Busca el gobierno el control político de la zona indígena, advierte la CRAC

Zacarías Cervantes

San Luís Acatlán

Intereses “muy grandes”, como la instalación de las mineras en las regiones Costa Chica y La Montaña, el control político de la zona y la producción de drogas, podrían estar detrás del hostigamiento que ha comenzado a presentarse en las últimas semanas en contra de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), alertaron ayer coordinadores de la organización indígena en conferencia de prensa la mañana de ayer miércoles.
Previo a una asamblea general de comisarios municipales, comandantes, coordinadores y policías comunitarios en esta cabecera municipal para tratar el caso de la detención de Máximo Tranquilino Santiago por parte de la Policía Ministerial del estado y, en respuesta, la detención del juez mixto, el secretario de acuerdos, así como el Ministerio Público y su auxiliar, el coordinador Pablo Guzmán Hernández y el asesor, Valentín Hernández, ofrecieron una conferencia de prensa, en la que denunciaron que vislumbran que hay intereses del gobierno del estado por cambiar a los actuales coordinadores para suplirlos por otros que sean afines a la política gubernamental, para que éstos faciliten la realización de estos proyectos en la región.
Denunciaron que a eso se debe la nueva embestida del gobierno estatal que se tradujo en la detención hace 10 días de Agustín Barrera Cosme, ex coordinador de la CRAC, y ahora la detención de Máximo Tranquilino Santiago.
Previamente, Pablo Guzmán Hernández, denunció que el gobierno del estado, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el Tribunal Superior de Justicia del Estado están violando la Ley 701 que se aprobó en abril del 2011 y que en su artículo 38 dice que: “El estado de Guerrero reconoce al Consejo de Justicia de la Costa-Montaña y a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria”, y que, “consecuentemente, el poder público y particulares respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad”.
Guzmán Hernández, dijo que en dicha ley también se menciona que debe haber una coordinación entre la autoridad del poder público y las autoridades comunitarias, sin embargo, dijo que en el caso de las detenciones de Barrera Cosme y Máximo, ni siquiera notificó a la CRAC que había estas averiguaciones previas y a la postre órdenes de aprehensión.
“En estas condiciones, la detención de Máximo se realizó por encima de esta ley, “y en función de esta ley, nosotros detuvimos al juez mixto de Primera Instancia, Filomeno Vázquez Espinoza; al secretario de Acuerdos, José Luis Bernabé Fernández;  al titular del Ministerio Público Omar Sandoval León y al auxiliar del Ministerio Público, Napoleón Hernández Garibo”.
Pablo Guzmán explicó que con esto no buscan un “canje” entre el coordinador de la CRAC y los cuatro funcionarios judiciales,  “lo que pretendemos es llamarlos a cuentas por que son los responsables de la violación de esta ley”, explicó el coordinador.
Y es que insistió que Máximo, a pesar de que fue detenido por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, “nunca se le citó, ni se presentó orden de aprehensión, por lo que con eso se violó la Ley 701, publicada en el diario oficial el 8 de abril de 2011”.
La conferencia, a las 8 de la mañana se realizaba mientras las inmediaciones de la Casa de Justicia de esta cabecera municipal se llenaban de cientos de comisarios, comandantes, policías comunitarios, coordinadores y asesores de la CRAC para participar en la asamblea plenaria para tratar el caso de la detención de su compañero por la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y los cuatro funcionarios judiciales por la Policía Comunitaria.
De entrada Guzmán Hernández recordó que desde hace varios años los gobiernos estatales y municipales han venido deteniendo comisarios municipales y a comandantes regionales de la CRAC, a quienes los acusan de privación ilegal de la libertad, a pesar de que algunas demandas ya prescribieron.
“Se hostiga de manera permanente a la CRAC, por eso con la detención de Máximo, los comandantes y coordinadores dijeron que ya estaban cansados de que se viole la ley y el derecho a la cultura indígena, y nos preguntamos que si la Ley 701 es seria y está vigente, ¿por qué entonces el gobierno no la respeta?”.
Y fue en este contexto que también denunció que el gobernador Ángel Aguirre no ha cumplido el cien por ciento los compromisos que asumió con la CRAC, en la reunión del pasado 28 de mayo en Casa Guerrero.
“Desde que llegó se le pidió audiencia, pero la autorizó luego de más de un año, a pesar de que en el Consejo Nacional de Seguridad, el gobernador dijo que veía bien el trabajo de la Policía Comunitaria”.
Agregó que del pliego de demandas que le presentaron: un millón y medio de pesos mensuales para el funcionamiento de la CRAC, armamento, uniformes, despensas, vehículos y la construcción de las tres casas de justicia comunitaria, solamente la Secretaría de Asuntos Indígenas depositó 100 mil pesos, “y luego dijeron que no pueden entregarnos el resto porque no se puede comprobar, cuando saben que aquí en La Montaña no dan facturas”.
Explicó que ese dinero sólo alcanzó para comprar llantas a las camionetas de la CRAC, pagar 40 mil pesos de gasolina, y para arreglar la cocina, que hasta eso, quedó a medias”.
Añadió que posteriormente se enteraron que el gobernador Aguirre Rivero no compartía el apoyo a la CRAC, mientras estuvieran los comandantes y coordinadores actuales, “o sea nosotros”.
Y en ese sentido expresó que ese podría ser el fondo del hostigamiento que de pronto se ha comenzado a dar en contra de la CRAC y la Policía Comunitaria, por que reveló que hay “intereses muy grandes” de los gobiernos estatal y federal, así como de empresarios como para pretender el control absoluto en esta zona.
Citó por ejemplo el interés de instalar las mineras extranjeras; el control político y la siembra de estupefacientes.
En este contexto, también dijo que la CRAC rechaza la serie de rumores que se han dejado escuchar como que está vinculada con la guerrilla, “nosotros decimos que son irresponsables las acusaciones de que hay influencia de la guerrilla. La CRAC no tiene compromisos de subordinación ni con el gobierno, la guerrilla o el narco, sólo acatamos lo que los pueblos determinen”, dijo.
Pablo Guzmán aceptó que en la región se ha ido incrementando la presencia del narcotráfico, “pareciera que existe la intención (del gobierno) de enfrentarnos con el narco, pero la postura de la CRAC es la defensa de la población civil, de los ciudadanos; y empezaremos a actuar sólo cuando el narco empiece a secuestrar, a extorsionar a la gente de los pueblos; si caen en nuestros territorios comunitarios, se les investiga”, dijo.
Por ejemplo citó que apenas hace tres días en la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, la policía del poblado detuvo a tres personas; dos hombres y una mujer, presuntamente vinculados al narco, “se les detuvo con armas y poca droga”, pero dijo que fue la comunidad la que participó en la detención y que la CRAC apenas ayer determinaría si le brindan el respaldo.
Mientras tanto, el asesor, Valentín Hernández, manifestó que en los pueblos que se rigen por la justicia comunitaria determinaron no permitir la siembra de mariguana y amapola.
“En algunos casos, se procedió a la detención de los dueños de las parcelas, porque estamos empeñados en la defensa del territorio”.
Dijo que hace dos años en el municipio de Metlatónoc, llegaron grupos de gente armada exigiendo a los pueblos que sembraran droga, “por lo que se convocó a asambleas y los pueblos rechazaron esa propuesta por eso estamos blindando a las comunidades, con la participación de la misma gente, hay una permanente lucha de resistencia”. Y luego acusó que el hecho que el gobierno no intervenga, fortalece a esos grupos, y divide a las comunidades.