Persisten amenazas a los habitantes de La Laguna; les piden abandonar sus tierras

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Habitantes de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron ayer que siguen las amenazas y el hostigamiento en su contra por parte de integrantes de un grupo criminal, que pretende que abandonen sus tierras para poder saquear la madera y después los recursos minerales de la zona.
Acusaron que, mientras tanto, el gobierno del estado en vez de perseguir y aplicar la ley a los integrantes de ese grupo que ha venido asesinando a sus familiares y actualmente continúa las amenazas con las familias que quedan, sólo pretende servir de mediador, pues a través del secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, ha citado a las familias amenazadas para que dialoguen con el grupo agresor.
Cinco representantes de las familias que se encuentran amenazadas y que el año pasado tuvieron que abandonar La Laguna para refugiarse en Puerto Las Ollas del mismo municipio, ofrecieron ayer una conferencia de prensa en las instalaciones de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Redgroac), en donde denunciaron que el riesgo de violencia en su contra permanece y que el gobierno estatal se mantiene apático por lo que informaron que solicitarán apoyo nacional e internacional “para que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la vida y de nuestras posesiones”.
El dirigente del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), Bertoldo Martínez Cruz, informó ayer que la comisión de ciudadanos de La Laguna se encuentra en esta capital desde el lunes, desde cuando están solicitando una audiencia con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, sin embargo, el funcionario apenas el jueves le contestó que los puede recibir hasta el domingo en las instalaciones de Protur de Acapulco.
“Como si estas gentes tuvieran mucho dinero para permanecer aquí el tiempo que el secretario quiera, o como si se sintieran muy a gusto fuera de su tierra”, dijo Martínez Cruz, quien junto con el secretario técnico de la Redgroac, Manuel Olivares Hernández, acompañó los habitantes de La Laguna en la conferencia de prensa.
Dijo que la intención de la reunión con el funcionario es conocer los avances de las investigaciones y la situación de las denuncias y averiguaciones previas que han presentado en contra de los integrantes del grupo criminal que les ha venido asesinando a sus familiares y amenazándolos a ellos para que abandonen sus tierras. Otro de los motivos de la entrevista que solicitan al secretario es solicitar medidas de seguridad.
En la conferencia de prensa, en la que, por el riesgo que corren, pidieron que no se difundieran sus nombres, acusaron como cabecillas del grupo que los ha venido hostigando a José Rauda, a otra persona a la que sólo ubicaron como El Chivo, a Aquileo y a un comandante de la Policía estatal de nombre Marcelo.
También los responsabilizaron de haber asesinado a de Rubén Santana Alonso, el 15 de febrero del 2011 en La Laguna; a Sergio Santana Villa (hijo de Rubén Santana), Gilberto Islas Salto y Martín Arroyo Casarín, el 17 de abril del 2011; a Jorge Delgado Salgado (yerno de Rubén Santana), el 5 de mayo del 2011 en la comunidad de Los Órganos.
Asimismo, a Enrique Rodríguez Santana (primo hermano de Rubén Santana), asesinado el 3 de septiembre del 2011, en la comunidad de El Pescado; a Joel Santana Villa (hijo de Rubén Santana), quien murió presuntamente envenenado en el Centro de Readaptación Social de Iguala el 2 de diciembre del 2011. Así como a Ascensión Villa Santana (primo hermano de Rubén Santana), asesinado el 31 de diciembre del 2011 en Hacienda de Dolores.
Todos estos asesinatos –con excepción de el de Joel Santana Villa– han sucedido en el ejido de Los Huajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, pero también han ocurrido otros hechos violentos en contra de la familia Santana Villa en lugares distintos, como la desaparición de los jóvenes Nicomedes Villa Santana (primo hermano de Rubén Santana), Orlando Rebolledo Téllez y Daniel Cabrera Peñaloza, quienes fueron vistos por última vez en Petatlán el 14 de febrero del 2005.
Asimismo, el asesinato de Justo Arroyo Delgado, de 16 años de edad y otro niño de 14 años trabajador de Rubén Santana Alonso, ocurridos el 24 de abril del 2007. Así como el asesinato de José Inés García Silvas, asesinado en Ciudad Altamirano el 7 de mayo del 2007, cuando se desempeñaba como comisario de Los Huajes de Ayala.
Bertoldo Martínez denunció que, al parecer, ni si quiera se están investigando estos casos, “pues nadie de la Procuraduría de Justicia ha subido para realizar el trabajo de investigación”, y lamentó que el secretario de Gobierno Salgado Gómez ni si quiera reciba a las familias agraviadas con estos crimines que quieren conocer como van las investigaciones y, además, solicitar garantías de seguridad.
Una mujer, integrante de la comisión, con la voz quebrada por la impotencia dijo que: “yo no entiendo por qué el gobierno está a favor de aquellos (los que les han matado a sus familiares), pues los protege. Mientras que a los familiares de Santana Villa los reprime el mismo gobierno.
Citó el caso de Joel Santana Villa, a quien detuvieron el año pasado cuando iba a comprar un marrano, le sembraron un arma AK-47 y droga y se lo llevaron detenido a Iguala. Agregó que allá, desde los primeros días recibió amenazas, “le dijeron que lo iban a matar y que también iban a matar a su mamá”.
Joel Santana amaneció muerto el 2 de diciembre del 2011 y según las autoridades se envenenó, cuando según Bertoldo Martínez Cruz no tenía motivos para suicidarse porque en esos días estaba contento porque pronto recobraría su libertad.
La misma mujer denunció que a raíz de todas las amenazas cumplidas por parte del grupo criminal, “hoy no podemos salir ni a comprar a la tienda, los hombres no pueden salir a trabajar y así ¿de qué vamos a vivir?”. Añadió que los niños van a la escuela pero siempre con miedo.
Dijo que ante esta situación no reciben el respaldo del gobierno y que ahora, por el contrario, en vez de perseguir y aplicar la ley a los que los han venido asesinando y amenazando, el secretario de Gobierno pretende ser solamente mediador.
Dijo que el lunes, a través de un licenciado de nombre Abraham, el secretario Salgado Gómez la mando llamar, “porque el otro grupo quería dialogar o negociar con ella”.
La mujer informó que su respuesta fue que ella iría cuando ella lo considerara conveniente, “porque no tengo la confianza ni las garantías de seguridad para asistir a la cita cuando ellos quieran”.
Otro campesino lamentó que no cuenten con el apoyo del gobierno, dijo que en la comunidad hay policías del estado “pero ellos dicen que no pueden hacer nada mas allá de donde se encuentran resguardando”.
Expresó que en estas condiciones se sienten indefensos, pues los agresores les han llamado por teléfono y les ordenan que abandonen la comunidad, por que si no van a entrar a matarlos.
Bertoldo Martínez Cruz, informó que el problema de fondo es que quienes están amenazando a las familias responden a los intereses de empresas que quieren explotar minerales que se encuentran en la zona. Además de seguir explotando los bosques.
Martínez Cruz informó que el caso ya fue denunciado ante la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, la tarde del jueves en esta capital.