Juzga tribunal popular a funcionarios detenidos que aprehendieron a un dirigente de la CRAC

Zacarías Cervantes

San Luís Acatlán

En un hecho inédito, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) se convirtió ayer en un tribunal popular y juzgó a cuatro funcionarios; dos del Tribunal Superior de Justicia y dos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a quienes declaró culpables de violar la ley 701 que reconoce los derechos y la cultura de los pueblos originarios.
Los cuatro funcionarios se encontraban en poder de la Policía Comunitaria desde las 2 de la tarde del martes, por su presunta responsabilidad en la detención del coordinador de la CRAC, Máximo Tranquilino Santiago, quien a las 5 de la tarde de ayer recobró su libertad “por falta de elementos para procesarlo” y con ello también fueron liberados los funcionarios judiciales y de la Procuraduría.
El juez mixto, Filomeno Vázquez Espinoza; el secretario de Acuerdos del mismo juzgado, José Luis Bernabé Fernández; el agente titular del Ministerio Público del Fuero Común, Omar Sandoval León y el auxiliar, Napoleón Hernández Garibo, tras su detención en sus respectivas oficinas después de las 2 de la tarde del martes, fueron trasladados por la tarde a una comunidad del municipio de Malinaltepec.
Sin embargo a las 2 de la tarde de ayer fueron “presentados” en la Asamblea Microrregional, que comenzó en la mañana en la sede de la Casa de Justicia de esta cabecera municipal, y a la que asistieron autoridades de 25 de un total de 28 comunidades de los municipios de Marquelia, Azoyú, Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlán, así como comandantes, policías comunitarios, coordinadores y asesores de la Policía Comunitaria y la CRAC. Se concentraron aproximadamente 500 personas que conformaron el tribunal popular.
La asamblea, a la que asistieron también como testigos solidarios dirigentes y representantes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, fue  presidida por los coordinadores Claudio Carrasco Hernández, Asunción Ponce Ramos y Pablo Guzmán Hernández.
A dicha asamblea no asistieron representantes del gobierno del estado, del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso local como lo demandó la CRAC. Pablo Guzmán Hernández informó que desde la tarde del martes estableció comunicación vía telefónica con el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y con la subsecretaria de Gobierno para Asuntos Políticos, Rossana Mora Patiño, convocándolos a esta reunión, sin embargo dijo que los funcionarios condicionaron a que acudiera una comisión al puerto de Acapulco, o a Chilpancingo, lo cual fue rechazado por los coordinadores.
Agregó que ayer por la mañana volvió  a entablar contacto con la subsecretaria Mora Patiño pero que ésta le dijo que no vendrían “porque están muy ocupados”.
Por eso, sin la presencia de los funcionarios, dio comienzo la reunión de las aproximadamente 500 personas a las 11 de la mañana en el patio de las instalaciones de la CRAC de esta población. Mientras tanto, pidieron al grupo de la Policía Comunitaria que resguardaba a los cuatro detenidos, que los trasladaran hasta aquí para que fueran presentados públicamente.
La asamblea, convertida en tribunal popular, dio comienzo con un diagnóstico de la situación por la que atraviesa la CRAC y los antecedentes de represión y hostigamiento que ha venido sufriendo desde gobierno anteriores.
Guzmán Hernández dijo que muchas de las detenciones de los coordinadores, comandantes, y policías comunitarios,  ocurren incluso a pesar de que sus expedientes ya han prescrito y que esto evidencia que en los juzgados y ministerios públicos no actualizan su banco de datos. Citó que fue el caso de la detención del ex coordinador de Pajarito Grande, de este municipio, Agustín Barrera Cosme, hace dos semanas, liberado al otro día de su detención debido a que su expediente había prescrito.
Pero también dijo que es parte de una campaña de hostigamiento que está emprendiendo el gobierno del estado en contra de la CRAC, porque quiere mantener el control político y económico de la región,  dijo que también por eso no atiende ni resuelve los problemas que se generan entre los indígenas, “porque le conviene que mejor nos matemos entre nosotros”, dijo.
Enlistó los casos del conflicto agrario entre Tilapa y Tierra Colorada, el conflicto entre comuneros y pequeños propietarios de Marquelia, las amenazas de muerte al ex coordinador y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Cirino Plácido, y las descalificaciones que provinieron desde el gobierno al asesor de la CRAC, Valentín Hernández.
En general, denunció que en esta región “se están sucintado una serie de conflictos en los que no vemos voluntad del gobierno para solucionarlos”.
El asesor de la CRAC, Valentín Hernández explicó después a los asistentes a la Asamblea que los dos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y los dos de la Procuraduría de Justicia fueron detenidos por violaciones a la Ley 701, “en agravio a nuestra organización”, por la detención del coordinador Máximo Tranquilino Santiago, puesto que dicha ley reconoce los derechos y la cultura de los pueblos originarios, además establece la coordinación que debe existir entre las autoridades estatales y la autoridad comunitaria.
Explicó que la detención de los cuatro funcionarios no se trata de un canje “por nuestro compañero, sino para que se establezca una relación de respeto y firme entre las dos instituciones”.
Tras escuchar la acusación en su contra, los funcionarios detenidos tuvieron la oportunidad de defenderse y expresar sus argumentos; el juez Vázquez Espinoza, informó que libró la orden de aprehensión porque no encontró documentos dentro del expediente que acrediten que el detenido, Maximino Tranquilino, es miembro de la Coordinadora, “por eso  se libró la orden de aprehensión”, dijo ante un público que lo escrutaba incrédulo. Y luego agregó: “todos los demás elementos están en el expediente y si ustedes creen que con esto se hace justicia, adelante”, dijo
El juez se dijo dispuesto a acatar la decisión que tomara la asamblea. “Yo estoy dispuesto a acatarla para no vulnerar sus cualidades y su independencia como impartidores de justicia, porque la mía se ha vulnerado y yo no puedo seguir trabajando como juez en este instituto judicial, entonces actúen conforme a derecho y les pido que, para que no se vulnere su independencia actúen conforme a las cualidades de los juzgadores”, dijo.
Por su parte el agente auxiliar del Ministerio Público, Napoleón Hernández Garibo, dijo que él no fue detenido y que solamente acudió acompañando a su titular para vigilar que no lo maltrataran ni lo lastimaran “o para que no se lo llevaran de manera arbitraria de la oficina”.
Y remató: “señores, yo no tengo nada que ver en este asunto, ni siquiera sé cómo está el caso, tengo 15 días de haberme incorporado, por tanto ni siquiera sé quién es la persona que fue detenida”.
Por la noche, Harnández Garibo se comunicó a este diario para declarar que él no estuvo privado de su libertad, que sólo fue “coadyuvante” y que acudió para mediar en la detención del titular del MP.
En los mismos términos se defendió el secretario de Acuerdos José Luis Bernabé, “sólo fuimos detenidos por oponernos a que se llevaran a nuestros titulares y por la forma en que se conducían los compañeros de la Policía Comunitaria.
En una segunda intervención uno de los comandantes que participó en la detención del agente titular del Ministerio Público, lo acusó de haberse resistido armado a su detención, “cuando llegamos a su oficina de inmediato se fue para atrás y no se dejaba detener, porque llevaba una pistola, dijo mientras frente a todos mostraba un arma 9 milímetros que le recogió al momento de su detención. El titular del Ministerio Público explicó que el arma es por la situación de violencia que se vive en el estado, que les han pedido que porten armas y que la llevaba en la cintura porque al momento que llegaron los policías comunitarios ya se retiraba de su oficina.
“Hay que colgarlo, cuélguenlo”, se escuchó que pedían dentro del público”, sin que hubiera  respuesta de la mayoría de los asistentes.
Al final de la asamblea, tanto el juez como el titular del Ministerio Público, reconocieron que con base en la ley 701 no había elementos para librar la orden de aprehensión en contra de Máximo Tranquilino. Y poco antes, un enviado del Tribunal Superior de Justicia contactó al coordinador de la CRAC, Pablo Guzmán, a quien le dijo que personal del Tribunal estaba elaborando el acta de libertad del indígena, lo que  se confirmó a las 5 de la tarde.
El acta fue leída en la misma asamblea por Pablo Guzmán y en ella se establece que se resolvió su libertad “por falta de elementos para procesarlo”. El documento fue firmado por el mismo juez Vázquez Espinoza, quien antes había expresado su decisión de ya no continuar laborando como juez en este distrito judicial de Altamirano.
Resuelta la libertad del coordinador de la CRAC, la representación indígena, convertida en tribunal popular resolvió, por su parte poner  en libertad a los cuatro funcionarios, tras 24 horas de haberlos mantenido en su poder y haberlos sometido a “juicio popular”.
La asamblea todavía continuó hasta que a las 6 de la tarde llegó Máximo Tranquilino, tras su liberación del penal de esta población. El indígena fue recibido entre expresiones de júbilo, aplausos y aclamaciones.
A la asamblea asistieron el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado del mismo, Vidulfo Rosales Sierra. Asimismo en representación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Minervino Morán Hernández; el director del Taller de Desarrollo Comunitario, Javier Monroy y del Centro de Formación Política de Acapulco, Benjamín Sandoval Melo.