Moisés Alcaraz Jiménez*

TEPJF, entre el descrédito y la sospecha

 

Como se esperaba, por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazaron la solicitud de invalidar la elección presidencial por fraude generalizado presentada por el Movimiento Progresista.

Los fallos de este órgano jurisdiccional son definitivos e inatacables, con lo cual, a partir de la resolución del llamado juicio madre que inició este jueves y después del cómputo final, la calificación y validación de los comicios que se esperaba para ayer viernes, el candidato del PRI fue declarado ayer mismo presidente electo.

Como una prueba más de la actitud tendenciosa y poco profesional con la que se conducen algunos magistrados del máximo tribunal electoral, Salvador Nava Gomar, que no oculta su origen cristero y preferencias blanquiazules, se adelantó a la declaratoria y sentenció que México tenía ya un presidente legítimo, electo en un proceso limpio, que se llama Enrique Peña Nieto.

En ese contexto todas las pruebas de la coalición de izquierda –“que no son pruebas” como dijo el magistrado Flavio Galván–, fueron desechadas por infundadas e imprecisas, entre otros calificativos empleados por los magistrados que de manera unánime no sólo emitieron su condena, sino también adoptaron una postura de censura al movimiento progresista por presentar pruebas inoperantes, insuficientes y genéricas, que partieron de premisas equivocadas, con lo cual –se desprende de los propios calificativos y así lo deja entrever el tono empleado por los magistrados– se quiso sorprender a ese órgano colegiado y confundir a la opinión pública.

Para los magistrados del TEPJF los monopolios televisivos fueron imparciales y tuvieron un desempeño democrático a lo largo del proceso. Sin injerencia alguna en la elección, a la vista de esos servidores públicos, los dueños de la televisión comercial cumplieron ejemplarmente con la disposición constitucional de informar con veracidad a los mexicanos, sin ningún sesgo político y en igualdad de condiciones para todos los contendientes.

Las encuestadoras, que en este proceso fueron una auténtica barrera a la democracia, para los señores magistrados fueron empresas serias que desarrollaron un trabajo científico y muy profesional, alejadas de lo que en verdad fueron: parte importante de la estrategia electoral de un candidato, despachos de expertos en construir ficticiamente escenarios electorales para inducir el sufragio.

En fin, para los magistrados del TEPJF el proceso fue una fiesta cívica con comicios ejemplares, elecciones libres y transparentes desarrolladas en un ambiente de equidad, certeza jurídica e imparcialidad. Sin embargo, la percepción para una inmensa mayoría de mexicanos fue que acudimos nuevamente a un proceso efectuado bajo la sombra de la duda y la sospecha, con resultados altamente cuestionados y en un entorno de descrédito y desconfianza hacia quienes están al frente de las instituciones electorales.

Nadie podrá afirmar que con estas elecciones avanzamos hacia una democracia de calidad, hacia un mayor desarrollo político orientado al fortalecimiento de la cultura cívica democrática. No podemos hablar de democracia donde la compra y coacción del voto no se ha terminado, sino sólo se ha sofisticado con procedimientos sumamente difíciles de probar a la luz de una legislación incompleta y de servidores públicos del ramo comprometidos con los poderes fácticos y demás factores que nos impiden ser parte de las sociedades democráticas del mundo contemporáneo.

 

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* El autor es director estatal de Gobernación