Humberto Musacchio

Ineptitud, arbitrariedad y un pacto secreto

En los hechos ocurridos el viernes 24 en la carretera México-Cuernavaca, cada intento de aclaración genera nuevas preguntas. Un grupo de personas armadas y vestidas de civil, las que se desplazaban a bordo de vehículos sin emblemas policiacos, persiguieron, balearon y finalmente detuvieron una camioneta con placas diplomáticas a bordo de la cual viajaban un capitán de la Armada mexicana y dos ciudadanos estadunidenses que en un primer momento fueron identificados como agentes de la DEA.
Inicialmente se informó que la camioneta se dirigía a un campo de adiestramiento de la Secretaría de Marina (Semar) situado en el cerro El Capulín, en Xalatlaco, a cientos de kilómetros de las playas (?), y se dijo también que de chofer iba el capitán de la Armada mexicana, hecho vergonzoso que desmintió la Secretaría de Marina el 28, ¡cuatro días después! La noche misma de los hechos, la embajada de EU dijo que los policías estadunidenses habían sido “emboscados”.
Los individuos vestidos de civil que agredieron a los tripulantes de la camioneta resultaron ser policías de la Secretaría de Seguridad Pública federal, de la que es titular Genaro García Luna. La explicación que se dio para que los agentes no llevaran uniformes ni sus vehículos identificación es que buscaban a una banda de secuestradores que opera en la zona. Lo que no han explicado es por qué intentaron detener un vehículo con placas diplomáticas.
Los estadunidenses a bordo de la camioneta se llaman Jess Hoods Gardner y Stan Dove Boss y según la SPP y la PGR (La Jornada, 25/VIII/2012) “participarían en los cursos de capacitación que se brindan a miembros de la Semar”. Para mayor confusión, días después se informó que el par de extranjeros no eran agentes de la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, sino de la CIA, la organización de espionaje de Washington.
Por lo ocurrido, se detuvo a 12 de los agentes involucrados, pero el martes 28 se supo que no eran 12 sino 18. Por razones no explicadas, las armas de los que participaron en los hechos no fueron entregadas a la PGR y ésta tuvo que solicitarlas a la Secretaría de Marina, pero lo hizo días después de los sucesos. No está claro si todos los vehículos que tomaron parte en los hechos están ya bajo resguardo de las autoridades judiciales.
Varias voces se han levantado exigiendo las aclaraciones necesarias, especialmente por el hecho de que agentes de la CIA estén operando en el país, aunque repetidamente se ha denunciado que actúan en México y con las complacencia de nuestras autoridades toman parte en operaciones policiacas agentes de la DEA, del Servicio de Migración y Aduanas lo mismo que la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego).
Todavía más grave es la nota de Anabel Hernández aparecida en el diario Reforma de ayer, según la cual la Secretaría de Marina de México y el Pentágono (ministerio de guerra de EU) “tienen firmado desde hace cuatro años” el llamado Acuerdo General de Seguridad e Información Militar, de carácter rigurosamente confidencial. Los firmantes de ese pacto secreto son Paul McHale, subsecretario del Departamento de Defensa de EU, y el almirante Francisco Saynez, secretario de Marina de México.
Anabel Hernández aporta como fuente el cable diplomático 08STATE98436 filtrado por Wikileaks y firmado por Condolezza Rice, para quien, con “aprobación concedida por la SRE” (Secretaría de Relaciones Exteriores), “no es necesaria la aprobación de ninguna otra autoridad del Gobierno de México”. ¿No? ¿Y el Senado de la República? Esto apenas empieza.