Todos los ayuntamientos deben demandas laborales; algunos pagarán millones: TCA

Zacacarías Cervantes

Chilpancingo

Los 81 ayuntamientos del estado tienen en su contra demandas laborales. En algunos casos, ya se encuentran en la fase de laudos perdidos, por los que tienen que pagar cantidades millonarias, y de hacérselas efectivas las autoridades laborales, los llevarían a la quiebra, confirmó el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, Rogelio Jiménez Urióestegui.
Sin embargo, aclaró que a pesar de que el Ayuntamiento de Acapulco es uno de los que más demandas laborales tiene, y el que más ha sido “castigado” con la ejecución de estos laudos laborales, no es la causa de que se encuentre en crisis financiera, puesto que el pago por los laudos rebasa “apenas” los 100 millones de pesos, “y su problema financiero es de más de mil millones, de acuerdo con lo que se ha publicado en los medios de comunicación”, dijo.
Entrevistado en sus oficinas del tribunal el viernes pasado, explicó que hay dos grupos de ayuntamientos, “los que realmente tienen adeudos millonarios por demandas laborales”, y los que tienen adeudos “pero no son tan altos y que, si se ve desde el punto de vista convencional, podemos lograr que a través de un convenio puedan ser pagados esos laudos”.
Entre los ayuntamientos del primer grupo están, también, los que tienen laudos “impagables” y que, de acuerdo con el funcionario, tendrán que buscar recursos de alguna otra parte para poder cumplir con sus compromisos. Entre éstos citó, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, que por un sólo laudo, que perdió una demanda laboral que presentaron 50 trabajadores, tiene que pagar 100 millones de pesos, independientemente de otras demandas laborales de manos cuantía.
Pero el presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje informó que los 81 ayuntamientos tienen demandas laborales, “a lo mejor pudiera salvarse alguno, pero la mayoría, por lo menos tres o cuatro demandas sí tienen”, dijo.
Agregó que los más afectados por este tipo de demandas laborales son Acapulco, La Unión, Tecpan de Galeana, Petatlán, Coahuayutla, Teloloapan, Coyuca de Benítez, Tecoanapa y Ahuacuotzingo, “que son los que tienen demandas en donde ya existe laudo ejecutoriado con cantidades millonarias, y que de hacérselas efectivas a los ayuntamientos los llevaríamos a la quiebra”, admitió.
Opinó que estos ayuntamientos solamente podrían salir adelante si el gobierno del estado busca la forma de auxiliarlos, “y de hecho creo que lo está haciendo, los está apoyando para que salgan de su crisis, pero yo creo que va a ser muy difícil que les ayude a todos”, expuso Jiménez Urióstegui.
Informó que la mayoría de las demandas se encuentran activas desde 2006, aunque agregó que hay otros ayuntamientos que tienen también demandas laborales de años atrás, pero dijo que son los menos.
El funcionario aceptó que el más demandado de todos los ayuntamientos es Acapulco, pues solamente en 2006 acumuló 367 expedientes. Mientras que el total de las demandas que han presentado trabajadores despedidos hasta la actualidad suman más de mil.
El funcionario dijo que carecía del dato preciso, “pero yo calculo que deben ser más de mil expedientes, de los cuales vamos a partir de la base de que a lo mejor hay algunos que ya fueron pagados o ya fueron archivados”.
Pero explicó que a pesar de que Acapulco es el municipio que cuenta con más demandas, “no es el que se encuentra en una situación tan grave como los de Tecpan, Tecoanapa o La Unión, puesto que sus ingresos son mucho mayores”.
Aunque añadió que ese municipio ha pagado laudos laborables millonarios, más de 100 millones de pesos en aproximadamente año y medio, que es lo que lleva él en el tribunal, reconoció que en las últimas semanas lo ha dejado “descansar” para no “ahorcarlo económicamente”, pero manifestó que los trabajadores que han ganado los laudos han recurrido a la justicia federal y ésta seguramente le va ordenar la ejecución, “cuando menos ya le di tiempo”, admitió el funcionario laboral.
Pero Jiménez Urióstegui explicó que a pesar de que Acapulco ha sido “golpeado” con la ejecución de los laudos laborales, no es la causa de que lo hayan llevado a la quiebra, “porque Acapulco tiene una ventaja; tiene ingresos propios, a diferencia de otros ayuntamientos”, además expresó que el problema que actualmente tiene ese municipio no es de 100 ni 200 millones, que es lo que ha pagado de los laudos, “el problema financiero de Acapulco rebasa los mil millones, de acuerdo a lo que han publicado los medios de comunicación”, dijo el funcionario.

¿Por qué tantas demandas?

El presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje explicó que, desafortunadamente, las constantes demandas laborales “son consecuencia de los costos que se pagan cuando un país aspira a la democracia; si usted se da cuenta, en un Ayuntamiento en donde cambia el color del partido, el que entra despide casi a todo el personal para meter a la gente con la cual tiene compromiso y eso no debiera ser”.
Rogelio Jiménez se dijo de acuerdo con que el presidente municipal que llega, tenga que realizar ajustes de personal para colocar a la gente que lo ayudó a llegar, “pero estamos hablando de puestos de trabajadores de confianza: directores, jefes de departamento, secretarios particulares, los que manejan el dinero, esos puestos sí son susceptibles de cubrirse, porque como trabajadores de confianza no tienen el derecho a la estabilidad en el empleo y, consecuentemente, no pueden demandar ni la reinstalación, ni el pago de salarios caídos, junto con su indemnización”.
Además, agregó que si un Ayuntamiento tiene el cuidado de “transigir” con la gente que va a despedir, “pues que lo mande con el pago de sus tres meses de salario y accesorias, y no puede significar mucho liquidar a 20 o 30 trabajadores, con la indemnización correspondiente y las accesorias”. Dijo que es preferible que liquiden antes de que estos demanden.
Agregó que el problema también se agrava para los ayuntamientos porque los presidentes municipales que llegan, no se preocupan por buscar un abogado que tenga perfil adecuado para defender los asuntos laborales del Ayuntamiento que va a representar, “si no buscan a la persona indicada, lógicamente que esto se les va a reflejar en la pérdida de los juicios que se entablen en contra”.
Añadió que igualmente pierden laudos laborales aquellos ayuntamientos en donde el presidente municipal se “distanció” con su síndico y éste, en represalia, lo que hace es comprometer al Ayuntamiento, a través de convenios con los trabajadores que demandan, “los cuales por obligación tengo que aprobar, cuando no comprometen el patrimonio de dicho Ayuntamiento más allá del término de su gestión”, explicó Jiménez Urióstegui.

Una posible solución

El funcionario laboral manifestó que una de las causas por las que se ven en problemas los presidentes municipales para pagar los laudos laborales, es porque no consideran en su presupuesto que les aprueba el Congreso local, una cantidad destinada exclusivamente a pagar asuntos laborales.
El presidente del tribunal recomendó, incluso, a los presidentes municipales electos, que consideren dentro de su presupuesto que les aprobará el Congreso local para el próximo año, contemplar los posibles conflictos laborales, “pueden incluir, por ejemplo, 5 o 10 millones de pesos para el efecto de que si se quieren deshacer del personal de la administración anterior, que lo liquiden conforme a la ley y les sale barato”.
Agregó: “Así si les aprueba el Congreso, ya tienen un colchón para poder soportar demandas laborales, o en todo caso, evitar exponerse, ya que con ese dinero pueden buscar una conciliación con los demandantes, puesto que si la negociación actualmente es de 60 mil pesos, dentro de 5 años será de 700 mil”.
Criticó que esa es otra cuestión que no entienden los presidentes municipales: “Que los asuntos laborales son una bola de nieve, en la medida que se descuiden o que se vayan dejando y alargando para que la administración vigente no pague, con la mentalidad de que el nuevo que venga que pague, es algo que no debe ser, porque los que hacen ese tipo de situaciones son personas que no quieren a su municipio”.
El funcionario agregó que actualmente los presidentes se ven obligados a tomar el dinero para el pago de laudos de diversas partidas o rubros, ya cuando tienen que acatar el cumplimiento de una orden judicial, “porque a veces ni si quiera es mia, a mí me ordena la justicia federal, porque a veces con tal de no ahorcar a los ayuntamientos suspendo las ejecuciones y los trabajadores se van al amparo y de allá me ordenan las ejecuciones de los laudos”, explicó Rogelio Jiménez.
Mencionó como ejemplo a seguir el caso de Tlacoachistlahuaca, en donde dijo que acaba de  autorizar un convenio de 43 ex trabajadores con el Ayuntamiento, para que los primeros reciban 50 mil pesos cada uno y se vayan en paz y no demanden, “lo aprobé porque son 43 demandas menos que va a recibir el Tribunal”.
El presidente del tribunal también se quejó por la saturación del trabajo que le representan estas demandas laborales en contra de los ayuntamientos. “Yo considero que nosotros como Tribunal nos las vemos muy duras, incluso, ya ni cabemos en este espacio; es un tribunal para atender 81 ayuntamientos, más todas las dependencias del Ejecutivo y las paraestatales”, mencionó.
Dijo que por esa causa está gestionando la posibilidad de que les asignen otro local, “para el efecto de que podamos dar un mejor servicio a la sociedad”.