Denuncia la CRAC una campaña para debilitarla y favorecer la explotación minera

La CRAC y Policía Comunitaria difundió un comunicado en el que explica que además del detenido ayer, Maximino Tranquilino, tienen orden de aprehensión los coordinadores regionales Pablo Guzmán, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco, los comandantes regionales Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomás, Andrés Panuceno Germán y Felícito Clemente Quintero.
Los ocho están acusados de privar de la libertad a Silvino Encarnación Gabino, vecino de Yoloxóchitl, que está detenido en proceso de reeducación del sistema comunitario acusado del asesinato de un vecino de la comunidad.
Argumeta que tras la detención de Maximino, la asamblea de pueblos y comunidades de la CRAC ordenó la detención de los agentes del Ministerio Público y del juez debido a que “han incumplido los acuerdos de no agresión y de coordinación en materia de impartición de justicia y de seguridad con nuestro sistema comunitario, además de transgredir la Ley Número 701 de Reconocimiento, de derechos y cultura de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Guerrero, promulgada desde abril de 2011, en la cual se reconoce la legalidad y legitimidad de nuestras instituciones comunitarias, y en el que se establece la obligatoriedad para las dependencias del Estado de hacer valer y respetar las actuaciones de la CRAC y Policía Comunitaria”.
Informa que al juez, secretario, agente del MP y auxiliar detenidos por la CRAC se les tomó declaración sobre la detención del dirigente indígena y todos manifestaron que desconocen la ley 701, así como los acuerdos de coordinación que desde hace años tienen con las distintas dependencias.
La CRAC denuncia que “todo lo anterior lo vemos como parte de una campaña en marcha, del gobierno del estado y del gobierno federal, para hostigar y debilitar la organización de nuestros pueblos, dividir y lastimar a nuestras comunidades. Lo anterior se suma a la detención en días pasados de nuestro compañero Agustín Barrera Cosme, a las amenazas de muerte en contra de Cirino Plácido Valerio, al desconocimiento como asesor de nuestro compañero Valentín Hernández Chapa; al agudizamiento del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada que ha generado la muerte del Comisario Municipal de Tilapa el C. Crisóstomo Bruno Peñaloza; a la presencia creciente de grupos de la delincuencia organizada amafiados con el poder público, que están sembrando el terror y la inseguridad en toda la población. Todo esto lo vemos como partes de una estrategia del gobierno y las empresas mineras para debilitar a nuestros pueblos y así lograr consolidar su establecimiento en territorio comunitario para el saqueo y el despojo de nuestros recursos minerales y naturales”.
“Ante esto, el gobierno estatal ha respondido con incumplimiento a acuerdos alcanzados con nuestra institución comunitaria. Ha negado la dotación de 202 armas para nuestra policía comunitaria, arguyendo un sinfín de requisitos, cuando la delincuencia organizada todos los días está ampliando su poder. Nos niega armas para la defensa de nuestras comunidades”. (Redacción)