Debe sentar precedente en las cortes del país el caso de Bonfilio Rubio, plantea Amnistía Internacional

Amnistía Internacional (AI), hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que “se asegure” de que la transferencia de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares de los juzgados militares a los civiles, “siente precedente obligatorio para todos los casos de violaciones a los derechos humanos”.
El organismo internacional manifestó en un comunicado que la resolución de los ministros de la SCJN, mediante la cual se pronunció en contra de la aplicación de la justicia militar en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, indígena asesinado por personal del Ejército en un retén cerca de Huamuxtitlán, en junio de 2009, se trata de una decisión “histórica”.
“Esta decisión confirma como inconstitucional la fracción II (a) del artículo 57 del código penal militar, mediante el cual se había justificado previamente el procesamiento de todos los casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas en instancias militares”, explica AI.
Sin embargo Amnistía Internacional hace un llamado a la SCJN “para que se asegure de que esta histórica decisión de procesar casos de violaciones a los derechos humanos en instancias civiles, y no militares, sentará un precedente vinculante para todas las cortes del país”,  agregó el comunicado que cita declaraciones de Rupert Knox, investigador para México de AI.
Añadió, asimismo, que es el momento de que el sistema de justicia civil demuestre su capacidad e investigue, persiga y enjuicie a aquellos militares implicados en violaciones de derechos humanos y defienda los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación del daño.
El representante del organismo reconoció que la decisión de la SCJN está en la línea con las cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra México, que ordenan la modificación del fuero militar tras concluir que la justicia militar ha negado el acceso a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
“La decisión de la SCJN también cumple con la orden de la Coidh de establecer y garantizar el derecho de las víctimas a un recurso legal efectivo, que incluya a los familiares de las víctimas de desaparición forzada y homicidio, acceder al juicio de amparo y cuestionar elementos relativos a la jurisdicción”, detalló AI en su comunicado.
Manifestó, además que en esta sentencia la SCJN “también confirma su interpretación de la Constitución en línea con las decisiones de la Coidh, en el sentido de que la jurisdicción militar sólo es aplicable en los casos en los que los civiles no son ni acusados ni víctimas y deben limitarse a los casos relativos a la disciplina militar o a bienes jurídicos propios del orden militar”.
El organismo recordó, asimismo, que “numerosas” víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas, así como organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, han realizado campañas por más de 40 años para lograr terminar con la impunidad ante esto abusos, que la justicia militar ha contribuido a garantizar.
Y recordó que en mayo de 2012, la SCJN ordenó que en al menos 28 casos relativos a la aplicación de justicia militar que se encontraban en distintos tribunales, no se resolvieran hasta que la Corte estableciera jurisprudencia sobre el tema.
“La SCJN comenzó a estudiar casos el 6 de agosto de 2012, resolviendo el primer caso de conflicto jurisdiccional a favor de las cortes civiles en el caso de desaparición forzada, tortura y muerte de Jethro Ramsés Sánchez en mayo de 2011 en el estado de Morelos, caso que había denunciado Amnistía Internacional públicamente”
Y concluyó que de acuerdo al sistema legal de México, la SCJN ahora debe pronunciarse sobre al menos dos casos más para establecer una jurisprudencia que deba extenderse a todas las cortes del país. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).