Jesús Mendoza Zaragoza

Verdad, memoria, justicia y reconciliación

Es alentador el esfuerzo que está haciendo la Comisión de la Verdad para investigar los crímenes cometidos en la así llamada “guerra sucia” por las fuerzas públicas de seguridad en el estado de Guerrero allá por los años 70. Esta investigación se está enfocando a una etapa particularmente dolorosa de nuestra historia regional, cuyas heridas siguen abiertas causando un malestar, no solo en las familias de las víctimas directas, sino también en la sociedad toda.
Si bien es cierto que la Comisión de la Verdad tiene una tarea muy acotada a una periodo del tiempo muy reducido –pues ha habido otros crímenes en el pasado que han quedado fuera de su competencia–, sienta un precedente que es muy valioso para continuar con la práctica de conocer otros crímenes del pasado para hacer justicia.
Los agravios vividos en ese tiempo necesitan ser procesados desde la perspectiva jurídica, mientras que las víctimas necesitan ser reconocidas y atendidas hasta lograr la justicia y la reconciliación necesarias en el contexto de una sociedad democrática. El reconocimiento de los crímenes del pasado ha de orientarse también hacia una reconciliación de las instituciones del Estado con la sociedad agraviada, reconociendo las responsabilidades reales que tuvieron en el pasado y reformándose para que estos hechos no vuelvan a suceder.
La actuación de la Comisión de la Verdad con relación a crímenes del pasado pone de relieve los crímenes de hoy que están causando baños de sangre en nuestro país y, en particular, en algunas regiones del estado de Guerrero como Tierra Caliente, Costa Grande y Acapulco. En estos crímenes hay una responsabilidad compartida por la sociedad entera referida a nuestras omisiones y a nuestras actuaciones, pero es mayor la responsabilidad de las instituciones públicas, desde las que se han dado complicidades decisivas con las organizaciones criminales.
Es por ello que la actual tarea de la Comisión de la Verdad es de gran importancia porque abre un camino de reconciliación, tan necesario como urgente, relacionado con los crímenes de hoy. Secuestros, trata de personas, ejecuciones, desapariciones, amenazas y extorsiones son crímenes impunes debido a la disfuncionalidad de las instituciones públicas y a la complicidad de muchas autoridades, lo que agrava la situación y cierra los caminos a la reconciliación social, la que implica la justicia y el reconocimiento jurídico de la verdad de los hechos.
La verdad es un componente necesario de las relaciones humanas y de la convivencia social en cuanto que asegura un reconocimiento de las experiencias personales y comunitarias del pasado y del presente, tal como han sido vividas. Cuando se ocultan o se distorsionan estas experiencias, se sustituye la realidad por tramas de mentiras y de engaños que deterioran a las personas y a la sociedad misma. Esto es lo que ha pasado con los crímenes del pasado. Se ha pretendido enterrar la experiencia de las víctimas y se ha intentado construir la historia oficial plagada de mentiras y de engaños. Este intento ha sido fatal pues ha hecho daño a víctimas y a victimarios y a la sociedad toda, pues solo la verdad de los hechos, tal como fueron vividos por sus testigos nos abre las puertas para restaurar las relaciones sociales y para construir la paz, la paz que se sustenta en la justicia.
Por ello es preciso desentrañar la verdad de los hechos que causaron muchas víctimas en el pasado, pues es esa verdad la que nos libera de los muros de la sospecha, de la desconfianza y de los prejuicios. Abandonar la verdad, olvidar el pasado nos condena a vivir siempre en condiciones de fracturación social y de incapacidad para construir el futuro. Por ello, la memoria es fundamental. Un pueblo que olvida sus orígenes y todo su pasado, pierde su identidad y se incapacita para imaginar utopías, con resultados fatales.
La memoria tiene una dimensión tremendamente política y tiene que ver con la construcción de la conciencia de un pueblo. Un pueblo que pierde la memoria de su pasado, de sus luchas, de sus sufrimientos, de sus esperanzas y de sus fracasos, pierde su capacidad de conducirse como un sujeto colectivo, se pulveriza y se niega a sí mismo. Por eso, quienes detentan el poder tienen un diabólico interés en apostar al olvido, manipular la historia y esconder los hechos significativos del pasado. Esto es lo que sucedió con las celebraciones del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana: hicieron mucho ruido pero no promovieron la recuperación de la memoria. Y es que la memoria es, por naturaleza, subversiva, denunciadora y animadora de la esperanza. Nos pone delante de las utopías originarias y de los crímenes que intentaron apagar la esperanza en la justicia y en la libertad.
Olvidar los crímenes del pasado mantiene la impunidad, desconoce los derechos de las víctimas, mantiene las condiciones que propiciaron o indujeron esos mismos crímenes y justifica las estructuras sociales vigentes. En cambio, recuperar la memoria de las víctimas del pasado ayuda a identificar a los responsables de los hechos y a precisar los daños y las pérdidas de seres humanos, de bienes valiosos significativos, tanto materiales como espirituales. Ayuda, también, a recuperar las biografías de las víctimas y a rescatar su dignidad como fuente de sus derechos conculcados. Recuperar la memoria es ya hacer justicia en cierto modo y es dignificar a quienes no debieron ser asesinados o desaparecidos, simplemente porque eran seres humanos.
Recuperar la memoria es indispensable para hacer justicia. Hacer justicia no significa sólo castigar a los culpables sino también poner las condiciones para que las víctimas superen su condición de víctimas, para que se dignifiquen, para que se garanticen sus derechos humanos y se involucren activamente en la construcción de una sociedad justa y pacífica. Esto significa, en la práctica, reformas a las instituciones públicas y la aprobación de legislaciones necesarias para prevenir nuevas formas de victimización.
Y hacer justicia allana el camino hacia la reconciliación, cuando víctimas y victimarios pueden reconocerse como personas, como seres humanos, más allá de los deprimentes estigmas que los afectan de diferente manera. Una vez que las víctimas reconocen sus potencialidades, renuncian a la posibilidad de buscar venganza para pasarse al terreno de los victimarios, se dan cuenta de su dignidad y asumen su responsabilidad en la construcción de la paz, están en condiciones para la reconciliación que, como he insistido, siempre implica la justicia. Al respecto, hay que decir que hace falta hacer otro tanto con los victimarios, quienes tienen que descubrirse como personas, como seres humanos, reconocer sus delitos y pagar por ellos ante la sociedad para estar en condiciones de tener acceso a la reconciliación como garantía de una sana convivencia social y de una paz sustentada en la justicia y en el amor fraterno.
Parece una tarea imposible. Pero hay diversas experiencias de resolución de conflictos y de construcción de la paz que dan cuenta de pueblos que han logrado condiciones de paz después de fatigosos esfuerzos en contextos de violencia. En fin, este es un gran desafío ante los miles de crímenes impunes que estamos padeciendo. Tenemos que ir preparándonos para recoger la memoria del presente doloroso en el que se conjugan delitos y violaciones a los derechos humanos para estar en condiciones de exigir justicia y de promover los cambios necesarios para una sociedad reconciliada consigo misma y con los poderes públicos que han sido ajenos al bienestar de los pueblos.