la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, declaró que “son gente con habilidad, que cada vez que llega una autoridad se escabullen” y que sorprenden al turistas por lo que lamentó la situación.
El director de Vía Pública comentó que se cuenta con 50 elementos en el área de playas con el fin de evitar el ambulantaje y precisó que hasta la fecha no se han registrado quejas pero sí 80 sanciones.
Señaló que las sanciones son el decomiso de mercancía o bien una multa de 200 a 500 pesos. En el caso de productos perecederos especificó que éstos son llevados al DIF si en un término de 6 días el sancionado no acude a reclamar su mercancía. (Mónica Martínez García)

* Recorre las playas del Acapulco Dorado
Recibe Gómez Maganda quejas por
la basura y cobro de estacionamiento

* Reporta el capitán de puerto saldo blanco en cuanto a incidentes y embarcaciones

La proliferación de basura y el cobro “obligatorio” de estacionamiento en los accesos a las playas fueron de las principales quejas que la secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda recibió de los turistas durante el recorrido que efectuó por las playas desde el hotel Elcano hasta el acceso de playa de la calle Cañonero Bravo.
Acompañada del capitán de puerto, Antonio Pizá Vela; el procurador del Turista, Jorge Muñoz Sánchez; el director de la Promotora y Administradora de Playa, Julio César Bernal; el director de Vía Pública, Uriel Leal, la presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Mary Bertha Medina Cortés así como una comitiva de trabajadores de la Secretaría de Fomento Turístico.
La secretaria caminó por la playa hasta llegar a uno de los accesos de playa en la calle Cañonero Bravo, durante el trayecto recibió múltiples quejas principalmente de turistas defeños.
Un turista procedente del Distrito Federal comentó que las playas de Acapulco sí se encuentran limpias pero que existe diferencia en cuanto al cuidado de las playas en comparación con Cancún, pues allá dijo, hay botes de basura por todos lados además de que no hay ninguna polilla en la arena. También hizo la observación de que en la Costera existen baches que representan un peligro para todos los que transitan por esta vía.
Durante el recorrido se percató que en Plaza Francia el dueño del restaurante del lugar había encadenado a su negocio dos de los botes de basura que el gobierno del estado donó el domingo pasado a la Promotora y Administradora de Playa, el personal de la promotora procedió a retirarlos del negocio y reubicarlos en la playa.
Los turistas saludados por la secretaria de la Sefotur coincidieron en que los accesos a las playas se encuentran “muy sucios” y “con montones de basura”, la secretaria turnó el asunto a Vía Pública para que tome cartas en el asunto.
De igual manera otra de las inconformidades de los turistas fue el cobro por estacionamiento que se les pide en la mayoría de los accesos a playas, así lo manifestó Verónica Gutiérrez, quien es originaria de Toluca.
A unos pasos del condominio La Joya un turista defeño comentó estar inconforme con el olor a gasolina que se expide en el lugar.
María de la Luz González de la Garza originaria del Distrito Federal manifestó estar en descontento con los dueños del condominio, agregó que “se han adueñado” de la playa porque no permiten que se pase hacia el área de playa que se encuentra frente a los condominios.
Por su parte el capitán de puerto Antonio Pizá Vela, durante el recorrido informó que del 20 de diciembre a la fecha existe saldo blanco en cuanto a incidentes en las playas y embarcaciones.
Respecto a las infracciones levantadas precisó que hasta la fechan han sido 14 pero mencionó que estas han sido por percances leves. Además comentó que actualmente se cuenta con 265 motos acuáticas las cuales aseguró, ya están debidamente regularizadas.
En tanto que el director de la Promotora de Playa puntualizó que la renta del mobiliario de playa está al 100 por ciento y que el mobiliario otorgado recientemente por el gobierno estatal, ya ha sido distribuido en su mayoría, por ejemplo precisó que los mil salvavidas se les otorgará a las embarcaciones que llevan a cabo el recorrido para ver a la virgen del mar, comentó que “con el fin de que todos los turistas vayan protegidos durante su paseo”.
Ahí Gómez Maganda admitió que la oferta extra hotelera ha superado y sigue haciendo estragos a la hotelería formal, aunque precisó que cada vez son más los turistas que tienen como segunda residencia a Acapulco.
De igual manera exhortó a los prestadores de servicios para que refrenden su compromiso de calidad en servicios turísticos. (Mónica Martínez García).

* Sí violan hoteles el libre tránsito a turistas: Sefotur
Solicita AHETA a Profepa que informe de las sanciones que impondrán a ambulantes

* Destina el Ayuntamiento más personal para controlar el comercio informal en playas

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Mary Bertha Medina Cortés, declaró que le gustaría tratar el asunto con el subdelegado de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), Manuel Solís Méndez pues dijo “me gustaría saber cuál sería la sanción que le darían a los vendedores ambulantes por invadir una Zona federal que no es de ellos, por atosigar al turista y por robarles”.
La secretaria de Fomento Turístico, Guadalupe Gómez Maganda, precisó que los hoteleros sí están violando la ley al impedir el libre tránsito de los turistas por la zona que acordonaron hace unos días y expresó que no es lo mismo proteger sus áreas para que nadie más las utilicen con fines comerciales que no permitir el libre tránsito de los visitantes.
Gómez Maganda comentó que ya platicó con los hoteleros, pero argumentan que están atendiendo las sugerencias del anterior delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Octavio Klimek Alcaraz de preservar su área de concesión para que nadie más prestara servicios comerciales en ellas.
La secretaria precisó que el anterior delegado de esta dependencia les sugirió que estuvieran “pendientes y al cuidado de que no fueran invadidas sus áreas por los ambulantes a eso se refería el delegado, pero no se refería a que no pudieran circular por ahí los turistas”.
En tanto que en un boletín de prensa el alcalde Alberto López Rosas indicó que su gobierno no tiene facultades en playa, pero que se está tratando de controlar el ambulantaje, incluso dijo, autorizándose más personal para mantener una mejor vigilancia.
Además añadió “espero que el ciudadano Gobernador René Juárez Cisneros, en su oportunidad, nos haga la transferencia de playas, como nos lo ofreció, y de esa manera tomar acciones más directas”.
Sin embargo Gómez Maganda recordó que serán decisiones superiores las que en su momento determinen si se municipaliza la Promotora de Playas pero que hasta el momento sigue formando parte del gobierno estatal.
En el asunto del acordonamiento de playas, la Jefa de Zonas Costeras de la Semarnat, Silvia Correa Díaz, dijo que no hay permisos para acordonar a éstas, precisó que la concesión que la dependencia otorga implica el uso y aprovechamiento de la Zona Federal pero no autoriza el acordonamiento.
Precisó que la Semarnat presentará ante la Profepa las denuncias correspondiente para que determinen el procedimiento administrativo.
Medina Cortés precisó que los hoteleros sólo están cubriendo sombrillas y carpas pero que no se está obstruyendo el paso, además aseguró que los turistas “están muy contentos” porque pueden descansar sin el hostigamiento de los ambulantes.
Puntualizó que los siete hoteles que hasta el momento tienen acordonadas sus áreas no quitaran los banderines y las sogas hasta que termine la temporada.
Calificó como insuficientes los 15 elementos con que cuentan la Semarnat y la Profepa, además señaló que los hoteleros contrataron a elementos de seguridad internos para la protección del turista.
Sobre el aumento de hasta el 100 por ciento en las tarifas de hoteles de la Zona Dorada, Gómez Maganda comentó no estar enterada pero se pronunció en contra de este hecho, pues dijo, perjudica al destino, concluyó diciendo que no es posible que se estén alterando a ese grado las tarifas.
Al respecto Medina Cortés reconoció que los incrementos quizás sí han sido elevados pero dijo que mientras no les afecte a los hoteles en su ocupación diaria no es problema, aunque “más vale tener el 100 por ciento de ocupación a quererte volverte rico en una temporada”.
Aseveró que las tarifas no se pueden controlar, que lo mejor sería que se regresara a la regularización en este rubro por parte de la Secretaría de Turismo, pues se contaría con una tarifa máxima.
De la publicidad aparentemente negativa que se hace en Cancún sobre el puerto de Acapulco, la secretaria de la Sefotur declaró que se comunicó con el secretario de turismo de ese puerto y que él descartó dicha versión. (Mónica Martínez García).

* Invita Profepa a levantar el acordonamiento
Sólo un establecimiento quita cuerdas
y banderillas por la zona de Icacos

Inspectores de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) llevaron a cabo ayer un recorrido de inspección por la zona de Icacos, donde hoteles y restaurantes acordonaron con cuerdas y banderillas el área de playa correspondiente a sus establecimientos para convencerlos de retirar esta protección, sólo el hotel La Palapa, y Victoria acataron la disposición, los demás contestaron que lo harían posteriormente.
El subdelegado de Inspección y Vigilancia de la dependencia federal, Manuel Solís Méndez afirmó que la situación del acordonamiento de las playas se tendrá que analizar y discutir dentro del Subcomité de Concertación de Zofemat.
Ayer cuatro inspectores de la Profepa hicieron un recorrido por las playas que se encuentran en el área de Icacos para constatar las diferentes irregularidades que hay en la Zona Federal Marítima Terrestre y encontraron que diez restaurantes y seis hoteles tenían delimitada su área de playa con cordeles, banderolas, casi como “corrales”.
Los inspectores de la Profepa, sólo levantarán actas circunstanciadas, por ser día inhábil para comenzar sanciones administrativas, sin embargo posteriormente se harán las actas administrativas, para que todo “vaya fundado y motivado”, no se incurra en algún error de procedimiento y se pueda actuar legalmente.
Con el acordonamiento del área de playa, los hoteles y restaurantes violan la Ley General de Bienes Nacionales al impedir el libre tránsito de las personas por esa zona, con lo que podrían tener una sanción económica de 20 a 500 días de salario mínimo.
A pesar de que los turisteros tienen concesión en la Zofemat, algunos de ellos ya vencieron sus permisos y lo están renovando, la citada Ley indica que no pueden colocar ese tipo de delimitaciones.
El lunes los inspectores hicieron un recorrido por el área del Revolcadero donde cuatro hoteles y condominios también delimitaron su área de playa.
Méndez Solís informó que continuarán con recorridos de inspección por diversas playas del puerto para garantizar que no se produzcan irregularidades dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre, porque aseguró, son diferentes problemas que hay sobre todo en temporadas vacacionales, desde la renta de cuatrimotos, caballos, los vendedores ambulantes. (Magdalena Cisneros).

* Se reúne una comisión con el director
Enfermeras: se comprometió el hospital Donato G. Alarcón a atender las demandas

Raquel Santiago Maganda * Ante el amago de un paro de labores en el hospital general Donato G. Alarcón de Ciudad Renacimiento por parte de 70 enfermeras eventuales que laboran allí, ayer el director Ricardo Juárez Ríos se comprometió con las inconformes a darles una respuesta a sus demandas laborales a finales del próximo enero.
De esta manera, como resultado del diálogo entre el director general y una comisión de informes se reanudaron las actividades, después de que el pasado lunes en la tarde hicieron un plantón afuera del hospital y suspendieron durante más de dos horas la atención médica.
La enfermera Viki Pérez Merced, consultada después de la reunión con el director, mencionó que las integrantes de la comisión salieron conformes hasta el momento con la respuesta del funcionario.
Explicó que Ricardo Juárez se comprometió por escrito en que a finales de enero de 2004 dará respuesta a sus demandas de mejoras laborales y por esto las inconformes accedieron a esperar y continuar sus labores médicas.
Pérez Merced precisó que la reunión se hizo en la oficina del director a las 11 y media de la mañana y entre las peticiones que hicieron fue un incremento salarial, porque hasta el momento cada una de las enfermedades eventuales gana cada quincena 728 pesos.
Otra de las demandas laborales es el incremento de aguinaldo, el respeto a los horarios, porque en ocasiones les son modificados los horarios y además no les pagan el tiempo extra, denunció la inconforme.
Comentó que a las cerca de 70 enfermeras, que no están con base en el hospital que depende de la Secretaría de Salud, se les violan los derechos laborales porque algunas tienen ocho años en el hospital sin obtener una plaza, además que no tienen derecho a incapacidad, ni prestaciones sociales como el resto de sus compañeras con base.
Aseguró que en este periodo vacacional las enfermeras con base se encuentran de vacaciones y la atención a los pacientes recae en las enfermeras eventuales.

* Desafían ambos a la Semarnat
Se oponen René y López Rosas en 2003 al anuncio del riesgo sanitario en playas

* No despierten al Guerrero bronco, advirtió el gobernador del estado

Aurelio Peláez * El tema de la contaminación de las bahías de Acapulco y Zihuatanejo llevó al gobierno estatal y al municipal de Acapulco, sobre todo, a formar bloque ante lo que denunciaron como agresiones del gobierno federal a la economía de Guerrero.
La información de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat ), de que en las playas de Acapulco había riesgo sanitario para los bañistas, provocó el enojo público del gobernador René Juárez y del alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, quienes desafiaron la información oficial, adelantando que podrían no respetar las disposiciones de prohibir a los bañistas usar tales playas.
Incluso, ambos, en distintos días, acudieron a las playas para darse un chapuzón, decisión difundida a través de los medios de comunicación.
Esto, a pesar de ambos gobernantes conocían desde antes, por información de la Secretaría de Salud y de la propia Semarnat, de monitoreos a las playas que mostraban diversos grados de contaminación.
Ya en julio del 2002 la Secretaría de Salud urgió al gobierno estatal a declarar la alerta sanitaria en Zihuatanejo, tras presentarse un diagnóstico sobre la contaminación de esa playa, que revelaba una polución hasta 22 veces mayor de lo permitido.
En febrero de este año, en información publicada por el diario Reforma, se informaba que 16 playas mexicanas tenían problemas de contaminación y eran un riesgo para la salud pública, entre ellas la de Zihuatanejo y Acapulco. El diario dio seguimiento a los casos de Guerrero, y en el gobierno estatal y en el municipal se comenzó a hablar de una campaña de otros destinos turísticos contra Acapulco y para beneficiar a otros como Cancún, la competencia.
La versión, por lo menos como la manejaron el gobernador y el alcalde, se reforzó en vísperas del inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, cuando se dijo que la Semarnat presentaría un nuevo monitoreo sobre los niveles de contaminación de las playas, y que en la misma vendrían incluidas las de Guerrero, en donde se recomendaría alerta sanitaria
“Que se vaya el delegadete”
El martes 8 de abril por instrucciones del gobernador René Juárez se informó al alcalde Alberto López Rosas, que la Semarnat cerraría las playas de Caleta y Caletilla, por rebasar los límites de contaminación por coliformes fecales y que el anuncio lo haría el titular de la Semarnat, Víctor Litchinger, en conferencia de prensa en la ciudad de México.
Se le contó que la secretaría colocaría el miércoles las banderas rojas y le invitó a hacer un frente con el gobernador René Juárez.
Ese miércoles, en la ciudad de México, Litchinger confirmaría la versión y señaló que según monitoreos de la dependencia a las aguas, estas playas representaban un peligro sanitario, y dijo que en la misma situación se encontraba la playa Canal de la Boquita, en  Zihuatajeno. Se dijo que se colocarían banderas rojas para advertir del riesgo a la salud a los bañistas.
Esa misma tarde, López Rosas calificó la información como “inoportuna” y “poco responsable”; se dijo respetuoso de la información del gobierno federal aunque afirmó que Acapulco no era nada más dos playas. No obstante, al día siguiente encabezó una reunión con empresarios del turismo y funcionarios del ramo, para acordar una campaña para revertir la información de la Semarnat. En ella, se pediría a la dependencia federal que explicara cómo se determinó la contaminación de las playas.
Dos días después, el domingo, López Rosas, su gabinete e invitados fueron a playa Tlacopanocha, en donde en los hechos, metiéndose a dar el chapuzón, asumieron la limpieza de las playas. Eso fue un domingo, el sábado anterior, en un acto del que sólo se conoció por comunicados de prensa y fotos de la dirección de Comunicación Social, el gobernador hizo lo propio en Caletilla. A la par, en dichos balnearios aparecieron letreros que certificaban como Mar Limpio a dichas playas, y el alcalde no descartó demandar a quienes consideraban de “riesgo sanitario” estos sitios, aunque el ayuntamiento se deslindó de la colocación de los anuncios.
Víctor Litchinger, entrevistado en Puebla, llamó a gobernadores y a alcaldes a no atentar contra la salud de los turistas, y dijo que no le preocupaban las demandas, en tanto que López Rosas anunció que buscaría al presidente Vicente Fox para quejarse.
La presión empujada por el alcalde y el gobernador obligó a la Semarnat a ceder, anunciando el miércoles 16 que no colocaría las banderas rojas en las playas para no poner en riesgo a sus inspectores, aunque comentó que el gobernador René Juárez conocía del anuncio que se haría sobre riesgo sanitario, en tanto que el ejecutivo alardeaba: no despierten al Guerrero Bronco. Así, la Semarnat ofreció una especie de tregua y en tanto dejó correr el puente de Semana Santa anunció que haría un nuevo monitoreo, hasta ahora poco concluyente sobre el estado de salud de las playas.
Dos meses antes, el 17 de febrero, reacciones de René y López Rosas habían provocado la destitución del delegado de la Profepa Inocencio León Pineda, luego de qué también había presentado informes acerca de la presunta contaminación de playas: “Que se vaya el delegadete”, dijo el gobernador, al afirmar que esas declaraciones afectaban a la economía de Acapulco. Esa acusación fue secundada por López Rosas.
Finalmente la Semarnat dio marcha atrás y prefirió negociar con los gobiernos estatal y municipal la realización de nuevos monitoreos, con la participación de más dependencias y la supervisión estatal y municipal.
También, como una especie de acuerdo no escrito, la dependencia federal se guardó de hacer públicos los monitoreos, y para esta temporada de diciembre ya nada se dijo de realizar alguna recomendación de riesgo sanitario de las playas estatales.

* No hay planes de dar concesiones: René Morales
En 2003, dos organizaciones de taxistas
marginados mantuvieron plantones

* Organización de Taxistas del Padrón de 1997 que encabeza Leonel Becerra Godoy, y Grupo Democrático de Taxistas de Acapulco que dirige Rodolfo Ortiz Peralta

Karina Contreras * Dos organizaciones de taxistas marginados del padrón de 1997 mantuvieron durante 2003 plantones en el Asta Bandera y Playa Tamarindos para exigir la entrega de concesiones en la modalidad de taxis azules, porque aseguran que la autoridad del gremio los dejó aún lado para entregarlas a gente ajena al transporte y aunque llevaron a cabo movilizaciones y reuniones su demanda no fue resuelta.
El director de Transporte, René Morales Barrientos, dijo que esa dependencia no tiene considerado entregar concesiones de taxis azules ni colectivos para el puerto, aunque tengan antigüedad, porque la decisión se toma a partir de una necesidad del servicio y por el momento no la hay.
Las organizaciones que en los primeros meses de 2004 cumplirán un año en plantón en la principal vía turística son los agremiados a la Organización de Taxistas del Padrón de 1997 que encabeza Leonel Becerra Godoy los cuales exigen la entrega de 113 concesiones, y el Grupo Democrático de Taxistas de Acapulco que dirige Rodolfo Ortiz Peralta que piden 102 permisos.
Durante estos meses los taxistas marginados llevaron a cabo marchas en la Costera y sostuvieron una reunión con el entonces secretario de Gobierno, Marcelino Miranda Añorve, con quién no llegaron a acuerdos, porque –aseguran- la autoridad se resiste a entregar las concesiones que por derecho les corresponde y que fueron entregadas a funcionarios, amantes de éstos y familiares.
Ayer, en declaraciones, el dirigente del grupo Democrático de Taxistas de Acapulco, Rodolfo Ortiz Peralta, acusó a Morales Barrientos de no poner atención al problema de los marginados; además, de carecer de táctica política y madurez para resolver el problema que los aqueja.
Manifestó que durante todo el año el encargado de transporte en el estado nunca acudió a los plantones del Asta Bandera y Tamarindos para conocer de viva voz la queja de sus ex compañeros taxistas.
Manifestó que durante todo el tiempo que llevan de plantón sólo una reunión sostuvieron con Morales Barrientos, y no llegaron a ningún acuerdo, pues el funcionario sólo dijo que Acapulco estaba saturado.
Comentó que la saturación fue provocada por Morales Barrientos, pues, cuando fue dirigente de la Federación de Transportista fue el que marginó a los verdaderos transportistas y agregó que al gobernador René Juárez lo engañaron porque el funcionario fue uno de los principales violadores de los derechos de antigüedad de los taxistas de azul con blanco.
Ortiz Peralta dijo que en 2004 los marginados de su organización llevarán a cabo movilizaciones para exigir que se cumpla la ley con los que fueron perjudicados en la depuración de 1997 por atender a otros intereses.
El dirigente de taxistas marginados mencionó que el puerto necesita transporte en las partes altas y que lo único saturado son las principales avenidas. Indicó que eso quieren hacer creer porque para los delegados y el director de Transporte los piratas son su mina de oro y que pagan por permisos provisionales, el cual es dinero que no entra a las arcas del estado, dijo.
El director de Transporte, en declaraciones telefónicas el miércoles pasado, dijo que por el momento no se entregarán concesiones en ninguna modalidad.
Reconoció que los taxistas inconformes tienen casi un año y que la única forma de resolverlo es dando las concesiones que piden, pero, dijo que eso no puede ser posible, se tienen que buscar otras alternativas porque “la dirección de Transporte no está considerando entregar concesiones de taxis a ningún trabajador del volante”.
En días pasados el presidente de la comisión de Transporte en el Congreso, el diputado priísta Raúl Salgado Leyva manifestó que esa comisión analizaría el problema de los marginados y de cumplir con los requisitos como es la antigüedad se les entregarían las concesiones.
Pero Morales Barrientos ha desconocido esto, y expresó que respeta la opinión de los diputados pero que la entrega de concesiones es competencia del ejecutivo del estado, y exigió respeto.
Agregó que de ninguna manera se ha pensado entregar concesiones y dijo que no le queda claro que muchos de los que están en los plantones tienen muchos años prestando el servicio, pero no se trata de eso. “Se tiene que constatar con un estudio técnico de necesidad de Acapulco y sino no hay más concesiones”.

* Aplican 27 infracciones por no traer documentación
Detiene la delegación de Transporte
a seis camiones urbanos y dos chalanes

Karina Contreras * Durante una operación de la delegación de Transporte de la Zona Centro para verificar que los permisionarios cumplan con los acuerdos firmados con la autoridad de Transporte para que se les autorizara el alza a la tarifa, esa dependencia detuvo a seis urbanos por no portar al calcomanía de la nueva tarifa y por traer chalanes, dos de los cuales fueron llevados a las instalaciones de la Policía Preventiva.
Asimismo la delegación de Transporte que preside Arturo Heredia Agatón aplicó 27 infracciones contra camiones urbanos por no traer documentación.
El jefe de operativos de la delegación, Manuel Marban Díaz, comentó que la operación duró cuatro horas y se llevó a cabo en la avenida Ruiz Cortines y Calzada de Pie de la Cuesta, donde se detuvieron seis urbanos por violar los acuerdos con la autoridad y los cuales fueron llevados al estacionamiento del parque Papagayo.
Durante la operación también fueron detenidos los chalanes Miguel Justo García  de 16 años y Onasio Navarrete Carranza de 22 años. Comentó que durante la operación fueron apoyados por 16 policías preventivos, 6 agentes de Tránsito así como 11 inspectores y que esas acciones continuarán de manera indefinida.

* A punto de llegar a golpes choferes de unidades
Disputan camionetas y microbuses
la ruta Las Cruces-Llano Largo

Karina Contreras * Ahora fue en el poblado de Llano Largo donde ha surgido un problema por la disputa de la ruta para prestar el servicio del transporte entre dos grupos de choferes y que ayer protagonizaron un pleito verbal que estuvo a punto de llegar a golpes y adonde acudió la Policía Municipal.
Todo comenzó alrededor de las 10 de la mañana cuando las camionetas que prestan el servicio al interior del poblado encerraron a un microbús de la ruta Las Cruces-Llano Largo, ya que aseguran les está quitando el pasaje con el que han trabajado durante cuatro años.
Pero los microbuses fueron defendidos por unos 30 vecinos, quienes sí quieren que sigan ingresando los micros, pues aseguran que las camionetas nada más los llevan a la salida del pueblo, mientras que los micros los trasladan a Las Cruces por la misma cantidad de tres pesos.
Durante la protesta fue bloqueada la calle principal Nicolás Bravo y al lugar llegaron alrededor de 15 policías preventivos a bordo de tres camionetas para disuadir la protesta.
El presidente de la Sociedad Cooperativa de Transportes Águila Suriana, Pedro Pérez Castro, manifestó que es la gente del pueblo los que quieren el servicio de microbuses y señaló que las camionetas que existen en el poblado son piratas y que al parecer están protegidas por un líder de apellido Piña.
Comentó que las camionetas piratas les encerraron sus microbuses porque supuestamente les quitan el pasaje e hizo un llamado al delegado de la periferia, Gildardo Gutiérrez Ramírez para que dé una solución o que las manden a las rutas alternas.
Dijo que su organización durante tres años estuvieron prestando el servicio y que lo tuvieron que dejar y fue cuando entraron las camionetas piratas. Agregó que hace un mes volvieron a prestar el servicio con diez micros porque es una ruta que les corresponde.

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OPINIÓN
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Presupuesto para la gente

Carlos Rojas

Como resultado de un complicado proceso de negociación política y de ajustes de carácter técnico, el Congreso cumplió con su responsabilidad de aprobar los ingresos y gastos del gobierno federal para el 2004. En principio, se logró superar la intención de afectar con nuevos impuestos a los grupos sociales que menos tienen y se evitó cargarles el IVA a los alimentos, medicinas y libros como pretendía la administración foxista.
Asimismo, la Cámara de Diputados corrigió diversos rubros del presupuesto planteado por el Ejecutivo Federal. Por ello, se reorientaron varias decenas de millones de pesos, en especial para fortalecer los programas sociales y aumentar la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y municipales para atender las demandas de la población. Las reasignaciones presupuestales que hicieron los diputados tienen una clara intención social, la cual sería deseable que el gobierno federal respetara y no recurriera a la estrategia que ha seguido en los últimos años de no ejercer los recursos que autorizan los legisladores.
Es necesario que después del ejercicio responsable realizado por los diputados de todos los partidos, el Ejecutivo Federal, al menos en el 2004 que sin duda será un año con muchas restricciones financieras por la carencia de recursos, dé muestras de voluntad para cumplir con lo que se le ordena en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En los últimos años, resulta que el gobierno foxista ha recurrido sistemáticamente a ordenar recortes y el subjercicio en el gasto público, y pese a ello aun así quería que el Congreso le aprobara obtener más recursos vía los impuestos. Los sectores que más han sido afectados por esa política son los relacionados con el desarrollo social, incluyendo educación, salud, generación de empleo y superación de la pobreza. Pero también se han aplicado reducciones importantes en lo correspondiente a las comunicaciones y el campo, en particular al Procampo y la Alianza para el Campo, así como en Pemex y en los recursos destinados a la seguridad pública y la procuración de la justicia.
Paradójicamente, al mismo tiempo, el gobierno ha incurrido en un excesivo aumento de los puestos de alto nivel con un costo injustificable que pagan los contribuyentes. Así, en unos cuantos años se ha duplicado el número de subsecretarías, pasando de un promedio de 3 a 6 por dependencia. Asimismo, existen 500 unidades y direcciones generales, lo que representa un promedio de 30 por secretaría, las cuales se han triplicado durante la presente administración, con un costo millonario por plaza. Esas erogaciones representan aproximadamente una cuarta parte de lo que el gobierno se gasta por concepto de servicios personales y que forma parte de lo que se conoce como gasto corriente, el cual en 2002 y 2003 fue aumentado en más de 7 por ciento cada año. Durante el gobierno del Presidente Fox ese incremento asciende a 17.8 por ciento, en términos reales.
Por eso, es de celebrase que los diputados federales hayan establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004 un programa amplio de austeridad para el gobierno federal. Entre esas medidas, destacan la reducción del número de subsecretarías a tres por dependencia; la cancelación de plazas innecesarias, el congelamiento de las vacantes, la eliminación de las secretarías particulares y áreas de asesoría de los oficiales mayores, jefes de unidad y directores generales; el ajuste en el número de direcciones generales adjuntas y la disminución de las delegaciones federales en los estados, las cuales son reclamadas por el PAN para colocar al frente de ellas a sus partidarios, con claros fines electorales. Además, se pondrá en marcha un nuevo programa de reducción de plazas que se sumará a los 145 mil retiros voluntarios que ha habido a la fecha y se promoverá la ampliación del programa de certificación ISO-9000 para mejorar la calidad de los servicios y la eficiencia de las áreas administrativas del gobierno federal. Además de limitar considerablemente los gastos en publicidad y de representación, incluidos alimentos y vestido de los altos funcionarios.
De esta manera, el gasto en el 2004 será austero en lo relativo a las múltiples erogaciones superfluas y excesos del gobierno foxista, pero sobre todo será un presupuesto que le sirva a la gente.

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