Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* El gobernador, el teniente y los periodistas

La recomendación de salir del país fue el único auxilio que la periodista Lidya Cacho recibió de las autoridades federales cuando hace un par de semanas fue amenazada de muerte. El consejo procedió de la procuradora Marisela Morales, quien en una tácita e insólita confesión de impotencia dijo a la periodista que eso era lo mejor que podía hacer para evadir a sus acosadores.
No asombra que el gobierno exhiba esa incapacidad para brindar protección a una periodista de la relevancia de Lidya Cacho, pues esa es la señal de identidad de la actual administración federal en materia de inseguridad pública. Pero no por ello es menor la alarma que el hecho produce, considerando que este caso se suma a otras decenas en las que los periodistas han sido víctimas del acoso de la criminalidad o del hostigamiento gubernamental, sin que los que están obligados a hacer algo lo hagan.
Por lo menos 80 periodistas han sido asesinados del año 2000 a la fecha en el país, y otros 14 se hallan desaparecidos. Más de la mitad de esos homicidios, 47, y casi todas las desapariciones, 13, han ocurrido durante el sexenio de Felipe Calderón, así como al menos 40 atentados contra medios informativos.
Pero no todos esos ataques provienen del crimen organizado, como una lectura apresurada podría hacer creer. Al contrario, y por increíble que parezca, la mayor parte tiene su origen en la esfera gubernamental. La organización internacional Freedom House estima que 65 por ciento de las agresiones son cometidas por autoridades, por policías o por integrantes de las fuerzas armadas (Reforma, 1 de agosto de 2012).
En Veracruz se encuentra hoy la muestra más sangrienta de la violencia contra periodistas, pues nueve comunicadores han sido asesinados en el transcurso de los dos primeros años del actual gobierno del PRI. Pero Guerrero no se queda atrás: con seis casos, está en tercer lugar por el número de periodistas ejecutados o desaparecidos del año 2006 a la fecha, después de Veracruz (9) y Chihuahua (7). Es posible que sea el primero si la estadística se hace retroceder 15 años, pues en ese lapso están registrados 13 casos, ninguno de los cuales ha sido resuelto.
La elevada cifra de periodistas muertos en el país y en el estado no es solamente reflejo de la descomposición en materia de seguridad pública. Es sobre todo señal del desprecio que el oficio de informar suscita entre los individuos con poder, por igual en el gobierno que en la delincuencia organizada, en la clase política o en el sector empresarial. La organización Reporteros sin Fronteras ha clasificado a los cárteles del narcotráfico como una grave fuente de amenazas para la libertad de expresión en México, pero igual que Freedom House, advierte que “las policías y el Ejército también tienen una fuerte responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y en las amenazas a la libertad de expresión”, de acuerdo con un informe que difundió en mayo pasado.
Sin embargo, nada de todo lo anterior parece considerar de su incumbencia el gobierno de Guerrero. Primero porque no hace ningún esfuerzo real por esclarecer los homicidios de periodistas o por localizar a los que se hallan desaparecidos. Y luego porque se concede el derecho para atropellar cotidianamente a los reporteros que cubren las actividades del gobernador, como se pudo comprobar en el episodio que protagonizó el jefe de seguridad de Ángel Aguirre Rivero el pasado 20 de agosto en Tixtla, y como había sucedido en otras numerosas ocasiones desde abril de 2011. Ni la suavidad que los guardaespaldas de -Ángel Aguirre mostraron el miércoles y jueves pasados en Acapulco compensa la violencia y las amenazas del teniente Felipe de Jesús Ornelas Rebollo contra los fotógrafos de prensa Éric Chavelas y Miguel Ángel del Morán, el primero perteneciente a este diario. Como si faltaran problemas en el estado, el jefe de seguridad de Ángel Aguirre contribuyó a intensificar la crispación y el temor que invade Guerrero, que ocupa el segundo lugar nacional en número de asesinatos. Tan graves están las cosas, que el mismo gobernador no se pudo contener el jueves pasado y reconoció que la violencia es “terrible”.
Si un individuo armado dice a dos periodistas “cuídense, ustedes no me conocen”, como lo hizo el teniente Ornelas Rebollo, no hay forma de interpretar o restar importancia a la amenaza. Pero como los hechos ocurrieron en una provincia subdesarrollada, en este caso el gobernador guardó silencio varios días mientras las demás autoridades se desentendieron por completo del problema y pretendieron acallarlo con un infame boletín de prensa en el que justificaron la actitud del jefe de seguridad mediante el argumento de que su obligación es proteger la integridad del Ejecutivo, como si esa tarea disculpara cualquier atropello a la integridad de los demás, ciudadanos de segunda.
Tan no le quitó el sueño al gobernador Ángel Aguirre el incidente, que sólo cuatro días después se refirió a los hechos, pero no para informar que el teniente Ornelas Rebollo había sido despedido y puesto a disposición del Ministerio Público, sino sólo para decir que había hablado con sus guardaespaldas para que sean respetuosos con los periodistas. Eso fue todo. ¿Y la amenaza tan claramente expresada y reportada por los medios de información? ¿Desde cuándo no es un delito proferir amenazas?
El habitual relajo y frivolidad con el que Aguirre conduce el gobierno no puede prevalecer en asuntos de tanta seriedad como éste (ni en ningún otro), ni puede simplemente guardarse en el relicario de las anécdotas. Como efectivamente nadie conoce al teniente Ornelas Rebollo ni sabemos de qué sea capaz –y tampoco causa ningún alivio el hecho de que como militar haya participado en la matanza de El Charco–, es preciso dejar establecido que si algo le sucede a los ciudadanos Éric Chavelas y Miguel Ángel del Morán (y no nos referimos a un malestar estomacal como gastritis), el gobierno de Ángel Aguirre tendría en ello una responsabilidad directa, intransferible, imperdonable.

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