Carlos Pérez Aguirre

¿Quién dio las órdenes?

 

 

Faltan sólo unos días para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos entregue el reporte de las investigaciones realizadas y posiblemente inicie con los señalamientos de responsables y responsabilidades, que es de esperar toquen obligatoriamente a diversos funcionarios de gobierno, que podría incluso incluir al gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Ante ello la PGJE se apresura a señalar como culpables a los agentes ministeriales que mantiene hasta ahora en arraigo, coincidiendo ahora sí y de manera tardía con lo que ya había señalado la misma CNDH, abandonando –o por lo menos sin señalar– lo que en un primer momento había hecho: apuntar hacia otros ámbitos policiacos la responsabilidad de los disparos y por ende de los asesinatos de estudiantes.
Pero se ha cuidado y evidentemente falta establecer de dónde vinieron las instrucciones para esa violenta respuesta, por que los policías no disparan sin contar con una orden y sin seguir una línea de mando.
Aquí habrá que recordar de nuevo lo que señaló ante los medios el subsecretario de Seguridad Pública, respecto a la orden directa del gobernador de “limpiar la carretera”; nada se ha dicho de esto y por ello habrá que estar muy atentos por que no se puede acusar solamente a unos policías de estos hechos.
¿Quién o quiénes desde las alturas del gobierno estatal dieron las instrucciones para que participaran? ¿La policía federal? ¿la policía ministerial? ¿Los policías estatales que al parecer llegaron sin ninguna coordinación y con instrucciones precisas de actuar con toda violencia contra el pequeño grupo de manifestantes?
los videos son contundentes pues todas las corporaciones tundieron salvajemente de una forma u otra, lo cual es totalmente deplorable, independientemente de los supuestamente rijosos normalistas.
¿Quién dio la instrucción? Esa es ahora la cuestión, porque unos fueron los actores directos y otros los que dieron la orden, la instrucción.
Los días que vendrán y lo que saldrá a la luz podrá ir dando a los ciudadanos que exigimos justicia, certeza de que se aplicara la justicia por que hay que desterrar para siempre de Guerrero estas prácticas abusivas y contrarias a toda lógica de convivencia ciudadana apegada a la ley.
Pero como ya lo hemos analizado en estas páginas, los órganos de justicia estatal están totalmente sesgados por su falta de independencia de un poder Ejecutivo que se encuentra cuestionado en su participación, por ello ha ido a la cola de las investigaciones de la CNDH y por ello de manera obligada ha actuado, pero no podrá ir mas allá, no podrá ir contra quien lo puso en el puesto, contra quien funge administrativamente como su jefe.
Esta contradicción la tendrá que resolver la CNDH o alguna otra instancia que sea independiente de ejecutivo estatal.

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