Respaldan organizaciones sociales a la CRAC luego del arresto de uno de sus coordinadores

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de varias organizaciones sociales manifestaron ayer en conferencia de prensa, su respaldo a la Cordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), por la detención la mañana del miércoles de su coordinador de la Casa de Justicia de San Luís Acatlán, Máximo Tranquilino Santiago, quien fue liberado la tarde del miércoles, luego de que el Juez Mixto de Primera Instancia, Filomeno Vázquez Espinoza, determinó que “no había elementos para procesarlo”.
Los representantes de las agrupaciones alertan que con esta acción en contra de la CRAC, “se hace evidente que se ha puesto en marcha todo un plan de desmantelamiento del proyecto comunitario, para abrirle el paso a las compañías transnacionales que tienen puestos sus ojos en los ricos yacimientos de minerales en el territorio comunitario”.
Por ello hicierton un llamado para “cerrar filas en favor de los compañeros indígenas de la Montaña, a quienes no se les brindan los apoyos suficientes para salir de su situación de marginación y miseria, pero si se les hostiga peligrosamente a travéz de los aparatos ministeriales y judiciales del estado”, manifiestan en su pronunciamiento que dieron a conocer ayer en la conferencia de prensa.
Entre los convocantes se encuentran el representante del Movimiento de Regenaración Nacional (Morena), Iván Hernández Díaz; el ex secretario de Derechos Humanos del PRD estatal, Urbano Lucas Santamaría; el también perredista, Aniceto Espinobarros Vivar; el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero; la representante de la Organización Nacional del Poder Popular, Sonia Mera; el integrante del Comité Municipal del PRD, José Pérez Victoriano; el dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Arturo Miranda Ramírez y el dirigente de la Unión de Teransportistas Democráticos (UTD), Apolinar Segueda Dorantes.
“Un grupo de investigadores, universitarios y ciudadanos, preocupados por tal acción gubernamental, nos reunimos para analizar la gravedad  y expresar todo nuestro apoyo moral, legal y político a quienes desde el ejercicio de sus usos y costumbres para la prevención del delito y la impartición de justicia, se han visto hostigados por los gobiernos federal y estatal, argumentando que su actuación no se apega a las normas legalmente establecidas, pasando por alto el artículo segundo constitucional y la ley 701”, dice el pronunciamiento de los representantes de las agrupaciones que fue leído ayer en la conferencia de prensa.
Los representantes de las agrupaciones expresan que “causa preocupación y asombro las declaraciones del titular del Poder Judicial del estado cuando hace referencia a no conocer si ya entró envigor la Ley 701 (a la que se refirió como la 721), la cual fue aprobada por el Congreso del estado el 15 de febrero del 2011 y publicada en el Periódico Oficialdel Estado el 8 de abril de ese mismo año”, recuerdan los representantes sociales.
Y agregan que por otra parte el mensaje de la Procuradora de Justicia Martha, Elva Garzón Bernal  través de sus declaraciones en el sentido de que “las autoridades comunitarias se ubiquen en el Estado de derecho”, es preocupante puesto que ella mismo lo violenta “al no acatar por acción u omisión lo estipulado en la citada ley (la 701).
Añaden que la detención de Máximo Tranquilino y las amenazas de aprehensión que pesan sobre los coordinadores regionales de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, Asunción Ponce Ramos, Claudio Carrasco y los comandantes regionales de la Policía Comunitaria, Melquiades Simón Santiago, Aureliano Martínez Tomás, Andrés Panunceno Germán y Felícito Clemente Quintero, “está provocando que todas las comunidades indígenas de la Montaña afiliadas a la CRAC, se sientan agraviadas por un gobierno que diariamente en sus discursos se define como democrático, al tiempo que ordena  detener con fines evidentemente intimidatorios a sus dirigentes”.
Los dirigentes sociales expresan que a pesar de la libertad del dirigente indígena ocurrido la tarde del miércoles, “el problema de fondo no se resuelve, toda vez que siguen latentes las órdenes de aprehensión de los demás coordinadores”.
También denuncian que con la acción ministerial “se hace evidente que se ha puesto en marcha tiodo un plan de desmantelamiento del proyecto comunitario, para abrirle el paso a las compañías trasnacionales que tienen puestos susn ojos en los ricos yacimientos de minerales en el territorio comunitario”.
Agregan que estos temores no son infundados, “si se toman en cuenta las estrategias y métodos que esas mismas compañías han seguido en otras partes del mundo: confabulación con los gobiernos corruptos para lograr la autorización de la explotación de los recursos naturales, fomento a la confrontación entre hermanos en los territorios de su interés, para eliminar a los opositores a la explotación irracional en los territorios indígenas y, en esta lógica se inscribe la estrategia de pretender aniquilar el proyecto de la CRAC que encabeza a estos pueblos que se oponen a tal explotación”.