Culpa la Semujer a diputados federales de que no haya una definición jurídica del feminicidio

Karla Galarce Sosa

Ante el nuevo brote de asesinatos de mujeres, la titular de la secretaria de la Mujer en Guerrero, Rosario Herrera Asencio responsabilizó a los diputados federales de la falta de una definición jurídica en las entidades para los feminicidios.
Desconoció el número de asesinatos de mujeres registrados en la entidad y aseguró que todos los feminicidios en Guerrero fueron resueltos en el año y cuatro meses de la actual administración.
Declaró en entrevista, luego de clausurar el “Seminario-Taller de género como política del Estado en un gobierno progresista”, efectuado en un hotel de la zona dorada de Acapulco, que la Semujer presentará a la nueva legislatura local una propuesta para modificar los artículos 102 del Código Penal de Guerrero.
A pregunta expresa de cuáles serían las reformas propuestas, la funcionaria estatal mencionó que están la del uso del término “estupro” para acusar a los violadores sexuales de menores; así también, dijo que está el aumento de penas más severas para los agresores de mujeres, así como el rapto de los hijos de una familia que se separa y la obligación de la seguridad pública para brindarle seguridad a las mujeres violentadas por sus parejas.
“En el feminicidio estamos aumentando las penas (…) y estamos definiendo la violencia obstétrica porque en nuestro código no existe y también tipificamos la violencia emocional (…) es muy novedosa la iniciativa y esperamos que se apruebe para difundirla. Otra cosas novedosa es que (el documento) va con una perspectiva de género y nos reconoce a hombres y a mujeres”, declaró Rosario Herrera.
– ¿Cuáles son las acciones que está implementando la Secretaría de la Mujer ante el asesinato de mujeres en Guerrero?, se le preguntó a la funcionaria.
– Yo quiero decirte que la secretaría es una instancia rectora, no administra ni aplica justicia, por lo tanto, digamos que son políticas públicas que deben ser transversales. Cuando ocurre eso (los asesinatos), nosotros de manera inmediata le damos seguimiento a lo que vemos, a lo que leemos y les pedimos a las instancias que le den seguimiento para que tengan cuidado a las acciones que se van presentando, como los casos que hemos tenido en Zihuatanejo, en Tixtla, pues se los mandamos a los presidentes municipales. No se puede atribuir todo a un solo nivel de gobierno, porque es como si nos quisiéramos disculpa o exculpar de las responsabilidades y como secretaría debemos hacer recomendaciones a las distintas instancias.
Hizo referencia al ataque de la directora del Área Jurídica del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, Guadalupe Gatica Rojas y aseguró que hizo recomendaciones a la presidente municipal del puerto, Verónica Escobar Romo.
“Ese es nuestro papel, hacer recomendaciones y lo que hacemos con impulsar la transversalidad, es hacer rendir cuentas porque por mandato del Congreso hay una reunión evaluadora para ver si se está cubriendo con los acuerdos (…) que son en su mayoría de gobiernos progresistas.  Nosotros creamos ésta figura para ver quién está cumpliendo y los estamos engarzando éstos acuerdos para vigilar qué cumplió cada secretario de política pública”, expuso.
Se le preguntó cuántos feminicidios se han registrado en la entidad en lo que va del año y la funcionaria respondió:
“El problema con el feminicidio es la tipificación que existe y entonces ese es un debate (…) lo he venido repitiendo porque las voces de las ONG son importantes porque están teniendo una percepción de lo que son feminicidios y resulta que la concepción del feminicidio tiene una diversidad de pensamiento y más ahora que le sumamos las muertes de las mujeres en todas las entidades de la República. Varía el término de feminicidio de estado en estado; ese es el problema que tenemos (porque) la cámara de diputados no se ha aventado el paquete para definir qué es el feminicidio y entonces, los legisladores federales, que se han dado en éstas dos legislaturas el problema que se ha acrecentado con las muertes de las mujeres, como que se han lavado las manos y le han dejado el problema a cada una de las entidades. La definición va a variar y ese es el problema con que nos encontramos”, señaló Herrera Asencio.
Al final de la entrevista dijo que la definición de feminicidio en Guerrero no fue consultada por organizaciones no gubernamentales.
Durante su participación en el seminario, la funcionaria estatal efectuó un informe de las actividades que la  dependencia realizó, principalmente en la región de La Montaña y evitó hablar sobre violencia en ciudades como Acapulco.
Nadie toma en cuenta la violencia espiritual: Experta en derecho

Posteriormente, la experta en derecho y ex subprocuradora de la Procuraduría del Trabajo en el Distrito Federal, Claudia Domínguez Hernández expuso ante unas 200 asistentes que las mujeres atestiguan una “revolución pacífica” para la que se requiere de la intervención de las propias mujeres en la modificación de un sistema patriarcal.
Criticó que el hecho de que las mujeres que purgan condenas en las cárceles sean penas más severas, habla de que en Guerrero se deben impulsar mecanismos judiciales idóneos para que cuenten con un acceso a la justicia y a todos los derechos humanos.
Durante su exposición “Guerrero posible hacia un Estado con políticas de transversalidad”,  señaló la necesaria paridad en la ocupación de espacios de gabinete, además de una mayor participación en actividades políticas para la modificación de las políticas públicas.
Expuso que se requiere una armonización jurídica para que desaparezcan la discriminación, la violencia y haya igualdad de género.
Indicó que nadie ha tomado en cuenta la violencia espiritual contra las mujeres, sobre todo indígenas debido a que se les fuerza a participar en una política distinta a su cosmovisión y a sus creencias religiosas.
Mencionó que gracias a la demanda de las mujeres indígenas, es que la violencia ahora, es un problema visible y evidente.