En el caso Ayotzinapa el gobierno fomenta el odio y divide a la sociedad, reprochan en foro

Mariana Labastida

Con una asistencia de sólo 70 personas se realizó ayer en Acapulco la jornada de Diálogos por la Paz y la Convivencia.
Entre las propuestas se plantearon leyes para la atención de las víctimas, el rescate de espacios públicos y contralorías ciudadanas para vigilar las acciones de los diferentes niveles de gobierno.
El coordinador de los Diálogos por la Paz, Javier Morlet Macho, dijo que lo principal es generar la participación ciudadana, para construir puentes que se conviertan en una agenda común ante la realidad de la violencia, y con ello generar redes ciudadanas para darle seguimiento a los acuerdos.
Las cuatro mesas programadas se redujeron a dos por la escasa cantidad de asistentes, en donde solamente dos participantes denunciaron hechos de violencia, que los organizadores mantuvieron en el anonimato para los medios.
En la inauguración del evento, Morlet Macho resaltó que los ciudadanos “estamos dolidos, agraviados como sociedad por las múltiples violencias”, y lo natural es que estén “enojados, tristes, indignados, temerosos”.
Dijo que la jornada era para compartir, escuchar y “darnos cuenta que no estamos solos”, además de contribuir con propuestas y experiencias para ir generando “tranquilidad, paz, serenidad, justicia, trabajo, seguridad humana, respeto a la dignidad de la persona, legalidad, en suma un Acapulco en paz”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Juan Alarcón Hernández, quien sólo estuvo una parte de la actividad, resaltó la importancia de ese tipo de eventos para conocer las propuestas ciudadanas.
Al final sólo en la mesa de “educación y cultura para la paz, juventud, recuperación del tejido social y paz” se estableció un programa de seguimiento a las propuestas que quedaron englobadas en tres: recuperación de espacios públicos y deporte, capacitación a capacitadores y centros de atención a la salud mental.
En la otra mesa, en la cual se trataron los temas de “fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la seguridad pública, procuración y administración de justicia, estrategias de reactivación económica y paz, derechos humanos y atención a las víctimas de la violencia, y combate a la trata de personas”, se especificaron seis áreas de análisis con las que se trabajará con la  mira en la reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero y las propuestas específicas que se le entregarán al final de los diálogos.
En esta segunda mesa, dos de los asistentes denunciaron hechos, uno en sentido de queja debido a que las autoridades no investigan las denuncias que ha hecho en cuento al robo de ganado y que considera importantes, ya que se ha incrementado; y otro de los participantes habló sobre agresiones por parte de la delincuencia organizada, misma que no se permitió a los medios de comunicación escuchar por los organizadores de la jornada.
En esta mesa, el presidente de Ciudadanía y Educación para la Paz en Acapulco, Carlos Juárez, planteó la postura de dicha organización en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, y resaltó que tenía más de 40 años que no se reprobó la actitud de “indignante radicalización” que han asumido sectores sociales, actores políticos y medios de comunicación en contra del movimiento estudiantil, “haciendo una defensa a ultranza del gobierno estatal, incluso del gobernador”.
Carlos Juárez dijo que aunque a veces los métodos utilizados por los estudiantes no son legales, no es “para circunstancia alguna para la ejecución de alguno de sus integrantes”, en relación con los dos jóvenes asesinados durante el desalojo violento, lo cual demuestra la “gran ausencia del gobierno estatal como principal procurador del orden y paz”, al grado de dividir la población en dos bandos.
Agregó que las expresiones de odio es resultado de la falta de interlocución del gobierno con los estudiantes, por lo que los empresarios y ciudadanía deberían exigir las acciones de estabilidad y paz, dijo el presidente de lo que anterior era “Guerrero hasta la Madre”.
Consideró inaceptable que “quienes convocan a foros y diálogos por la paz, días después asesinen estudiantes y los criminalicen, poniendo más esfuerzo en limpiar su imagen que en esclarecer los hechos”, por lo que propuso que se deben atender los orígenes de la violencia y poner el esfuerzo en los más vulnerables.
De esa misma organización, otro de los participantes habló sobre establecer un diálogo en cuanto a la aprobación del consumo de la mariguana como un producto comercial legal, para que se pague impuestos por la misma, e hizo un comparativo en relación a medicamentos y otras drogas legales que son más dañinas, según estudios, expuso.

Propone el religioso Jesús Mendoza Zaragoza la creación de una ley que atienda a afectados por la violencia

En el tema de la atención a víctimas, el padre Jesús Mendoza Zaragoza planteó la elaboración de una ley especial en la cual se plantee canalizar los recursos humanos, institucionales y económicos para atender puntual e integralmente las necesidades psicosociales y jurídicas de los afectados por la violencia, que se haga un protocolo especial, para que agrupaciones formales reciban los recursos del gobierno federal, el cual dijo también tiene que esclarecer cada uno de los crímenes y debe de ser obligado a buscar cada uno de los desaparecidos.
La regidora Eloína López Cano propuso la creación de  una defensoría para atender a las víctimas y también las raíces de todos los tipos de violencia “común, organizada y la violación a los derechos humanos”.
Rafael Espinosa Manzo, de Guerrero hasta la Madre, convocó a los asistentes a pasar de un movimiento de víctimas a ser un movimiento de agraviados, y llamó a todos a asumir una postura de valor; exigió la presentación de Eva Alarcón y Marcial Bautista, a los cuales dijo “queremos ver nuevamente marchar”.
Otro de los participantes, Carlos Zubillaga, resaltó que a las víctimas de la violencia los une la fe y esperanza; resaltó que se tienen los instrumentos legales para la conformación de grupos de ciudadanos para darle seguimiento a lo que hacen las autoridades, como son la contraloría ciudadana, para que se verifique el subejercicio de los gobiernos.
Reprochó que según las estadísticas, de los 500 mil detenidos en el sexenio del presidente Felipe Calderón, 450 mil han sido liberados por la mala integración de los expedientes al detenerlos.
En el tema de rendición de cuentas se propuso la creación de una contraloría social.
Previó a la participación ciudadana, especialistas en cada uno de los temas habló en relación a los puntos en que se requiere trabajar; en el caso de la mesa de educación, el fundador de Don Bosco y el Instituto por la Paz de Cuernavaca, Antonio Sandoval, expuso la importancia de tratar la agresión a los estudiantes, ya que consideró que lo actualmente llamado bullyng es el primer indicio de violencia.
El integrante de la asociación civil Comunicación para el Desarrollo Comunitario, Marcos Méndez Lara, resaltó que se requiere que los actores gubernamentales den información real del trabajo que se está haciendo, misma que se maneja con “simulación y cifras maquilladas” porque no hay ciudadanos que vigilen lo que están haciendo, para que se hagan mejor las cosas.
Dijo que no hay participación ciudadana por el miedo, que es parte de los objetivos del foro, que los ciudadanos se atrevan a participar e incidir en la información que se dé a conocer por parte de las autoridades, además de la idea paternalista y el asistencialismo de los programas gubernamentales, “no ser dependientes de lo que diga el gobierno”.
En el caso de atención a víctimas, la integrante de la comisión de atención a víctimas en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Patricia Conchero Aragunes, resaltó que desde que se está aplicando la estrategia militar del gobierno federal se ha incrementado la violencia, no igualada con años anteriores, además de que existen entre cuatro y cinco víctimas indirectas por cada caso de violencia directa, lo que a provocado que todos seamos afectados.
Indicó que a nivel nacional se tienen registrados 700 víctimas, y en Guerrero se presenta el mismo fenómeno que en todo el país, donde los afectados no están teniendo justicia, las autoridades ministeriales no las tratan con dignidad, las investigaciones se hacen sin ninguna seriedad y en el caso de los desaparecidos no hay un banco de datos, por lo que no se puede dar un seguimiento.
Patricia Conchero dijo que en el caso de los desaparecidos, están dando atención a las hijas de Eva Alarcón y Marcial Bautista; sin embargo dijo que el problema con las autoridades es que maneja a las personas desaparecidas como extraviadas, por lo que “estamos viendo que no están queriendo dar solución a esta gran emergencia”.
Consideró que los ciudadanos deben estar muy vigilantes a lo que realicen las autoridades, y sobre todo que las propuestas que generen los diálogos por la paz se presenten al gobernador para que éste dé respuestas claras a las mismas.