Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* El Trife: un fallo insostenible

Es insólito que un tribunal cuya razón de ser es administrar justicia, se querelle contra la parte inconforme en un juicio. Pero no en México, el país de las paradojas, la simulación y las dictaduras perfectas. Eso es lo que puso en escena ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sesión destinada a discutir y votar la resolución sobre el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición Movimiento Progresista contra la validez de la elección presidencial del 1 de julio.
Ni la más ínfima señal sugería que los magistrados se hayan tomado con seriedad la inconformidad de la izquierda, y aún más remota era la probabilidad de que se presentara en su horizonte la invalidación de los comicios como solicitó la coalición lopezobradorista. En realidad nunca existió la menor posibilidad de que eso ocurriera en ese tribunal y con el actual sistema electoral, porque están diseñados para contener y acallar las inconformidades, no para darles curso. El vacío tiene su origen en la Constitución misma, extremadamente lacónica al referirse a las elecciones, pues sólo establece que deben ser “libres, auténticas y periódicas” (artículo 41). Enunciados de esa forma, esos principios son a la vez una plataforma para ejercer un rigor incorruptible a la hora de calificar las elecciones, que es lo que pedía Andrés Manuel López Obrador, o una coartada para encubrir maniobras ilegales de toda clase y dimensión, por la cual optó el Tribunal.
A partir del precepto constitucional que exige libertad y autenticidad a los comicios, los magistrados electorales tuvieron en sus manos la oportunidad de esclarecer el cumplimiento de esos requisitos en la elección presidencial, no para satisfacer los intereses políticos de López Obrador y de la izquierda sino para romper con la incertidumbre sobre la limpieza del sufragio que en apariencia hizo ganar a Enrique Peña Nieto. Para satisfacer el interés del país y para curar de una vez por todas, con una medida drástica, el cáncer del fraude que se hace presente en casi todas las elecciones. Pero no lo hicieron. Se sabía que no lo harían desde que empezaron a mostrarse fastidiados por el activismo postelectoral de López Obrador (activismo jurídico, no callejero: valga la aclaración para oídos castos), a alentar públicamente un conformismo inapropiado en jueces imparciales, y ostensiblemente negligentes ante la posibilidad de ejercer las herramientas que, con todo y su parquedad, la Constitución pone a su disposición para calificar el perfil de las elecciones. Se colocaron así en el papel de defensores de Enrique Peña Nieto, la parte acusada de violar la ley y la Constitución al realizar operaciones encubiertas para comprar votos e influir en la voluntad de los votantes.
Incluso si la impugnación de López Obrador estaba mal hecha, como en tono burlón se ha destacado en estos días, el núcleo de la inconformidad tenía una justificación sólida en la exhibición del trasiego de fuertes cantidades de dinero realizado por la campaña de Peña Nieto a través de las empresas Monex y Soriana, y en la evidentísima y costosa campaña de televisión con la que el candidato priísta construyó su imagen presidencial desde que era gobernador del estado de México, con cargo al presupuesto público.
Pero como lo había hecho el IFE, el Tribunal Electoral también perfilaba ayer por la tarde, en una tendencia irreversible, una conclusión que notoriamente soslaya la existencia de esas evidencias y plantea que no hubo ninguna actividad ilegal por parte de Peña Nieto: ni compra de votos, ni gasto excesivo, ni dinero inexplicable, ni campaña disfrazada en Televisa. Nada. Pudo llegar a esa conclusión por el simple mecanismo de rechazar las pruebas presentadas por la parte quejosa o negarse a investigar los hechos denunciados. Es lo que hizo el IFE, como expuso en un valioso testimonio uno de sus consejeros, Alfredo Figueroa Fernández.
En un artículo publicado antier en el diario Reforma, Alfredo Figueroa da a conocer la falsedad de la investigación del IFE, lo que pone en un serio predicamento la credibilidad que el organismo ha defendido frente a las acusaciones de la izquierda. Afirma el consejero electoral: “El 16 de agosto de 2012, el Consejo General del IFE resolvió la queja promovida por el PRD contra Enrique Peña Nieto, el PRI, el gobierno del estado de México, Televisa y otros; por una presunta maquinación para promover la imagen de Peña Nieto. Por mayoría de votos concluyó que no había elementos que la acreditaran. El interés por la denuncia, ha concitado un debate público en torno a la calidad de la investigación a cargo de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del IFE, quien el 20 de agosto publicó en Excélsior el artículo ‘Fundamentos y razones del IFE’, en el que nos ofrece un conjunto de razones por las que busca justificar la suficiencia de su investigación. No pienso que los argumentos que nos plantea permitan concluir que se trató de un trabajo exhaustivo”.
El consejero electoral refuta las conclusiones del IFE y expone la simulación en que incurrió el responsable de la supuesta investigación. Por ejemplo, dice en referencia a la propaganda disfrazada de Peña Nieto que durante varios años se transmitió en Televisa: “El proyecto que se presentó al Consejo General no estuvo respaldado, como se afirma, con evidencias ciertas; las insuficiencias en la investigación no permiten determinar en general si los involucrados participaron o no en los hechos denunciados y si éstos constituían o no una infracción en materia electoral”.
Agrega que el responsable de la pesquisa “sostiene haber investigado y valorado toda prueba y argumento de las partes. Esto es falso. A pesar que el denunciante lo solicitó expresamente, no se requirió al Instituto Electoral del Estado de México los Informes de ingresos y gastos de campaña, correspondientes al proceso electoral local 2005 para gobernador –lo cual resultaba necesario para indagar sobre algún tipo de relación contractual que hubiera iniciado en la campaña y continuado con posterioridad a esa fecha. Lo mismo ocurre con el gobierno del estado de México, al que inexplicablemente, no se solicitó los gastos de comunicación social erogados de 2005 a 2011. Por otra parte, la resolución no incorpora un análisis de los distintos artículos y libros ofrecidos como prueba. Lo que sí hace es descalificarlos al señalar que los autores se basan en ‘meras especulaciones’ que no generan convicción, sin ofrecernos las razones en que basa su conclusión. El análisis de los trabajos periodísticos ofrecidos hubiese supuesto un conjunto de diligencias y líneas de investigación que no fueron exploradas”.
El artículo del consejero electoral representa una verdadera denuncia de lo que se halla detrás de la pasividad del IFE en el procesamiento de la inconformidad del Movimiento Progresista, y confirma las sospechas que en amplios sectores de la población, y no sólo entre los votantes de López Obrador, ha suscitado el comportamiento de la campaña del PRI. Dice finalmente:
“Afirma que el PRD buscó reabrir expedientes y volver a discutir asuntos que son cosa juzgada. No es así, una lectura puntual de la denuncia permite establecer que éste no solicitó la reapertura, sino que se retomaran constancias que obraban en el expediente relativo a los gastos de comunicación social erogados por el gobierno del estado de México con motivo del 5to Informe del entonces gobernador, ahora con un propósito diverso: tratar de probar los gastos excesivos erogados en contratos con la empresa Televisa, como parte de la ‘estrategia’ denunciada”.
“Finalmente, pretende demostrar que el IFE empleó todas sus atribuciones en esta investigación. Esto, además de insostenible, ya resulta preocupante, porque ignora los esfuerzos extraordinarios que, en diversos momentos posteriores a la reforma, la Secretaría Ejecutiva del IFE desarrolló para documentar las acciones de simulación cometidas por partidos, candidatos y televisoras en contra de la Constitución, o cuando por el contrario, pero con igual valía, se acreditó sin lugar a dudas que se trataba de actos que no podían ser calificados como contrarios a la ley”.
“Lo que este caso demuestra es que olvidar los estándares que el IFE produjo para estudiar la simulación o el fraude a la ley tiene resultados adversos para denunciantes y denunciados y niega el sentido y responsabilidad por proteger el interés general como corresponde. No me preocupa tener una postura diversa a la mayoritaria o una opinión distinta a la de los integrantes del Consejo General, esto ha ocurrido muchas veces. Lo que lamento es el intento, afirmación tras afirmación, por justificar la suficiencia de una investigación insostenible”. (Alfredo Figueroa Fernández, “Siete afirmaciones insostenibles y un Secretario Ejecutivo”, Reforma, 29 de agosto de 2012).
Esa fue la investigación del IFE, que ha permitido a su presidente, Leonardo Valdés Zurita, proclamar la ejemplaridad y limpieza de las elecciones. Pero el Tribunal Electoral no realizó ninguna. ¿Cómo puede entonces el Trife sustentar su resolución final sobre la petición de invalidez de la elección? Sólo mediante un manotazo como el que dio ayer o terminará de dar hoy. Es decir, decretando que no existió impureza alguna en la elección de Peña Nieto, lo que le permitirá luego emitir con tranquilidad el fallo de validez de los comicios.
La sesión del Tribunal Elec-toral fue un prodigio de arquitectura jurídica puesta al servicio de una causa de partido. En un ambiente claramente hostil y predispuesto, a ojos de los ma-gistrados ninguna de las pruebas entregadas por la parte agraviada era viable. Ningún argumento. Todas estaban mal elaboradas, no demostraban nada o eran infundadas. Las elecciones fueron libres y auténticas, puras y virginales. Crearon en el papel unas elecciones que no son las del 1 de julio.

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