Al menos 30 los armados que atentaron contra la secundaria en Tierra Colorada, precisan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El secretario del Comité de Bienes Comunales de Tierra Colorada, Asunción Sánchez Altamirano aseguró que el ataque que sufrieron alumnos de la secundaria de la localidad el martes, fue perpetrado al menos por un grupo de 30 personas armadas con fusiles de grueso calibre, desde un punto alto de Tilapa, a menos de un kilómetro distancia, en línea recta, de la escuela.

Durante una visita a la redacción de El Sur, acompañado de su abogado, informó que la agresión a balazos se perpetró durante unos 18 minutos y los dos niños heridos en el ataque se encontraban en la cancha de futbol, en una práctica de educación física, pero toda la comunidad estudiantil fue amenazada, porque los demás maestros y alumnos, también buscaron refugiarse ante la agresión.

En la huida, detalló, otro niño se fracturó la pierna y la mayoría de los estudiantes sufrieron raspaduras y se rasgaron los uniformes; desde entonces la escuela suspendió actividades y la población exige la intervención del gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque los soldados que enviaron para resguardar el lugar se colocan en sitios alejados de la zona de conflicto.

Incluso, consideró que los militares sólo resguardan a los pobladores de Tilapa, el núcleo agrario con el que tienen un conflicto hace más de 40 años y con que han tenido fuertes enfrentamientos, con muertos como resultado. “Hace un año se apostaron a dos kilómetros, ahora están en un punto conocido como El Guayabo, en tierras de Tilapa.

Asimismo, reiteró que la comunidad de Tierra Colorada no tuvo que ver en el homicidio del comisario municipal de Tilapa, Crisóstomo Bruno Maximiliano, ultimado el lunes (un día antes de la agresión a la secundaria), y aseguró que tienen un testimonio de una persona del municipio de Malinaltepec, del que se reservó el nombre por el momento, a quien el comisario le dijo que recibió una amenaza telefónica de alguien de su localidad para que desistiera de investigar el destino de unos 200 mil pesos, que eran parte del financiamiento para un proyecto productivo de la comunidad, pero siguió adelante.

Indicó que tras la agresión en la secundaria se suspendieron las clases hasta nuevo aviso, y los niños sienten temor de volver a la escuela que se encuentra a 20 minutos de camino del pueblo, por lo tanto, también exigieron atención sicológica para los estudiantes.

Subrayó que desde el lunes, con la muerte de su comisario, los pobladores de Tilapa cerraron la carretera Tlapa-Marquelia, y se escucha que tiran balazos constantemente desde Tilapa en dirección a Tierra Colorada; “el martes atacaron a la escuela secundaria, que se encuentra a unos 150 metros de la línea divisoria de los pueblos”.

Las partes desconocen mediciones del IPN

Sánchez Altamirano recordó que en las últimas reuniones, las partes en conflicto habían acordado buscar una solución, y se firmó una minuta en Acapulco para que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se encargara de delimitar las zonas en disputa de los ejidos agrarios, de acuerdo con acta de conformidad de linderos de 1989 y 2004.

Indicó que el trabajo que se realizaría en dos partes; en la primera visita no hubo ningún inconveniente, pero en la segunda jornada del 9 de junio, luego de realizar las mediciones en las mojoneras de Las Palmas, Tepehuajes y Huamuchis, el auxiliar del comisariado de Tilapa, Cecilio García, tomó por la fuerza uno de los aparatos y se los llevó, provocando el disgusto de los ingenieros.

Sin embargo, Tierra Colorada también impugnó los trabajos, como consta en un acta de asamblea de los Bienes Comunales, porque consideraron que los ingenieros del Instituto realizaron el trabajo con las autoridades del Registro Agrario Nacional y del Tribunal Unitario Agrario, “para ahorrar tiempos y costos”.

En la entrevista, Santos Altamirano condenó la intromisión de las dependencias de gobierno federal, porque aseguró que ya tienen arreglos con el ejido de Tilapa, y en la Asamblea se solicitó la anulación de los trabajos de los trabajos topográficos del IPN y de las dependencias de gobierno del estado, porque no corresponden a las mediciones

Los enfrentamientos

Sobre el conflicto agrario que ya tiene más de 40 años, el secretario de los bienes comunales, recordó que en 1989, cuando los vecinos de Tilapa hicieron una brecha cerca en la línea limítrofe, cortaron árboles frutales y se suscitó uno de los enfrentamientos más violentos. Comenzó con golpes pero los comuneros de Tilapa iban armados y asesinaron a cuatro comuneros de Tierra Colorada, entre ellos el presidente del Comité, Taurino Oropeza y oficialmente se contaron 12 heridos de bala.

Asimismo, en noviembre de 2009, ocurrió otro enfrentamiento cuando Tilapa construyó un carril en el punto conocido como Cerro luna, donde taló árboles frutales y cafetales, al ver esta situación en Tierra Colorada se anunció por bocina y la gente se organizó para ir a hacerles frente, y tras el diálogo se calentaron los ánimos y volvieron a enfrentarse a golpes pero “volvieron a disparar los de Tilapa”, dijo que entonces se contaron ocho heridos.

El abogado Domingo Martínez recordó que por ese evento, se inició una averiguación previa por delitos ambientales en la Procuraduría General de la República, y que no tuvo seguimiento.

También recordó que existe otra demanda penal para determinar a quién le quedó el dinero de la indemnización que recibió Tilapa por los terrenos en conflicto con Tierra Colorada, estimada en 2 millones 725 mil pesos, pero que de acuerdo a sus autoridades comunitarias sólo recibieron un millón de pesos.

Aclaró que después se supo que algunos comuneros de Tilapa devolvieron 250 mil pesos, y que  funcionarios públicos involucrados en la indemnización, se quedaron un millón 500 mil.

Indicó que la investigación sobre el paradero de ese dinero se turnó a la agencia del Ministerio Público de Malinaltepec, a donde pertenecen los territorios en disputa, pero para dar seguimiento a la investigación que se documentó en 3 mil hojas, el agente les preguntó “quién va a costear la reproducción de las copias, porque necesito cuatro tantos más y de cada tanto son 3 mil pesos porque aquí la copia cuesta un peso”.

En este sentido exigió la intervención de la procuradora Martha Elva Garzón, para que se dé prioridad a este caso, que mantiene a los pobladores de dos comunidades agrarias, en riesgo constante de confrontación.