Dictan auto de formal prisión a dirigente mixteco de Ayutla acusado de homicidio

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Allende, con sede en Ayutla, Inocente Orduño Magallón, dictó ayer auto de formal prisión en contra del dirigente indígena ñu savi (mixteco), Maximino García Catarino, señalado como presunto responsable del homicidio en agravio de Juan Teodoro García, ocurrido el 22 de febrero del 2011, en la comunidad de Ocotlán.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra denunció la tarde de ayer que el citado juez, restó todo valor a las pruebas que  presentaron para su defensa y manifestó argumentos que no están sustentados en la ley.
El abogado acusó que el juez emitió una resolución “dogmática”, y que obedeció a una línea política, con lo que se comprobó que el Poder Judicial sigue poniéndose al servicio  de intereses ilegítimos.
Rosales Sierra informó que en las pruebas que demuestran la inocencia del indígena, está la declaración de Máximo García que asegura que el día que fue asesinado Teodoro García en la comunidad de Ocotlán, él estuvo en la cabecera municipal haciendo gestiones para una obra de agua potable y energía eléctrica.
Informó que también presentó testimonios de quienes lo acompañaron y que se reunieron con la regidora de Asuntos Indígenas a quien le entregaron la solicitud de las obras. Además del acta firmada por los habitantes de la comunidad de Juquilita mediante la cual lo comisionó para que fuera a la cabecera municipal a gestionar las obras.
Dijo que también presentó la declaración del chofer que los trasladó a la cabecera municipal, así como un documento expedido por la regidora en el que ratifica que Maximino estuvo ese día en una reunión con ella.
Sin embargo, agregó que ninguna de esas pruebas fueron aceptadas por el juez y que resolvió obedeciendo a una “línea política” y que como único argumento Orduño Magallón, dijo que no puede otorgar valor probatorio a testimoniales ni a documentales.
El abogado agregó que ante esta situación, la defensa va a analizar si apela el auto de formal prisión o si recurre al juicio de amparo.
Luego indicó que no tiene confianza en el gobierno del estado, porque hay la intención de medrar el trabajo de los defensores.
Añadió  que vislumbra en el caso un acto represivo por parte de un gobierno que se comprueba que es de mano dura , puesto que en este periodo han ocurrido las violaciones más graves a los derechos humanos, como es el caso del asesinato de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la desaparición de los ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, y ahora la utilización del aparato de justicia para criminalizar a un defensora, que estás demostrado es inocente.
“Con ello podemos afirmar que el de Ángel Aguirre es un gobierno de mano dura, a pesar de que ya era de manifiesto esto, puesto que cuando fue gobernador interino desapareció al profesor Gregorio Alfonso Alvarado López y metió a la cárcel a algunos luchadores sociales como a Bertoldo Martínez Cruz, Benigno Guzmán Martínez, a Pedro Nava Rodríguez y a Prócoro Valente Gil”, recordó el abogado.
Maximino García Catarino, es considerado por organismos civiles de derechos humanos como un defensor de los derechos del pueblo na savi y es originario de la comunidad de Juquila. Está vinculado desde hace varios años a la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM).
Posterior a la resolución del juez, Tlachinollan organización que asumió la defensa de l dirigente indígena emitió un comunicado en el que señala que “la arbitraria detención de Maximino, ocurrida el sábado 21 de enero de 2011, como la formal prisión que hoy le ha sido dictada no sólo se suman a un arraigado patrón de criminalización y persecución de los defensores indígenas de derechos humanos en la región de Ayutla, sino que también presentan irregularidades y contradicciones evidentes”.
Agrega que así lo demostró la defensa de Máximino durante el plazo constitucional, aportando elementos de prueba que acreditan que el día en que se cometió el crimen que falsamente se le imputa a García Catarino, éste se encontraba en la ciudad de Ayutla gestionando obras para su comunidad.
“Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, si bien es de anticiparse que ante la falsedad de la acusación Maximino García Catarino será absuelto, no puede soslayarse que la determinación del Juez Inocente Orduño Magallón es en sí misma violatoria de derechos humanos, pues se traduce la imposición de la prisión preventiva motivada por pruebas insuficientes y falsas, lo que atenta contra el derecho a la presunción de inocencia”, indica el documento.
Y manifiesta que tanto la acusación presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) como la determinación del Juez de Primera Instancia de Ayutla, muestran que en Guerrero continúa vigente el patrón de criminalización contra los defensores de derechos humanos que se consolidó en los últimos años, sin que la llegada de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura estatal y de Jesús Martínez Garnelo como presidente del Tribunal Superior de Justicia estén contribuyendo a la reversión de este patrón de actuación de las instancias guerrerenses de procuración y administración de justicia.
En este sentido, señala Tlachinollan que “el injusto encarcelamiento de Maximino García Catarino representa la continuidad del mismo patrón que generó la ejecución extrajudicial de Lorenzo Fernández Ortega, en 2008; el encarcelamiento de cinco defensores de la Organización del Pueblo Me’phaa en ese mismo año que, en el caso de Raúl Hernández Abundio, se extendió hasta 2010; la desaparición y posterior ejecución de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en 2009; el cierre temporal de la oficina de Tlachinollan en Ayutla ese mismo año; y, más recientemente, el fallido intento de criminalizar a Álvaro Ramírez Concepción, integrante de la OFPM, ocurrido durante el 2010”, expone el organismo de derechos humanos.
El organismo advirtió que en estas circunstancias en breve iniciará una amplia campaña nacional e internacional para exigir la libertad de Maximino García Catarino, misma que acompañará a las acciones relacionadas con su defensa legal.
El organismo recuerda que, de hecho, ya en los días pasados se realizaron diversas acciones “que muestran la consternación de diversas actores por este nuevo caso ejemplificativo de la criminalización de los defensores indígenas de derechos humanos”.
Cita entre éstas,  la visita de una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México a Maximino; la carta pública por parte de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales dirigida al presidente del Tribunal de Justicia del Estado; los comunicados dirigidos al gobernador por WOLA y LAWG, el comunicado emitido por el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy dando cuenta de la reunión sostenida entre Kerry Kennedy y el defensor ta savi
También menciona las acciones urgentes emitidas por Amnistía Internacional y por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), así como los llamamientos que hicieron cientos de activistas alrededor del mundo para exigir la libertad de Maximino García Catarino.
Tlachinollan concluye que la “falsa acusación” presentada contra el defensor ta savi y su “injusto encarcelamiento” agudizan la crisis de violencia y derechos humanos que vive Guerrero, “marcado por sucesos tan graves como la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista y los abusos cometidos en contra de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 12 de diciembre de 2011, en lo que parece ser el inicio de una etapa de regresión autoritaria en la entidad”.