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Reparten en Acapulco bases para familiares y amigos de regidores y funcionarios, denuncian

Karina Contreras

En la recta final de la actual administración que encabeza la alcaldesa Verónica Escobar Romo se están entregando basificaciones a familiares y amigos de regidores y funcionarios, y muchas de esas bases no cumplen con la ley, denunciaron trabajadores sindicalizados del ayuntamiento de Acapulco.
Esa basificación ha generado molestia entre los sindicalizados, pues se quejan de que hay trabajadores que tienen más de 20 años en el ayuntamiento y no se les ha tomado en cuenta.
De acuerdo con una relación de la cual tiene copia El Sur, que fue entregada durante una protesta para exigir que a los regidores no se les dé el bono de un millón de pesos, los sindicalizados piden al alcalde electo Luis Walton revisar las bases que se han entregado en la administración priista.
Las secciones sindicales donde se están dando la mayoría de las bases de última hora son la 24 que dirige  Fernando Castrejón de la Mora, la 35 que encabeza Jorge Cabrera Montúfar y la 56 de Fidel Miramón Ortiz.
El primero aspiró a ser síndico suplente del PRI en la pasada elección.
En dichas secciones, de acuerdo con sindicalizados, los dirigentes están ocultando las listas donde se encuentran los nuevos basificados; muchos de ellos durante tres años permanecieron en lista de raya, pero en abril fueron subidos a la nómina y en la primera quincena de mayo les llegó su base.
De acuerdo con el pliego petitorio de las secciones sindicales y el ayuntamiento municipal, nada más se darían diez bases por año a cada una de las secciones, pero eso se ha rebasado por mucho.
La hoja entregada indica que el “listado muestra sólo algunos ejemplos del descaro de la saliente administración, de cómo manejó la basificación de personal que no tiene derecho”.

Los agraciados

En la lista aparece Alfredo y Graciela Rosas Sereno, hermanos de la regidora Iris Rosas Sereno.
Monserrat Hernández Rodrí-guez fue basificada en Sanea-miento Básico y es hija del coordinador de Servicios Públicos, Oscar Hernández Salgado. Estaba en la lista de raya y subió a supernumerario el 1 de junio y la base se le dio el 16 de junio en la sección 35.
Está también Clara Aguilar Pérez en la dirección de Salud Municipal, en la sección 56, y en la lista a ella se refieren como “amiga personal del director de Salud Municipal, Jaime Jiménez Silva”. Ella subió a supernumerario el 1 de marzo y la base se la entregaron el 1 de mayo.
También en Salud de la sección 56 está Diana Quevedo Gómez, secretaria de Jiménez Silva, quien también subió a supernumeraria el 1 de mayo y la base se la dieron el 1 de junio.
La lista entregada a los medios dice que también en Salud fue basificada Bertina Soñis Montiel; el 1 de marzo la pusieron en la nómina y el 1 de mayo ya tenía su base en la sección 56.
El encargado del almacén de Salud, Raúl Giles Iturbe, también fue basificado en la sección 56 el 16 de abril y el 16 de mayo ya tenía su base.
En la dirección de Recursos Humanos aparece María del Carmen Riera Ruiz Massieu, que es hija de Maricela Ruiz Massieu, sindicalizada en la sección 56; entró como supernumerario el 1 de mayo y la base la obtuvo el 15 de mayo.
Otros que aparecen señalados en la lista, pero no se especifica algún parentesco con funcionario o regidor, son Guadalupe Barrios Flores en el área de sindicatura, en la sección 56, donde subió a la nómina el 1 de junio y la base se la dieron el 16 de junio; Margarita Huerta Galván en el área de regidurías en la sección 19, otorgada el 16 de marzo; Rocío Luna Castro, cuya adscripción está en el área de la presidencia municipal por parte de la sección 24 y subió a supernumeraria el 1 de abril y la basificación se la dieron el 16 de mayo; Luna Castro no se presenta al área de la presidencia, sino que lo hace  en el área de comunicación social de la Capama.
También está entre las bases recientes la encargada de comunicación social del DIF, Martha Casas, cuya base también fue dada en la sección 24 en el área de Recursos Humanos, y la subdirectora de Comunicación Social, Maribel Helguera Sánchez, en la sección 56 con adscripción a dicha área.
Asimismo está Mayra Cortés Díaz, basificada en Alumbrado Público; fue puesta en nómina el 16 de febrero y su base se la dieron un mes después, el 16 de marzo; Miguel Sánchez Fierro, en la secretaría general, sección 56, donde el 16 de mayo apareció como supernumerario y el 16 de junio fue basificado.
Ante ello, en el documento los inconformes critican que la mayoría de los basificados que fueron recomendados pasaron de supernumerarios a trabajadores de base en un lapso de entre 15 y 30 días, cuando hay cientos de trabajadores que tienen años trabajando en el ayuntamiento sin ser basificados.
Añade el documento que la ley marca que para dar basificación a un trabajador, éste debe cumplir al menos seis meses de antigüedad en la nómina, siempre y cuando existan plazas y haya un techo presupuestal para ellas.
Muchos de los sindicalizados están molestos por la situación, pues dijeron que a ese paso, dentro de dos años ya no les van a poder pagar su salario, porque cada administración deja muchos basificados que son familiares, amigos o compadres, sin que se respete el derecho de antigüedad de los que ya tienen más de 20 años laborando en el ayuntamiento.
Una de las sindicalizadas dijo que es “increíble que los que van entrando tengan un salario igual o mayor que los que tenemos años aquí, a nosotros se nos niega un ascenso y los recomendados llegan con los altos salarios y no los mil 200 con lo que se inicia”.

Investigar, piden a Walton

En el documento los inconformes le piden al alcalde electo Luis Walton Aburto una “investigación a fondo, pues sabemos que hay muchas más que están en esta situación, queremos que se transparente todo este proceso que se dio de manera ilegal y que se repare el daño que se ha causado al ayuntamiento al engrosar la nómina de manera arbitraria, además violentando el derecho de terceros”.
Añade: “Luis Walton, le pedimos que no nos traicione, que se haga justicia y se retiren todas esas bases que se dieron de manera fraudulenta. Le solicitamos que se haga una revisión y se basifique al personal que tiene de diez a veinte años de antigüedad”.
Finalmente piden que se haga una retabulación oficial apegada a derecho para acabar con los “privilegios de unos cuantos”.

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