Carlos Pérez Aguirre

Asesinato de la democracia

Acorde con los tiempos de ilegalidad y enseñoramiento de la delincuencia, en días pasados la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convocada  para resolver el último juicio de inconformidad contra los comicios presidenciales, dio una cátedra a toda la nación de cómo se puede torcer la ley y cometer delitos sin que los tribunales encargados de juzgar muevan un dedo, y aún más, validen los delitos y reprueben estigmatizando a los agraviados, la parcialidad, la negación de evidencias, la descalificación y la villanía, al desechar de un golpe y sin dudas las pruebas evidentes.

Para ese máximo tribunal no existió nunca compra de votos, ni financiamientos ilícitos, ni encuestas manipuladoras, ni apabullantes campañas televisivas, ni rebase de topes de campaña. Así, mediante una particular forma de entender la ley (hoy sí totalmente ciega), desecha todos los argumentos y pruebas que presentó el movimiento progresista, pero que constató la mayoría de los ciudadanos de este país. La parcialidad de este órgano respecto al partido de su preferencia, el PRI, mostró una legalidad inexistente que de manera dramática reflejó en solo unas horas –las que duro la farsa del juicio–, el por qué el país se encuentra en el abismo de la corrupción y el enfrentamiento sangriento y cruel.

La ley del más fuerte y del más corrupto domina el panorama, la ciudadanía está totalmente indefensa ante un Estado fallido que no protege los más elementales derechos del ciudadano, la vida, la propiedad y ahora su escasa participación en un proceso democrático que ha demostrado comicios tras comicios que está totalmente viciado y manejado.

Qué nos espera con los actuales niveles de inseguridad que priva entre la población copada por la delincuencia, cuando se da por válida una elección en donde se denunció el financiamiento de campaña con recursos de procedencia ilícita. En donde un tribunal de la más alta jerarquía se doblega a los intereses de un grupo que vició y manchó el proceso democrático. Es realmente preocupante que de manera coincidente y de forma unánime esos magistrados pusieran toda su atención en buscar cómo desechar todos y cada uno de los argumentos que demandaban invalidar la elección presidencial, calificando a las pruebas aportadas como, insuficientes, infundadas, inoperantes, genéricas e imprecisas.

Los estrechos márgenes que aun quedaban para buscar caminos de desarrollo alejados de la delincuencia fueron cerrados por el Tribunal Superior: se asesinó a la democracia. Ahora el único camino será la movilización nacional, que seguramente molestará a muchos ciudadanos pacíficos y honestos, pero la pregunta es: ¿Estamos de acuerdo en dejarle a la delincuencia el manejo de nuestra vida y la de nuestros hijos?  Yo creo que la respuesta es ¡no! Pero para ello tenemos, ahora más que nunca, organizarnos y movilizarnos.

Titishando. El movimiento #Yosoy 132 ha iniciado a nivel nacional una movilización llamada “marcha fúnebre” para sepultar a la democracia. Tenemos ahora toda la responsabilidad de revivirla.

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