Exige el abogado de Willy Reyes al Congreso local que ya dictamine sobre el desafuero

Daniel Velázquez

El abogado defensor del alcalde de Tlapa, Willy Reyes Ramos, Xavier Olea Peláez, urgió a la Comisión Instructora del Congreso local a resolver de inmediato el juicio de procedencia o desafuero que se sigue en contra de su cliente o de lo contrario serían acreedores a sanciones.
Acompañado por el abogado José Antonio Bonilla Uribe, Olea Peláez les dio un plazo de tres días, y advirtió que si los diputados no resuelven, interpondrá un juicio de amparo para que sea un juez quien los obligue a emitir su resolución antes de que concluya la actual legislatura.
El alcalde Willy Reyes está acusado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de ser el autor intelectual del asesinato del diputado fede-ral Moisés Villanueva de la Luz, ocurrido a principios de septiembre de 2011 y por eso solicitó el desafuero del alcalde.
En conferencia de prensa en el salón Magallanes del hotel Elcano, el abogado Xavier Olea acusó de “irresponsables” a los diputados de la comisión instructora, porque se han vencido todos los plazos que establece la ley.
“En exceso se les ha pasado el término para dictar una resolución, y con ello están violentando las garantías individuales de Willy Reyes Ramos”, dijo.
Explicó que los diputados disponían de 70 días hábiles para resolver el juicio de procedencia, desde que le dio entrada el 19 de diciembre de 2011.
Otro de los plazos que han vencido los diputados, es que disponían de 10 días para dictaminar una vez que la PGJE y la defensa entregaron sus conclusiones, lo cual ocurrió entre finales de marzo y principios de abril de este año.
Adelantó que si para el miércoles los diputados no han resuelto si procede o no el desafuero contra Willy Reyes, interpondrá un juicio de amparo para que un juez de distrito obligue a los diputados dictaminar sobre el caso.
También advirtió que si no resuelven el juicio, procederá contra los diputados integrantes de la Comisión Instructora, porque su omisión incurre en responsabilidades penales.
Bonilla Uribe dijo que los delitos por los que podrían ser sancionados los integrantes de la comisión son denegación de la justicia, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la procuración de justicia.
A pregunta sobre los escasos días que quedan para que concluya el periodo de los actuales diputados, Xavier Olea dijo que los integrantes de la Comisión Instructora tienen que resolver y sólo en caso de que esté a favor del desafuero sería necesario que se sometiera al pleno del Congreso local.
Rechazó la posibilidad de que los diputados estén retrasando deliberadamente el dictamen, con el objetivo de que sea la siguiente legislatura la que resuelva el caso; Olea Peláez dijo que sería una irresponsabilidad si estuvieran en ese supuesto los diputados, porque los electos que asumirán el cargo el próximo 13 de septiembre no pueden dictaminar sobre un caso que no conocen. “Sería absurdo, no tienen conocimiento de los hechos, son nuevos”, finalizó.