Llama el Cecop a Aguirre a firmar los acuerdos contra La Parota el 11 de marzo

Mariana Labastida

Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) convocaron al gobernador Ángel Aguirre Rivero a acudir el próximo 11 de marzo a la comunidad de Aguacaliente para firmar los Acuerdos de Cacahuatapec.
La petición la hicieron los opositores luego de que del gobierno del estado les informó que se firmaría el documento el 31 de enero en la Casa Diocesana, pero no aceptaron “porque son patadas de ahogado para ganar simpatías después del desalojo violento de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el que murieron dos jóvenes”, consideró el vocero Marco Antonio Suástegui Muñoz.
En conferencia de prensa después de la asamblea dominical en la comunidad de Aguacaliente, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Suástegui Muñoz precisó que su única petición es la cancelación del proyecto de de la presa La Parota, que no quieren recursos ni proyectos productivos ni más presupuesto para las comunidades.
“Emplazamos al gobernador para que el día 11 de marzo del 2011 se firmen los acuerdos del 7 de mayo del año pasado, los cuales se comprometió a analizar y dar una respuesta inmediata sin que hasta la fecha la tengamos”, se quejó el opositor.
Expuso que después de que el domingo 22 de enero se acordó que emplazarían al gobernador para que firmara los acuerdos, al siguiente día les llamaron del gobierno del estado para informarles que se firmarían en la Casa Diocesana el 31 de enero, lo cual no aceptaron los comuneros y pospusieron el 11 de marzo, con el objetivo de informar a todas las comunidades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
El 7 de mayo de 2011, el gobernador visitó la comunidad de Aguacaliente donde los comuneros opositores le solicitaron su firma en los Acuerdos de Cacahuatepec, en los cuales piden la cancelación de la presa La Parota, a lo que Aguirre Rivero respondió que lo analizaría y posteriormente les daría su respuesta; en dos ocasiones posteriores les dijeron a los integrantes del Cecop que se hacía adecuaciones solicitadas por la iglesia, misma que había fungido como mediador en las pláticas previas a la visita.
Pero hasta diciembre nuevamente los opositores tuvieron comunicación con autoridades estatales, el día del desalojo violento de los estudiantes de Ayotzinapa, y les informaron que al siguiente día el gobernador firmaría los acuerdos pero los comuneros se negaron.
Suástegui Muñoz consideró que dicho ofrecimiento es una acción desesperada de Aguirre Rivero “a lo mejor” para ganar simpatías antes de la marcha que realizarán los normalistas el próximo 2 de febrero, en la que participarán los del Cecop y con los que mostraron solidaridad en la exigencia de que se esclarezcan los hechos y se castigue a los que “ordenaron y perpetraron las ejecuciones extrajudiciales”.
“Que se meta a la cárcel a los que ejecutaron y a los que ordenaron, quien más la pudo a ver dado más que las cabezas en este caso el gobierno del estado”, señaló.
“El Cecop no respalda al gobernador, sino a la exigencia de que se haga justicia en este caso”, aseguró Suástegui Muñoz en referencia al asesinato de los dos estudiantes de la normal rural, por lo que dijo que no aceptaron la firma de los acuerdos en las condiciones que les impusieron.
El vocero agregó que los integrantes del Cecoo están en contra de la criminalización de la lucha social y hacen responsable al gobernador de cualquier atentado contra los integrantes después de la firma de los acuerdos.
Precisó que esperan que la firma de los acuerdos coincida con el dictamen, a favor del Cecop, del Tribunal Colegiado de Circuito en donde se lleva la impugnación de la asamblea del 28 de abril de 2010, en la que supuestamente los comuneros aprobaron las expropiación de más de mil 800 hectáreas par la construcción de la presa.
Asimismo se pedirá que en los Acuerdos de Cacahuatepec se agregue el respaldo legal que otorgó el Tribunal unitario Agrario al juicio de nulidad de la asamblea del 28 de abril en La Concepción.
Suástegui Muñoz indicó que la firma de los acuerdos no significa que haya terminado su lucha, sino que es el inicio junto con los elementos jurídicos, sociales y ambientales para debatir sobre el proyecto en la Cámara de Diputados y Senadores, y finalmente con el presidente de la república, Felipe Calderón Hinojosa, quien tiene ingerencia e la cancelación definitiva del proyecto.
“La lucha de nosotros no termina con la firma del gobernador, es una paso para llegar al presidente de la república quien al final es el facultado para cancelar la presa, que no se confunda, nosotros queremos que firme los compromisos que hizo aquí”, indicó.